Brandariz: “Tuvimos macrismo porque se quebró el movimiento nacional”

ENTREVISTA A CAROLINA BRANDARIZ

Por Mariano Pacheco*

 

Objetivos y grietas en tiempos de pandemia.

Caro Brandariz dice que sí, que así está bien el modo en que se es presentada para esta nota, como militante del Movimiento Evita, docente y funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, e incluso –subraya-- que prefiere que sea en ese orden. Aclara que además es maestra de grado, en la escuela primaria, y que circunstancialmente ocupa el cargo de Directora de Cuidados Integrales de la Secretaría de Economía Social, en la que distintas organizaciones del movimiento popular están participando.

Para comenzar te quería preguntar por la tarea de los cuidados y el modo en que la están concibiendo, en función de una perspectiva que quiebre los procesos de invisibilización de esas tareas, que de algún modo las economías feministas insisten en subrayar, introduciendo la dimensión de la reproducción social en la lógica más general de la producción.

Bueno, en primer lugar, decir que tanto las organizaciones feministas como los movimientos populares nucleados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, son emergentes sociales, y son los grandes protagonistas en las calles de los últimos años, sobre todo del período 2015-2019, con grandes movilizaciones que plantearon la discusión sobre un país distinto y reivindicaciones específicas, como la legalización del aborto o la Ley de Emergencia Social. Creo que ambos emergentes coinciden en plantear una reflexión profunda en torno a cómo entender hoy el trabajo, realizando críticas incluso a las teorías críticas clásicas, como el marxismo, que se centraron en el análisis de la relación asalariada, y figuras que en general fueron hegemonizadas por las del varón en la fábrica, invisibilizando el trabajo de la reproducción llevado adelante por millones de mujeres en todo el mundo. En ese sentido creo que tanto la economía feminista como la economía popular coinciden en visibilizar todos esos trabajos que en general no son tenidos en cuenta. Me parece, respecto de los debates sobre la Renta Universal por ejemplo, que resulta importante que se puedan contemplar los trabajos que se viene realizando desde los movimientos populares, que hacen un esfuerzo enorme para que sus propuestas no sean entendidas sólo en términos de transferencias monetarias sino como esquemas de trabajo, con planificación estatal y que, en el caso de cuidados, se contemple por ejemplo la garantía de derechos tanto para quienes necesitan ser cuidados como para quienes cuidan. Porque aquí se nos presentan las dos caras de una misma moneda: por un lado, el trabajo, en general realizado por las mujeres, que es invisibilizado; por otro lado, ese debate que no es sólo nacional, sino internacional, en torno a que el cuidado debe ser un derecho, que cualquier Estado que se considere de bienestar debe garantizar, junto con la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social. Es decir, los cuidados comprendidos como un nuevo derecho, incorporado ya a varios tratados regionales e internacionales. Me parece entonces que el hecho de pensar una Renta Universal, o un Salario Universal que permita vertebrar distintos esquemas de trabajo que puedan solventar el derecho a ser cuidados, es un gran paso.

Te quería preguntar ahora por este dilema que aparentemente se presenta, que tiene que ver, por un lado, con todo esto que comentabas, esa visibilización del trabajo de cuidados, sobre todo de las mujeres, para que accedan a determinados derechos; pero por otro lado, me pregunto si el planteo no contiene en sí un problema, que es el de los mandatos sociales, que podríamos resumir en el slogan “Cuidados= mujeres”. ¿Está este problema? ¿Qué reflexión podrías compartir al respecto?

