“Hay que eludir el fantasma de
la
“colombianización” de la Argentina”*
El investigador Maximo Sozzo analiza
la cuestión del narcotráfico en Santa Fe y su impacto a nivel nacional. “El
mercado de drogas se toca con internas policiales.
Por Mariano Pacheco
(@PachecoenMarcha)
Doctor
en ciencias sociales, profesor de Sociología y Criminología en la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Maximo
Sozzo recibió a Revista Zoom en dicha institución académica
para conversar sobre algunos de los temas que investiga y que son, por otra
parte, los que colocaron a la provincia de Santa Fe en la primera plana de no
pocos medios nacionales en los últimos tiempos: el delito, el narcotráfico, las
fuerzas policiales y las políticas de seguridad. Para Sozzo, las producciones
académicas deben esforzarse por producir un impacto en el debate público y
trasmitir los resultados de sus investigaciones de un modo que otro tipo de
lectores lo entiendan. De estas cuestiones y de cómo pensar políticas de
seguridad en un territorio surcado por tensiones de todo tipo, conversamos en
esta entrevista.
Narcotráfico,
policías, políticas de seguridad
¿Pensás que hubo cambios en las
políticas de seguridad a partir del cambio de gobierno, no solo a nivel
nacional sino también provincial? Digo: si bien gobierna la misma coalición en
Santa Fe, me gustaría saber si consideras que hubo cambios al interior de ese
espacio político en relación a estos temas.
Me
parecen muy buenas preguntas, ambas. Y voy a comenzar por contestarte la
segunda, porque me parece importante entender el cambio en las alianzas
gobernantes que se produce en la provincia en 2007, cuando se quiebra la
composición gobernante desde 1983 bajo el signo del peronismo, para dar paso a
otra coalición gobernante en donde conviven sectores del socialismo, del
radicalismo y otros partidos menores, pero que, a su vez, ha ido cambiando en
su composición interna. En 2007, el Frente Progresista crea el Ministerio de
Seguridad, copiando de algún modo otras experiencias de la Argentina, como el
caso de Buenos Aires, que es el primer lugar en donde se crea un Ministerio de
Seguridad, un poco como un gesto para fortalecer la autoridad de los sectores
electos popularmente para la institución policial, dándole más peso a la
conducción de los temas de seguridad. Sin embargo, la creación de ese
ministerio no conlleva un programa de reformas estructurales de la institución
policial y tampoco un programa de reformas modestas. La primera gestión, a
cargo de Hermes Binner, por ejemplo, se caracteriza por una fuerte continuidad
con el estado de cosas que había anteriormente, con la excepción de la creación
de ese ministerio y de este elenco de funcionarios que se colocan supuestamente
por encima de la institución policial. Ahora, el pasaje del gobierno de Binner
a Bonfatti, mantiene la situación en términos estructurales, pero comienza a
circular otro lenguaje entre estos actores, entre comillas, reformista. Hasta
el propio gobernador y Raúl Lamberto, que fue su ministro de Seguridad durante
la mayor parte de la gestión, construyeron todo un discurso público alrededor
de este tema: que se estaban llevando adelante políticas de reforma. Esas
iniciativas son, de todos modos, de alcances muy modestos. Por ejemplo: se crea
la Policía de Investigaciones que, dentro de la estructura general de la
policía, es desde el punto de vista administrativo un área que tiene una
conducción que no es el jefe de policía sino un funcionario político al
interior del ministerio de Seguridad, en la búsqueda por separar investigación
de seguridad. Ahora, ¿qué pasa? Que ese cuerpo es muy pequeño en cantidad de
funcionarios y no puede investigar todo. Entonces aparece esta cuestión de
resolver cuáles son los delitos que investiga la nueva esfera o cuáles los
viejos policías de investigaciones ligados a las comisarías, los departamentos
judiciales. Así es como se produce esta tensión entre las intenciones de hacer
algo distinto y la modestia de sus alcances. Lo mismo sucede con la Policía
Comunitaria lanzada en 2014.
“No
se va a reconfigurar drásticamente el mercado ilegal de drogas porque se
encarcele a jóvenes varones pobres como se viene haciendo”
Y luego viene un nuevo cambio de
gestión pero dentro del mismo espacio político…
Claro,
algo que por otra parte estamos bastante acostumbrados en la Argentina en
general. Y lo que sucede es que durante el primer año de gestión de Miguel
Lifschitz se busca de nuevo re-centralizar la toma de decisiones, ya no solo en
el Ministerio de Seguridad, sino de nuevo en el jefe de policía. Entonces, si
las modestas reformas que se buscaron llevar adelante durante las anteriores
gestiones trataban de descentralizar, ahora, a partir de la creación de estos
cuerpos alternativos (por más naturaleza ambigua que tuvieran, porque dependían
administrativamente de la policía), se vuelve a re-centralizar la estructura.
