La movilización de repudio se topó con un vallado
que blindó la Unicameral por horas*
Con la ausencia del
PRO y el voto en contra de los dos bloques unipersonales de la izquierda, el
oficialismo de Unión por Córdoba aprobó ayer en la Legislatura el Nuevo Código
de Convivencia provincial, que suplantará al Código de Faltas, repudiado por
20.000 personas hace semanas, durante la 9° Marcha de la Gorra. Apoyos del
kirchnerismo, los radicales y una fuerte presencia policial acompañaron la
jornada de ayer.
Por Mariano Pacheco
Con un gigantesco
operativo policial afuera, que incluyó un camión autobomba y la presencia de
personal de Bomberos, la Unicameral aprobó ayer, en la sesión número 41 del 137
período legislativo, el denominado “Nuevo Código de Convivencia” provincial,
que suplantará al cuestionado Código de Faltas.
La iniciativa del
oficialismo contó con el apoyo del resto de los bloques, con excepción del
MST-Nueva Izquierda y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Unión
por Córdoba (UPC) logró de este modo cerrar un proceso de de intensos debates
parlamentarios, que incluyó audiencias públicas donde la sociedad civil expresó
su disconformidad, y dejar aprobado así al nuevo gobernador Juan Schiaretti un
proyecto que fue criticado y repudiado por distintos sectores sociales y
políticos, quienes ayer se movilizaron por el centro de la ciudad, y arribaron
hasta la intersección de las calles Vélez Sarsfield y Dean Funes, donde un
vallado policial impidió el paso de los manifestantes.
El palacio
El presidente del
bloque de UPC, Sergio Busso, destacó el trabajo conjunto realizado por el
oficialismo y la oposición y valoró los cambios aportados por el socialista
Roberto Birri, quien caracterizó al nuevo código como un avance, que “le quita
el poder de juzgamiento a la Policía”, y aporta a todos los contraventores,
desde el primer momento del procedimiento, que tengan un abogado defensor. Para
Birri, se va a restringir así, severamente, una de las principales herramientas
del abuso policial, que es la detención preventiva, que pasará de un máximo de
48 horas a 8 horas. Si bien sostuvo que el nuevo código “no es lo ideal”,
aseguró que hoy, “es lo posible”. Liliana Montero, ex jefa de la bancada del
Frente Cívico, actualmente reelecta legisladora por el Frente para la Victoria,
rescató el trabajo realizado “junto a distintos sectores sociales, políticos,
académicos y territoriales para lograr un instrumento que si bien no es
el ideal, va a impedir que 70.000 jóvenes sean detenidos arbitrariamente y,
al mismo tiempo, contemple que aquel que cometa faltas será sancionado”.
Desde la izquierda votaron
en contra del proyecto y participaron de la movilización. Tanto Laura Vilches,
del FIT, como Luciana Echeverría (dirigente del MST que asumió como legisladora
el 21 de octubre pasado, ocupando la banca de Marta Juárez, tras su
fallecimiento el día 13 del mismo mes), que el reclamo social que se viene
expresando es por la derogación del Código de Faltas (ambos bloques presentaron
proyectos legislativos en ese sentido), y no por su modificación. “Las
modificaciones son cosméticas y demagógicas”, apuntó Vilches, quien señaló
además que tanto De la Sota como Schiaretti necesitan “una juventud
estigmatizada para dividirla del resto de los sectores populares que
seguramente nos encontraremos en las calles luchando por nuestros derechos
frente al ajuste que se viene”. Echeverría, por su parte, argumentó que el
nuevo proyecto sigue siendo “discriminatorio, represivo y, además,
inconstitucional” y aclaró que, si bien se “saca a la policía del medio”, no se
pone en discusión a una institución que “está fuertemente cuestionada”.
La calle
Con la consigna “Ni
Código de Faltas ni Código de Convivencia: Basta de Estado Policial”, numerosas
organizaciones sociales y políticas marcharon ayer desde el cruce de Colón y
General Paz hasta las inmediaciones de la Legislatura. El Frente Organizado
Contra el Código de Faltas (FOCCOF), la Coordinadora Antirepresiva, La Poderosa
y el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos fueron algunos de los grupos
presentes. Además estuvieron el MST, el Partido Obrero, Izquierda Socialista y
el PTS. Se movilizaron también el Encuentro de Organizaciones, el Movimiento Popular
Patria Grande, Izquierda Revolucionaria y otras expresiones de izquierda. “El
Flaco” del FOCCOF aseguró ante este cronista que el nuevo código seguirá siendo
una “herramienta de control social” y destacó el hecho de que este año, a
diferencia del anterior, no se hayan realizado en la Legislatura audiencias
públicas, y que pasadas las elecciones distintos legisladores que no quisieron
“quemarse” durante la campaña electoral, haya dado el “visto bueno” al proyecto
oficialista.
“El Código de
Convivencia propuesto mantiene el carácter antipopular con el que fue concebido
el código vigente. La reforma criminaliza las herramientas de lucha que nos
damos día a día quienes luchamos por más salario, por acceso a la tierra y
condiciones de vida digna. Cercena el derecho a huelga para aquellxs
trabajadorxs que garantizan servicios esenciales como salud, educación y
transporte. Convierte en contravención algunos legítimos métodos de lucha y
reclamo popular”, apuntaron desde la organización de la protesta. Para Sergio Job,
abogado de la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza y referente
del Encuentro de Organizaciones, en términos generales, la iniciativa del
oficialismo “fortalece el estado policial” que se vive en la provincia.
Apoyo crítico
Si bien no firmaron
el documento, compartieron la protesta algunas expresiones del kirchnerismo,
como el Movimiento Universitario La Bisagra y la Juventud de Nuevo Encuentro
(NE). En diálogo con este medio, Lucía Galara (NE), subrayó el hecho de que,
con el nuevo código, seguirá sucediendo que muchos jóvenes no puedan ir a
trabajar o a estudiar porque se los detiene al salir de los barrios en los que
viven. “Es una modificación cosmética que no toca la matriz represiva del
anterior código”, subrayó la joven militante, quien aseguró que si bien habrá
mejoras respecto de las condiciones de detención, no se pone el foco en cómo
evitar que haya la cantidad de arrestos que comete la policía a diario, sobre
todo de aquellos jóvenes de los sectores populares. Faustina Ramírez, de La
Bisagra, por su parte, aclaró que si bien no firmaron el documento de los
organizadores de la marcha y vienen trabajando un modelo contravencional
alternativo, se movilizaron porque consideran que el nuevo código sigue
conteniendo figuras anticonstitucionales que “estigmatizan, persiguen y
reprimen a los sectores populares”. Aunque caracterizó que el nuevo código
puede permitir mayor control de las organizaciones sociales y de derechos
humanos sobre las detenciones arbitrarias, consideró que el Código de Faltas
“es un emblema de las macropolíticas de seguridad de una provincia regida por
un Estado policial”.
El Nuevo Código de
Convivencia, que suplantará al Código de Faltas, entrará en vigencia desde el 1
de abril de 2016.
*Nota publicada en el Portal de Noticias Marcha el 3 de diciembre de 2015.
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