Creo que si se tiende a construir una política pública, que pueda vertebrar como te decía recién esquemas de trabajo en torno al cuidado, y financiarlos a través de un salario universal, tiene que hacerlo con una mirada transversal, y mirar la situación con esos anteojos violentas que propuso el feminismo, para poder pensar que lo que se hace en el día a día contribuya a una transformación social que también implique asumir que cuando hablamos de cuidados, no hablamos necesariamente de una tarea que deben hacer mujeres. Por eso nos parece tan importante la valorización económica, porque en tanto y en cuento eso suceda, también puedan ser varones quienes quieran desempeñarlas. Pero hoy, estamos ante una situación que es necesario atender de manera urgente, que es la que hace recaer el trabajo de los cuidados en las mujeres, y sobre todo en las mujeres de los sectores más humildes. Esta situación se encuentra actualmente agravada por la pandemia, porque no se encuentran abiertas las escuelas, instituciones que históricamente han realizado a la vez la tarea de educación y cuidados. Esas mujeres humildes son el rostro de las cifras de mayor pobreza en nuestro país, y son las que quedan imposibilitadas de incorporarse a otros trabajos, porque quedan atrapadas en el mapa de las desigualdades, donde tienen que asumir sí o sí las tareas de los cuidados, pero sin recibir a cambio ninguna remuneración.

Y respecto del área específica en la que estás trabajando, ¿qué desafíos se han planteado? ¿Y qué trabajos han podido desarrollar, teniendo en cuenta que asumieron sus funciones y prácticamente en simultáneo se produjo la situación de pandemia?

Bueno, por un lado, en el contexto de cuarentena impulsamos “El barrio cuida al barrio”, un programa que de alguna manera puso en valor todo ese cuidado comunitario que desarrollan las organizaciones populares en los barrios, con el intento de promover el autocuidado, a través de postas sanitarias y promotoras y promotores comunitarios que, en medio de esta pandemia del COVID 19, pudieran transmitir el mensaje de la necesidad de cuidarnos, atendiendo a que no es lo mismo llevar adelante las medidas del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en los barrios populares que en otros, porque muchas veces en estos territorios se producen situaciones de hacinamiento y no se accede –como se debería-- al derecho a la vivienda, a los servicios esenciales. Por eso es importante que el Estado esté allí, que permanezca mucho más cerca. Pero pensando a mediano plazo, me parece importante subrayar que el trabajo que vinimos a realizar está vinculado con la valorización, tanto social como económica, de las tareas de cuidados, ya sea de las infancias, de personas mayores o que padecen alguna enfermedad o discapacidad. Y cuando nos referimos a valorización social, ponemos de relieve todo el proceso de certificación que permita formalizar saberes que están presentes en las tareas territoriales de la vida cotidiana, y otorgar mayor capital cultural a las compañeras que los llevan adelante a través de las universidades públicas. Y por otro lado la valorización económica. En ese sentido el programa “Potenciar trabajo” es otro eje vertebrador, como complemento a ese salario social que nuestras compañeras perciben por ese trabajo que realizan vinculado a las prácticas del cuidado, en la búsqueda por alcanzar al menos un ingreso igual al Salario Mínimo Vital y Móvil.

Al principio te preguntaba en torno al modo de ser presentada: militante, docente, ahora funcionaria del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy se presenta esta situación de que, quizás como nunca en las últimas décadas, son muy numerosas las militancias del movimiento popular que están en alguna función en el Estado. Algo de esto también conversamos en una entrevista anterior con Alexandre Roig. Por eso también te quería solicitar a vos que compartieras con nuestros lectores y lectoras alguna reflexión en torno a estas intervenciones de las militancias populares en el Estado.

En primer lugar, quería decir que esta experiencia de la Secretaría de Economía Social me parece inédita, en el sentido de que la integramos compañeros y compañeras de distintas organizaciones que formamos parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), haciendo una experiencia de unidad en la gestión, para avanzar en políticas que nos permitan en el corto plazo mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, avanzar en un proceso de formalización que permita dar pasos en escalones de dignidad. En ese sentido también es que se ha lanzado el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, para tener ingresada a las personas en un sistema que nos permita saber a qué se dedican, qué hacen en sus tareas, en todo ese trabajo que miles de compañeros y compañeras desarrollan a lo largo y ancho del país, sea en el ámbito del reciclado, los procesos socio-comunitarios, los cuidados, la infraestructura social o la producción textil y alimentaria. Porque si hay algo que demostró el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) es que el Estado no tenía un diagnóstico certero de la situación: se anotaron 12 millones de personas cuando se estipulaba que iba a ser 4 millones. Por eso estoy muy orgullosa de ser parte de este proceso de la Secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social. Eso por un lado. Pero pensando más allá, en el mediano plazo, creo que es muy importante sostener la unidad dentro del gobierno, porque si tuvimos macrismo es entre otras cuestiones porque se quebró el movimiento nacional. Hay todo un intento de situarnos de un lado de la grieta cuando en realidad el destino popular está mucho más allá de la famosa grieta. Tenemos que poder hablarle a las mayorías populares. Sin esa comprensión va a resultar difícil entender la importancia de la unidad no sólo de las organizaciones populares, sino de todos los actores que hacen al movimiento nacional para poder construir un destino distinto, un destino feliz para nuestro pueblo.  