Esto sin necesariamente desarmar estos cuerpos, pero sí reconcentrando
nuevamente las decisiones en el jefe de policía. Entonces se genera una
situación muy ambivalente y difícil de interpretar todavía. ¿Cual es el plan?
¿Volver a una policía unitaria, uniforme y gestionada policialmente o
gestionada por el ministro de Seguridad pero que quiere tener centralizadas las
decisiones en un jefe de policía que es un funcionario policial? Eso es, por lo
menos, contradictorio con la retórica de la misma colisión gobernante en la
gestión anterior.
En
el medio de todo esto, además, se produce en 2009 la detención del jefe de policía,
que estaba en connivencia con cierto segmento del narcotráfico. Y esto es
central para entender este proceso. Tanto para entender el lenguaje utilizado
por ciertas fracciones políticas de la alianza gubernamental, que hablan de la
necesidad de reformar la policía, así como lo que sucede actualmente. Porque
tenemos una situación que era difícil de imaginar, y es que la institución
policial está aun más desprestigiada, y a su vez se mantienen las tasas de
homicidio en números muy altos y hasta se han incrementado. Esto genera mucha
presión respecto de la opinión pública. Sobre todo cuando se producen
homicidios luego de robos y el que muere no es un pibe de un barrio pobre, sino
una persona de clase media, y esto es leído -según los patrones de producción
de información de los medios hegemónicos- como que se mata a la persona
equivocada. Y todo eso genera escándalo público, con su correlato en reclamos
-movilizaciones incluidas- de más seguridad por parte de ciudadanos de sectores
medios. Un reclamo entre comillas desde abajo, porque reúne personas que se
movilizan, logran visibilidad pública en la prensa y tensionan la agenda
política. Eso complica aún más las cosas, por un lado, y por el otro ayuda a
entender este primer año de gestión del gobierno, que como te decía tiende a
una política de re-centralización en las manos de la policía. Entonces
revierten lo poco de la descentralización trunca, ambivalente y moderada que
habían generado, con un jefe de policía que ahora centraliza en su figura la
conducción de toda una serie de segmentos que antes se habían buscado separar.
Tengamos
en cuenta que, desde la década del 90, la voz de descentralización siempre fue
de los sectores progresistas, quienes sostuvieron que tal vez un modo de
entrarle a esas estructuras centralizadas y corruptas era a través de la
descentralización, partir las instituciones para reconstruirlas desde abajo de
otra manera. Eso en Santa Fe no sucedió. Bueno, en realidad todas las
desentralizaciones fueron medio berretas y no prosperaron en ningún lado. En el
caso provincial concreto, entiendo que esta tentativa de re-centralización
tiene que ver, sobre todo, con cómo aparece en el debate público la cuestión
del delito, porque muchos funcionarios entienden que su futuro político está
ligado a los modos de dar respuestas a estos temas. Y el problema de esto es
que se puede volver a enfatizar el carácter policial de la institución
policial, que en su lado oscuro -para decirlo con palabras de La guerra
de las galaxias– está atravesada fuertemente por una serie de tensiones
que, entre otras cuestiones, explica también la detención del jefe de policía
en 2009. Una institución policial, por otra parte, que desde el retorno de la
democracia está autogobernada.
¿”Colombianización”
del narcotráfico en la Argentina?
Sozzo
aclara que no se dedica a realizar investigación social sobre el tema
“narcotráfico”, y comenta que en general hay poca gente en el país que, desde
la academia, se dedique a eso. Así y todo, como profesor universitario, afirma
que es una “asignatura pendiente de las ciencias sociales” generar
exploraciones más profundas, argumentos más sólidos que los que flotan en el
espacio público, político y mediático. “Yo no estudié el denominado
narcotráfico pero sí a la policía y, como sabemos, en Argentina están
fuertemente conectados”, remata, a modo de introducción, antes de comenzar con
su argumento.
En Córdoba, por ejemplo, medios como La voz del interior, del grupo Clarín, insisten con la idea de
“colombianización” del país. ¿Vos qué podes decir al respecto?
