Por Diego Sztulwark, para Lobo suelto
En
medio de la preocupación por la amenaza de cumplimiento del desalojo
de la toma de Guernica, el filósofo Diego Sztulwark surgió la
posibilidad de entrevistar a Mariano
Pacheco y Neka Jara. El texto completo con ambas intervenciones fue
publicado en el Blog Lobo Suelto! Comenta Sztulwark en la
presnetación: “Ambos compañerxs de larguísima y reconocida
trayectoria militante en las organizaciones sociales y populares
autónomas fueron parte activa de la Coordinadora de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón y hoy forman parte de experiencias de
autoinstitución popular que, en medio de la pandemia, combinan
cuidados colectivos y lucha social. La propuesta fue que cada uno
respondiera por su cuenta y con sus compañerxs más cercanos tres
preguntas comunes: Neka, ofreciendo un punto de vista territorial
feminista como militante de Las
comarqueñas
y Mariano
como
parte del Instituto
Generosa Frattasi,
perteneciente al movimiento gremial de los trabajadores precarios”.
Reproducimos a continuación las respuestas de nuestro director y al
final compartimos el link a la versión completa de la nota, donde se
incluyen las respuestas de ambos publicadas originalmente*.
La
primera pregunta que les quiero formular es la siguiente: cómo ven,
cada uno desde su inserción actual, la evolución de la
conflictividad social. En particular les pregunto en cómo se crea
organización popular en la pandemia.
Creo
que la pandemia del COVID 19 puso al mundo en una situación por
demás compleja, y a los Estados nacionales –más allá de las
limitaciones de maniobras que puedan tener en el marco del Nuevo
Orden Mundial Neoliberal (fase actual del capitalismo)- ante el
desafío de posicionar una política de salud determinada, de la mano
del abordaje económico y social frente a la crisis. Esta situación
debe ser analizada al calor del proceso corto de los últimos cuatro
años; del mediano, que se abre diciembre de 2001, y del largo de la
posdictadura. Es decir que hace falta dar cuenta del proceso más
general, teniendo en cuenta las limitaciones que en Latinoamérica
mostraron tanto las gestiones progresistas del Estado como las luchas
sociales desde abajo que no se plantearon una estrategia de poder. A
todo esto hay que sumar el frente que venció electoralmente al
partido neoliberal, es excesivamente heterogéneo. El Frente de Todos
está compuesto tanto por las organizaciones populares con mayor
capacidad de movilización y presencia territorial nacional, como por
las corrientes progresistas que gobernaron la Argentina durante tres
mandatos consecutivos (y dejaron al país en las condiciones en la
que lo dejaron en 2015), y también por sectores peronistas que
tranquilamente en otra coyuntura podrían haber integrado el bloque
de fuerzas neoliberales. Fuerzas
que no han sido derrotadas sino que permanecen agazapadas o mas bien
al acecho, con presencia parlamentaria, control de medios hegemónicos
de comunicación y con cierta capacidad de movilización. El gobierno
actual es más un gobierno de transición que un gobierno popular.
Formo parte del conjunto de militancias que hemos decidido apoyarlo,
a pesar de todo, pero no confundimos deseo con realidad.
En
este marco, nos interesa sobre todo prestar atención a la estrategia
general esbozada por el bloque de fuerzas sociales más dinámico de
los últimos años: la Economía Popular, que incluye en su interior
lógicas emprendedoristas (típicamente neoliberales), pero también,
la conformación de un sujeto político (lo que llamo “El
Precariado en Acción”) capaz de hacer ese pasaje de movimientos
sociales (más económico-reivindicativos) a Movimientos Populares
(organización social+estrategia y programa político), que
permitieron esbozar un alto grado de recomposición de fuerzas, y
asumir una dinámica de transversalidad a partir de la cual se
incorporaron e hicieron carne otros planteos presentes en la agenda
política nacional (sobre todo de los feminismos, a través de la
conformación de un feminismo popular, pero también, de un cierto
ecologismo popular y un sindicalismo territorial que interpela al
sector de trabajadorxs asalariados). Ese bloque de fuerzas sociales,
decía, tuvo una estrategia general muy clara: conformar el sindicato
del precariado (la UTEP), priorizando en los hechos esa unidad tan
declamada pero poco practicada por otros sectores, y acompañar –en
el plano táctico– la fórmula Fernández-Fernández, sin perder
autonomía en el planteo político, entendiendo que un triunfo de
Juntos por el Cambio situaba a los Movimientos populares ante un
escenario de franco retroceso político, y a los sectores populares
ante un tremendo futuro de indigencia económica y social.
En
el contexto de la pandemia se lanza el Ingreso Federal de Emergencia
(IFE), que pone ante los ojos de la “clase política” –por el
elevado número de inscriptos– aquello que los Movimientos
Populares ya venían anunciando desde hacía tiempo: que hoy la clase
que vive del trabajo está partida en dos, y que casi la mitad de sus
integrantes no permanecen bajo relación salarial sino que se
“inventan” un trabajo en los marcos de la economía popular (sin
derechos). El IFE permitió además acelerar el proceso de
lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía
Popular (RENATEP), contemplado en la Ley de Emergencia Social
conquistada durante el macrismo (y subrayo “conquistada” porque
aún existen cuestionamientos al modo de acción de los Movimientos
populares, con argumentos francamente canallas por parte de ciertos
progresismos que se dedicaron en muchos casos a bastardear esas
luchas desde el sillón de sus casas, en las que permanecieron
mirando la televisión, entremezclando momentos de depresión con
momentos de euforia ultraizquierdista por redes sociales). El RENATEP
será la base sobre la cual pensar, con datos reales en mano, una
salida popular para la pospandemia, que no sea un simple retorno a la
injusta normalidad.