*Nota publicada en Revista Zoom

Claudio Lozano: “Vicentín se ha transformado en un símbolo del saqueo nacional”

ENTREVISTA A CLAUDIO LOZANO

Por Mariano Pacheco

Claudio Lozano, economista y militante, actual Director del Banco Nación, conversó con revista Zoom sobre uno de los principales temas de la coyuntura nacional: Vicentín.

Para empezar quería preguntarte, o más bien solicitarte que compartas una mirada respecto de lo que entendés que hoy es posible hacer con la empresa Vicentín.

Tendríamos que poder lograr articular un bloque social con capacidad de intervenir políticamente desde la gestión gubernamental y con los actores que, de alguna manera, se han visto movilizados por esta discusión, para transformar la estafa de Vicentín en la oportunidad de construir una herramienta para intervenir sobre el comercio exterior de granos y sobre la oferta de divisas que genera nuestro país. Vicentín es un coloso del agronegocio, con una participación monumental en el comercio de granos, con una facturación de alrededor de 4 mil millones de dólares anuales, que estafó a miles de trabajadores y a la banca pública. Así que si lográramos conformar una sociedad mixta pero con dominio estatal y participación de las cooperativas agropecuarias y los pequeños y medianos productores, podríamos tener un jugador dentro del comercio de granos que estuviese casi en paridad con el primer exportador que hoy en día es Cargill.

Porque cuando uno mira los datos y ve lo que exporta Vicentín, sumado a lo que exporta ACA (Asociación de Cooperativas Agropecuarias), que es también uno de los principales acreedores que hoy tiene Vicentín, de quienes fueron defraudados en este proceso, ambos sumados, te decía, tienen una participación en el comercio de granos superior a Cargill. Por eso en este contexto, en que Vicentín se ha transformado en un símbolo del saqueo nacional, una estrategia política bien diseñada podría movilizar voluntades para avanzar en la construcción de una empresa pública y social que se transforme en una pieza clave del control del comercio exterior y la oferta de divisas.

¿Y qué obstáculos visualizás en ese camino de avanzar en una salida popular para resolver el conflicto con Vicentín?

