Derechos Humanos y Justicia Social en la Era Macri

Un nuevo aniversario del Día de los DD-HH y un año de Gestión Pro*

Por Mariano Pacheco

Cada 10 de diciembre se conmemora en el mundo el Día de los Derechos Humanos. Este sábado, en Argentina, el aniversario coincide con el del primero de la gestión Pro.

Este nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos coincide en nuestro país con el primer  año de gobierno del Ingeniero Mauricio Macri. En estos casi 70 años que han transcurrido desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, su celebración o conmemoración, ha cobrado diferentes significados de acuerdo al contexto. Porque como todo hecho político, también las celebraciones/conmemoraciones no se realizan en el vacío, sino en un contexto histórico determinado.

Terror

A juicio de este cronista, el fuerte de la lucha en defensa de los derechos humanos en Argentina cobró un relieve particular tras del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando los secuestros-torturas-asesinatos pasaron a ser el eje de la política oficial. No es, como tantos investigadores en el tema lo han señalado ya, que antes de esa fecha no existieran violaciones a los derechos humanos, incluso secuestros-torturas-asesinatos perpetrados por el Estado (o grupos para-estatales), pero desde entonces la desaparición se tornó modalidad oficial del Estado (terrorista). Antes, durante las décadas del 60 y del 70, la tarea de denuncia estaba sobre todo centrada en los abogados, que muchas veces formaban parte de las estructuras sindicales, y se dedicaban a defender presos gremiales y políticos, exigir su liberación y prevenir o denunciar casos de torturas, que en nuestro país existen en las comisarías desde la década del 30, cuando el jefe de policía durante la dictadura de José Félix Uriburu, Polo Lugones, la introdujo como método de vejación de los detenidos (paradójicamente su hija, la militante Susana “Pirií” Lugones, fue salvajemente torturada con picana eléctrica por los Grupos de Tareas del Proceso de Reorganización Nacional). Pero hasta entonces, los casos de desaparición de personas por razones políticas fueron eventuales (muy específicos y puntuales), como el del joven militante peronista Felipe Vallese, activista de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), secuestrado en 1962 y cuyo cuerpo aún permanece desaparecido.

Antes de 1976, entonces, existieron organismos de Derechos Humanos, pero esa lucha, tal como la entendemos hoy, se configuró en la Argentina durante aquellos años de terror, cuando surgieron las Madres de Plaza de Mayo y se convirtieron en emblema de aquello que se sabía pero no se decía, no se asumía. De allí lo subversivo de la consigna “Aparición con vida y castigo a los culpables”.

Huellas del Terror

La post-dictadura tendrá a los organismos como eje central de su política, primero (entre 1983 y 1996) subsumida bajo el horizonte de la Teoría de los Dos Demonios y luego (sobre todo tras las jornadas de diciembre de 2001), como retaguardia estratégica de las más elementales garantías democráticas del movimiento popular.

Se sabe, el de 1996-2001 fue un período  clave para esta luchas, porque en ese proceso surgió la agrupación HIJOS, las movilizaciones del 24 de marzo se hicieron nuevamente masivas y emergió toda una producción historiográfica, cinematográfica, periodística y artística que recuperó las identidades y proyectos de los desaparecidos, sus militancias, incluso en organizaciones revolucionarias armadas. Y las jornadas de diciembre de 2001 --otra vez con las Madres de Plazo de Mayo como elemento central- fueron quienes pusieron pusieron fin al terror dictatorial que reinaba en el inconsciente colectivo de este suelo que, cariñosamente, algunos denominamos patria.

La última década y media, asesinatos del “Argentinazo” y de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán mediante, marcaron la barrera última que la sociedad argentina --al menos en sus franjas mayoritarias-- estaba dispuesta a tolerar en términos de represión abierta como modalidad de Estado. Es cierto, entre 2003 y 2015 hubo muchísimas violaciones a los derechos humanos, sobre todo en cuestiones “sociales” (las cárceles son el rostro despiadado de esto que venimos diciendo), pero respecto de las protestas y manifestaciones políticas, al menos desde la cima del Estado nacional, fueron asumidas desde otra perspectiva. El eco de esos discursos en los territorios provinciales por fuera de Buenos Aires no siempre fueron del todo fructífero y militantes sociales y políticos continuaron siendo asesinados, sea por manos de fuerzas del Estado, como el docente Carlos Fuertealba en Neuquén, o por mafias de otros poderes emergidos en la reconfiguración neoliberal del país, como la las patotas de la burocracia sindical que se cobraron la vida del estudiante Mariano Ferreyra en Buenos Aires. De eso no hay dudas, pero --insiste este cronista, al menos desde su óptica-- no puede negarse que hubo determinados gestos de Estado que pusieron una barrera a las pulsiones fascistas que, de un modo o de otro, nunca dejaron de estar, también, presentes en núcleos de nuestra sociedad.

