Córdoba: Barrio Nueva Esperanza

Abogados presentaron una denuncia penal

y solicitaron un Habeas Corpus colectivo preventivo

Por Mariano Pacheco

(@PachecoenMarcha,

diario El Argentino)

Los vecinos del barrio Nueva Esperanza que fueron reprimidos el sábado a al madrugada, presentaron hoy una denuncia penal en los tribunales provinciales. También solicitaron que se haga lugar a un Habeas Corpus colectivo preventivo en beneficio de los socios de la cooperativa que integran.

  

Encabezados por el abogado referente en derechos humanos, Claudio Orosz, y algunos de sus colegas que integran la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, los vecinos del barrio Nueva Esperanza que fueron reprimidos el sábado por la madrugada, presentaron hoy por la mañana dos escritos judiciales en el edificio de Tribunales II. El caso recayó en la Fiscalía de Instrucción del distrito I Turno 3, a cargo del fiscal José Mana.

En diálogo con el Portal de Noticias Cba24n, Lucas Bruno -abogado de “la Campaña…”- aseguró que denunciaron penalmente a los participantes de los hechos del sábado por “represión y abuso policial”. También se presentó un Habeas Corpus colectivo preventivo en beneficio de los socios de la Cooperativa Nueva Esperanza. Este recurso persigue la finalidad de que se ordene el cese de las actuaciones arbitrarias de la Policía de Córdoba en sus procedimientos.

Claudio Orosz, por su parte, aseguró que “ninguna persona, esté en la situación en la que esté, sea en estos terrenos fiscales, e incluso si fueran terrenos privados, puede ser amenazada y desalojada por el acometimiento físico produciendo lesiones, disparos y quemas, sin una orden judicial”. Orosz también apuntó contra el “sistema de control social” que busca “estigmatizar, criminalizar y controlar a los sectores más pobres de la sociedad”.

Mano negra

Organizados desde 2013 en la cooperativa, los pobladores del asentamiento situado en la zona noreste de la ciudad están ubicados en un predio contiguo al Country San Isidro y colindante además con un complejo de torres de la empresa constructora GAMA. De allí que los vecinos vinculen la agresión del fin de semana con los intereses de los desarrollistas urbanos. Con estos antecedentes, los vecinos apuntan que el sorpresivo y violento desalojo del viernes por la noche responde a un negociado entre comisarios zonales y la empresa desarrollista GAMA. Según declaró a la prensa Ariel Murúa, uno de los referentes de los vecinos, hay algo oscuro en todo l que ha pasado. “Por boca de los policías, los comisarios están recibiendo un dinero, un arreglo con GAMA”, aseveró.

Los vecinos no cuentan con servicios básicos como agua y luz regular o recolección de basura, reivindicaciones que han solicitado a la Municipalidad de Córdoba en reiteradas oportunidades, hasta el momento sin respuestas. Desde hace cuatro años, unas 400 familias permanecen allí, y no es la primera vez que denuncian haber padecido agresiones y aprietes, tanto de los empresarios como de la policía. Otro aspecto que resultó llamativo para los pobladores, es que la represión se haya producido junto cuando se encontraban en medio de un diálogo con el gobierno provincial, en la búsqueda por llegar a un acuerdo para comprar las tierras. Incluso en dos semanas tenían programada una nueva reunión con las autoridades.

Hoy por la tarde los vecinos realizarán una asamblea en el lugar, para definir los pasos a seguir.

Contrapunto entre los jefes policiales

y los abogados de derechos humanos

“Estamos siguiendo orden de la fiscalía, es sobre un terreno al lado del asentamiento, donde tenemos orden judicial de no innovar, desde fines de diciembre de 2013”. Con estas palabras, el comisario mayor Jorge Gómez desató la polémica. Anoche, el funcionario policial aseguró ante Canal 10 que desde el 30 de octubre hay un servicio prevencional en el lugar, ordenado por la Justicia para no dejar ingresar ni salir a nadie, tal como lo habilita la orden de no innovar. También señaló que el pasado 7 de noviembre, el fiscal Aragón llegó hasta el lugar y ordenó desalojar a 50 personas que habrían querido ocupar parte de este terreno. “La Policía no hizo ningún tipo de disparos”, aseveró Gómez, contradiciendo el testimonio de las víctimas del episodio represivo, minimizando la represión policial denunciada por los vecinos, movimientos sociales, agrupaciones políticas y organismos de derechos humanos. “Lo único que se le pidió a la gente es que dejaran el lugar”, remató el comisario.

Tras dichas afirmaciones, Claudio Orosz reiteró que no les consta que haya existido una orden judicial. El abogado aseguró en declaraciones radiales que, de todos modos, aun existiendo una denuncia penal por usurpación, los desalojos sólo se pueden producir si el fiscal decide hacer cesar los efectos del delito, para lo cual debe pedirle a un juez de control que libre una orden judicial. “Se trata que las personas acepten la orden judicial; y el uso de la fuerza, como en toda democracia y en todo país racional, es lo último que se usa. Pero acá, ni siquiera existe una orden de un juez de control, ni pedido de un fiscal, ni orden de desalojo”, insistió el letrado. “Salvo en casos gravísimos”, remarcó Orosz, no pueden realizarse desalojos por la noche. “Estamos ante un procedimiento que la Policía decidió hacer por sí, sin orden de un juez y sin el pedido de una fiscalía. Esto se llama normalmente: un abuso policial”, concluyó Orosz.