Te diría que varios. En primer lugar, el modo en que se presentó el planteo. Entiendo que no se preparó adecuadamente en términos políticos, porque creo que se debería haber explicitado con mayor claridad todo el proceso vivido respecto del trámite irregular de los créditos que la banca pública (puntualmente el Banco Nación) le hiciera a Vicentín, sobre todo en el último tramo de 2019. Por otra parte, debiera haberse explicitado, conversado, discutido con las cooperativas y los productores agropecuarios que fueron defraudados por la empresa, para encontrar actores que contribuyeran a gestar los consensos necesarios dentro del sector agropecuario, así como con los distintos sectores que dentro del Frente de Todos mantienen una sintonía política para avanzar con este tema, puesto que hay otros sectores internos a esta coalición electoral tan amplia que ganó las elecciones que le ponen un límite a un avance de esta naturaleza. Así que ahí hay un problema: no se han construido las condiciones para avanzar con claridad desde un primer momento, y eso explica en gran medida por qué apareció una segunda variante, que fue la que planteó la provincia de Santa Fe, y que desde mi punto de vista esa otra variante a la de la expropiación (propuesta originalmente por el Ejecutivo Nacional), es más complicada, porque implica transitar todo el procedimiento del concurso, en el que hay 2.638 acreedores, y para construir una mayoría es menos sencillo, porque hay un bloque de bancos extranjeros, grandes productores y las principales cerealeras, que también son acreedoras de Vicentín y pueden construir una mayoría alternativa en el concurso. Y por otro lado, no se cuestionó esto desde el vamos, porque es un tema que viene desde hace rato, está planteado desde inicios de año, ya que la cesación de pagos tiene fecha el 5 de diciembre de 2019. Así que hubiese sido más razonable hacer los planteos antes y no durante el concurso. Otro tema es que no se cuestionó hacer el concurso en Reconquista, que es una ciudad prácticamente controlada por Vicentín, en donde el juez que opera ha sido apoderado del banco Nación en el zonal de Reconquista casualmente, así que el nivel de vínculos con la empresa es muy importante. Nada ocurre en Reconquista sin el control de Vicentín, pero el grueso del negocio no está asentado allí sino en Rosario, así que habría que haber sacado la competencia de esa ciudad. Así que estamos haciendo al revés: comenzamos la tarea cuando el problema ya estaba en marcha. Pero bueno, así fue, y hay que entenderlo en el contexto de la coalición electoral que ganó las elecciones, que tuvo la virtud de haber sido lo suficientemente amplia como para poder ganar y limitar el avance del macrismo, pero que a la hora de tomar definiciones políticas más profundas, obviamente tiene dificultades, porque debe procesar primero contradicciones internas importantes.

Hubo muchos planteos en estos días en los que aparecieron de la mano los nombres Vicentín y soberanía alimentaria. ¿Qué reflexión podrías compartir al respecto?

Hoy Vicentín está en las antípodas de la soberanía alimentaria, pero si se logra avanzar en el control sobre este grupo empresario, seguramente, se podrán derivar recursos que provienen de las rentas de la exportación, al desarrollo de herramientas más potentes, como es el caso de la soberanía alimentaria, que implica abordar debates más profundos, ya que no solamente implica intervenir sobre el control de las divisas y el comercio de granos, sino también discutir la propia matriz productiva en lo agropecuario: qué se produce, para quien y elementos que con el funcionamiento de Vicentín hasta acá no se cuestionaron.

Por otro lado, creo que es importante remarcar que buena parte de las discusiones que se presentaron en torno a este tema tienen que ver con prejuicios que se agitan, como es el caso de la seguridad jurídica respecto de la propiedad privada, porque descontextualizan el caso. Y si permitimos que se siga sacando al caso de contexto, tendremos mayores dificultades para avanzar. Porque lo que acá ha sucedido, en concreto, es que un grupo empresario que tuvo un crecimiento exponencial durante la última década y media (y fundamentalmente en los últimos cuatro años), que lo coloca en el lote de los grandes ganadores de la Argentina, ha hecho un uso irregular de los créditos de la banca pública, y produjo maniobras cuasi delictivas para llevar adelante una estafa hacia el país, con maniobras de sus sociedades instaladas en Paraguay, en Brasil, en Panamá, entre otros países. Incluso la empresa madre del holding Vicentín Family Group no está en el país sino en Uruguay, desde donde se controla a Vicentín Sociedad Anónima de la Argentina, que es la que está concursada, y desde allí se maneja al conjunto de la corporación empresarial. Han llevado adelante todo un rediseño societal vinculado a derivar recursos al exterior. De allí que no haya que tener empacho en decir que lo que se produjo en este caso es una estafa a más de 5.000 trabajadores, a más de 1.800 productores, a la banca pública. Y que hoy, con la empresa en crisis y paralizada como fuente laboral. Y ese deterioro de la situación es la que habilitó que aparezcan ofertas de grupos extranjeros para quedarse con lo mejor que tiene Vicentín, y agravar el cuadro de extranjerización y de concentración del comercio de granos y de la oferta de divisas. En ese contexto de crisis de las fuentes laborales, de fraude a la banca pública y estafa a los productores la discusión no es sobre la propiedad privada, porque de hecho también hay propiedad privada en los productores defraudados y en algunos bancos que prestaron dinero y no se los ha devuelto. En ese contexto lo que hay que destacar es que la crisis de Vicentín pone en cuestión la economía del norte de Santa Fe y un área estratégica de la economía nacional en vísperas de un proceso de extranjerización que podrían producirse, y allí se juega la decisión de un gobierno que debe expropiar, y para expropiar debe intervenir. En ese contexto hay que dar el debate: es un caso concreto, que por todo lo que representa como símbolo del saqueo que los sectores dominantes vienen llevando adelante en la Argentina, necesita del desarrollo de un bloque social que permita avanzar en la creación de una empresa en manos de las cooperativas y productores agropecuarios y del Estado argentino.