Creo
que lo primero y principal es eludir el fantasma de la “colombianización” o
“mexicanización” de la Argentina, porque es un discurso que promueve Estados
Unidos, reformulando el viejo lema de la “guerra contra las drogas ilegales”
para fortalecer las dimensiones represivas del aparato del Estado y la
militarización de la seguridad pública. Por eso creo que hay que eludir esas
recetas, pero también, el modo en que se plantea el problema en la esfera
pública. Utilizar esos términos ya desde el vamos apunta claramente a obtener
ese tipo de respuestas. Concretamente en Santa Fe el mercado de drogas ilegales
está muy desarrollado, como en otras ciudades de la provincia. Y ahí se toca
con las internas policiales que mencionaba anteriormente. A modo de hipótesis,
podría decir que fue la desestructuración de las jerarquías de ese lado oscuro
de la policía, en relación a cómo gestionar los negocios ilegales, en
donde se distribuyen recursos obtenidos ilegalmente de forma pautada, reglas
que se cumplen y que, por lo tanto, tienen la capacidad de ordenar en el
territorio a quienes llevan adelante estos negocios (ilegalmente, pero llevando
orden al fin), la que ha generado, en parte, esta situación que hoy estamos
atravesando. Para decirlo de un modo claro y básico: si en la provincia de
Santa Fe ya estaba ese problema, cuando ese lado oscuro que organizaba de forma
muy pautada y regulada ese tipo de mercado ilegal de manera uniforme se
quiebra, distintos grupos luchan por apropiarse de las ganancias de esos
mercados ilegales, y es eso lo que incrementa los conflictos por el control del
territorio. No creo, claro está, que esa sea la razón por la cual hoy existen
más homicidios que en 1980, pero sí creo que es un elemento que ayuda a
entender, por ejemplo, la mayor circulación de armas de fuego en los
territorios de la marginalidad urbana. Y que a partir de eso se las use, no
solo para esas actividades, sino para otros fines. Ahí yo veo un nexo. Ahora,
lo que llama la atención es que se piense que el modo de intervenir en la
problemática sea la receta de detener a los vendedores al menudeo de drogas
ilegales para reducir el alcance del negocios. Además de que habría que
discutir si de verdad prohibir la producción/circulación de esos productos es
la opción más racional para gobernar la relación que los ciudadanos del mundo
contemporáneo tenemos con las drogas. Yo creo que no lo es. Pero al margen,
digo, si uno decidiera que esa es la opción, así y todo, perseguir al eslabón
más débil de la cadena no parece ser lo más eficaz. No se va a reconfigurar
drásticamente el mercado ilegal de drogas porque se encarcele a jóvenes varones
pobres como se viene haciendo.
“En
Argentina, narcotráfico y policía están fuertemente conectados”
Por último, y retomando lo que
conversábamos al principio de esta entrevista, quería preguntarte sobre el
vínculo entre la gestión nacional y provincial del Estado. ¿Cómo viene esa
relación, al menos, en lo que pueda pensarse de este primer año de gobierno de
Macri y Lifschitz?
Vos
fijate que todas estas intervenciones de Gendarmería y Prefectura sobre el
territorio nacen ya durante el kirchnerismo, más allá de las relaciones
tirantes entre la gestión nacional y la provincial, pero que en determinados
momentos alcanzaban niveles de acuerdos como para que esas intervenciones se
produzcan. Y siempre fueron intervenciones de ocupación territorial. Ahora, con
el nuevo gobierno neoliberal de Macri, las intervenciones que se generan son
del mismo tipo. Se dice que va a haber además brigadas de investigaciones
federales para investigar justamente este tipo de delitos de las drogas
ilegales, el llamado “narcotráfico”, pero por ahora no se ha visto ningún
síntoma en ese sentido. Lo que se ve son gendarmes y prefectos haciendo
ocupación del territorio: patrullaje, parada fija y cacheos, detenciones. ¿De
quienes? De los sospechosos de siempre: hombres jóvenes, morochos y pobres.
Entonces, las intervenciones actuales lo que hacen es reforzar el tipo de
intervenciones que se hicieron anteriormente. Y son intervenciones totalmente
ineficaces si uno efectivamente lo que quiere hacer es combatir el narcotráfico.
Y esto pone en cuestión, incluso, el mismo objetivo planteado. Resulta por lo
menos llamativo que, después de tantos años, haya agentes estatales que crean
que esa es la manera de desarmar las redes ilegales, con fuerzas trabajando a
la bartola, con todos los efectos perversos que esas prácticas traen
aparejadas, en términos de violación de los derechos humanos de un montón de
ciudadanos que experimentan prácticas de hostigamiento en ese contexto. Y todo
esto siempre poniendo un especial énfasis en la cuestión numérica, como si el
envío de 1.000 o 1.300 o 2.000 efectivos fuera a alterar el efecto que este
tipo de prácticas tendrían. Y si uno reflexiona solamente un poco puede caer en
la cuenta de que es un planteo ridículo pero que se vende bien en el espacio
público, y por eso, más allá de sus eventuales disidencias políticas, hay
actores de diverso tipo que acuerdan en este punto, lo promueven, lo
desarrollan y se sacan fotos. Esto resulta, como mínimo, paradojal, pero fácil
de explicar: es un mensaje para los ciudadanos preocupados por el crecimiento
del delito. En una provincia de más de tres millones de habitantes, 700
gendarmes o prefectos patrullando las calles por turno para resolver el
problema del narcotráfico resulta ridículo.
*Nota publicada en revista Zoom.