Luego
de cuatro años de gobierno de Macri, la derecha más reaccionaria se
propone debilitar al gobierno actual: ¿cómo juega la consideración
de esta coyuntura política en las luchas del presente?
En
primer lugar, diría que no estamos ante un proceso ascendente de la
lucha de masas, sino estamos atravesando una cuarentena, que
mayormente se respeta, sobre todo en los sectores populares. La
circulación es más bien restringida al barrio, se utiliza el
transporte público por trabajo más que por recreación y se circula
en la vía pública por el mismo motivo. Las expresiones
anticuarentena son minoritarias, aunque profundamente amplificadas
por los medios hegemónicos de comunicación. Sí hubo en estos meses
movilizaciones puntuales, la más ejemplar, las ocupaciones de
tierras para construir viviendas, pero cabe destacar que hoy la
principal lucha de los Movimientos populares pasa por registros más
imperceptibles, ligados a las tareas de organización territorial, a
las prácticas comunitarias. Esas tareas la llevan adelante
organizaciones que, mayormente, han asumido la estrategia de
acompañar a este gobierno. Es que, además del escenario político
están esos microfascismos que circulan socialmente, que ganan
terreno incluso entre los sectores populares, y que contribuyen a que
sectores supuestamente progresistas tengan corrimientos cada vez más
hacia la derecha (corrimiento que explica la línea de seguridad de
la gestión Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con un ministro
como Sergio Berni).
Creo
que, ante ese escenario, están muy bien las posiciones que vienen
sosteniendo algunos agrupamientos, como el Movimiento Evita,
Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, las
organizaciones que componen el Frente Patria Grande (Vamos, el
Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán,
entre otros), o sectores del sindicalismo como el “Degenarismo”
en la CTA, que con matices entre sí, integran este gobierno a través
de militancias en algunas funciones estatales, lo apoyan
políticamente asumiendo que es el único que puede en estos momentos
sostener la situación sin perjudicar aún más a los sectores
populares, pero a diferencia de lo que sucedió durante los años de
“orden y progresismo” kirchnerista (como dice el periodista
Martín Rodríguez), no tienen “obediencia debida”. Me gusta esa
consigna que sostiene que, ante una lucha de los de abajo, incluso
frente a un Estado que se integra en algunas de sus funciones de
gobierno, la posición debe ser estar “junto a las y los últimos
de la fila”.
Se
escuchan voces que dentro, pero sobre todo fuera del gobierno hablan
de enfrentar al conflicto social “aplicando la ley” como sinónimo
de defender, de la manera que fuera, la propiedad. ¿Cómo se ve esto
desde la lucha por la tierra?
Aunque
no me encuentro participando ahora de ninguna experiencia de lucha
por la tierra y la vivienda, conozco muy bien esas experiencias, y
desde me interesa destacar ante todo la importancia de estas luchas
que ponen en el centro la resolución del lugar donde se va a vivir.
Son es en sí mismas una escuela política, de organización popular.
Se trata de luchas que como decía Evita ponen de manifiesto
necesidades, es decir, derechos. Y no menos importante, hay que saber
que estos procesos implican una fuerte intemperie: suponen desamparo
y miedo ante una posible represión. Mas allá del romanticismo que
surge de las redes sociales, se trata de procesos muy duros. Si bien
ocupar una tierra está fuera de la ley, ¿es posible censurar las
tomas de predios cuando la necesidad no tiene otra forma de ser
resuelta? ¡No! El problema es de las propias leyes, que expresan el
triunfo de una clase (de hecho, en momentos de avance popular, como
en la Argentina de 1949, o en los más recientes procesos de Bolivia
y Venezuela, cuando las luchas populares avanzaron, las
Constituciones fueron modificadas). Es importante tener en cuenta ese
dato, y las operaciones que la derecha (que está afuera y adentro
del gobierno) realiza contra la gestión actual del Frente de Todos.
Porque el riesgo es caer en un ultraizquierdismo discursivo que
descuida procesos y relaciones de fuerzas. No tiene sentido pedirle a
un funcionario del Estado que salga y declare estar a favor de las
ocupaciones de tierras, porque al otro día se desatan una serie de
tomas que ponen en jaque su propia gestión. Pero sí tiene sentido
pedirle que no judicialice los reclamos, que priorice de las leyes
sus costados garantistas y que asuma políticas de inclusión social
y no de represión. Ve
una diferencia entre una perspectiva progresista, que cree en un
Estado que le garantice soluciones, y un punto de vista popular, que
entiende que lo principal del proceso es la construcción de un
sujeto de cambio es la organización popular. Por eso: no alcanza con
no reprimir y asegurar un presupuesto para viviendas. Hace falta
involucrar a los sujetos populares en la elaboración de políticas
públicas que además de darle una vivienda a cada familia, permita
que la organización popular crezca, se fortalezca. De
allí que el “Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y
la Producción”, presentado en mayo de este año (aun antes de la
ocupación de Guernica), entre otros, por la UTEP, la CTA Autónoma y
sectores de la CGT, contenga entre sus puntos el de “Acceso a la
vivienda digna y la planificación territorial”, que contempla una
Ley de alquileres donde se ajusten los precios de acuerdo a un índice
estatal, se urbanicen los barrios populares existentes (unos 4.500 en
todo el país) y se generen por lo menos 200.000 nuevos lotes con
servicios para las jóvenes familias trabajadoras.
*
Texto publicado originalmente en Lobo
suelto
junto con las respuestas de Neka Jara:
http://lobosuelto.com/pandemia-y-conflicto-social-feminismo-precariado-nekajara-pachecosztulwark/