El último año, con la toma del poder del gobierno por parte de los Ceos la situación de los derechos humanos ha empeorado notablemente.

ProCeos y AntiPiquetes

El primer año macrista ha sido un año poblado por globos amarillos. La inflación no se redujo, las inversiones no llegaron y la economía no se reactivó. A promesas incumplidas, diez, más que ocho (aunque Macri seguro pensó en “el culo te abrocho”). La destrucción el empleo, que desde principios de año impulsó el Ministerio de Modernización en el ámbito público, rápidamente se extendió al privado y hoy llega a cifras récords: 6.145.821 despidos sólo en el sector privado. Cuesta creer que esta embestida en los derechos laborales y sociales de las y los argentinos no sea calificada como una clara violación a los derechos humanos. Pero así y todo, no nos concentramos en estas líneas en dar cuenta de los elementos que hacen a una falta de justicia social, pero no podían dejar de ser mencionados como parte integral de la estrategia del gobierno de los Ceos.

Que Mauricio Macri se pronuncie como ingeniero en vez de como presidente de la República, afirmando que Milagro Sala debe continuar en prisión porque “él”, y “la mayor parte de los argentinos” así lo creen, da cuenta de la situación actual de los derechos humanos en el país. La dirigente de la organización social y política Tupac Amaru (que desde la revista Zoom hemos visitado en el Penal de Alto Comedero), lleva un año detenida, pese a la irregularidad del caso y el reclamo por su liberación, que no solo sostienen desde hace meses distintas expresiones nacionales del movimiento social y los derechos humanos,  organizaciones estudiantiles y culturales, referentes artísticos, académicos y partidos políticos, sino que además logró el respaldo de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario general de la OEA y el primer ministro de Canadá. Detención que no solo es inadecuada, sino sostenida en dichos inoportunos, como los vertidos por Mauricio en la rueda de prensa que realizó luego del “retiro espiritual” (que tuvo con sus ministros), con el que acompaña a otros similares expresados por el contador Gerardo Morales, a cargo de la gobernación de Jujuy. Situación que llevó incluso al abogado especialista en D.D-H.H, Marcelo Parrilli, a comparar esta situación con la que se vivió en el país en 1979, cuando Argentina quedó bajo la lupa de organismos internacionales por ser un país en el que se violaban los derechos humanos.

Por otra parte, la gestión Pro comenzó sus días ya con una clara posición respecto de los “desbordes” de la lucha obrera, cuando la Gendarmería reprimió a los trabajadores de Cresta roja, quienes reclamaban la continuidad de sus fuentes laborales en aquella coyuntura navideña.

Respecto de la situación de los casos de gatillo fácil también la gestión Pro se lleva la medalla de oro del Cambio, ya que si la situación no era buena con los gobiernos anteriores, donde se registraron un asesinato cada 28 horas, en lo que va de 2016 la estadística indica que la situación es aún mucho peor:  cada 25 horas una persona es asesinada en nuestro país por algún agente de las fuerzas policiales (Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina o policías provinciales). Desde la asunción de Cambiemos al gobierno ya son 241 las personas asesinadas, según indicó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en su informe anual, que el viernes pasado se presentó en Plaza de Mayo.

A esto se le debe sumar la posición de Cambiemos respeto de la construcción de la memoria histórica, en la que la Teoría de los Dos Demonios intentó ser reactualizada durante el año a partir de afirmaciones (bravuconadas) como las del ministro de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quien abrió el año sosteniendo que “en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”, sin dejar de mencionar el protocolo antipiquetes, que aunque fallido, mostró los modos en que la actual gestión de la Casa Rosada pretende abordar los conflictos sociales de la Argentina contemporánea.

*Nota publicada en Revista Zoom