Da la sensación de que después del macrismo en Argentina, y con un contexto mundial desfavorable (sobre todo a nivel Latinoamericano) para el avance de los pueblos, hoy se estaría en peores condiciones respecto de lo que fue el denominado “ciclo de gobiernos progresistas” (o populares, según el caso) en el continente para profundizar transformaciones sociales, como puede ser avanzar con la soberanía alimentaria, porque eso implicaría cambiar la matriz, el modelo de país, que entonces no se hizo y hoy habría aún menos condiciones. Sin embargo, también hoy se podría decir que es mayor la fuerza popular organizada que acompaña a este gobierno (si lo comparamos con los apoyos de fuerza social organizada que acompañó al kirchnerismo, por ejemplo. Así que me gustaría preguntarte, en primer lugar, si estás de acuerdo con la caracterización. Y en segundo lugar, qué perspectivas abre al proceso político el hecho de que haya tal cantidad y variedad de movimientos sociales (del precariado, campesinos, sindicales, feministas) siendo parte de este proceso.

Coincido con lo que planteas. Creo que efectivamente la fuerza popular organizada hoy es muy superior a la que existía en 2003, e incluso superior a la que existía en 2015. Porque si bien el macrismo implicó un intento, por parte de los sectores dominantes, de frenar el proceso, ese intento no logró desarticular a las organizaciones populares. Al contrario, hubo una profundización de la organización popular que se desarrolló en los últimos cuatro años. De allí el error de no haber articulado antes ese bloque social de apoyo a la iniciativa de expropiación de Vicentín, sobre todo teniendo en cuenta que, en un 90%, esas organizaciones son parte del Frente de Todos. Ahora, naturalmente, ese proceso se va dando, y puede verse en un conjunto de declaraciones públicas que se manifestaron en estos días. Así que creo que hay condiciones para avanzar. Vicentín ha actuado como una especie de símbolo que muestra el saqueo sobre la Argentina, y por otro lado, habilita un conjunto de discusiones, que probablemente no se hubieran producido en otro contexto. En este sentido, es importante subrayar que la pandemia y la cuarentena colocaron un conjunto de debates que hoy están planteados y que difícilmente se hubieran producido sin esta situación. Por eso insisto en que es importante no tener una mirada lineal de los procesos históricos, porque a veces hay coyunturas en las que se puede suponer –por ejemplo durante el período de gobiernos progresistas-- que existía una mayor homogeneidad para avanzar en algunos sentidos en los que no se avanzó y que entonces hoy se podría menos y sin embargo, como la situación es distinta, se pueden abrir fisuras y posibilidades que no imaginábamos. Por eso desde la política hay que cuestionar esa mirada mecánica que ve relaciones de fuerzas siempre acumulativas, que no tiene rupturas o momentos imprevisibles en los que se abren caminos que muchas veces no se esperan.

Sobre la desaparición de Facundo Castro

Demagogia punitiva y empoderamiento policial: ¿Daños colaterales de la pandemia? 

Por Mariano Pacheco*

La desaparición de Facundo Castro activó los peores fantasmas de la política bonaerense y nacional. Miradas cruzadas en el oficialismo y el sobrevuelo rapaz de la oposición.

Son tres los testigos que afirman haber visto a Facundo Castro ser subido por dos agentes a una camioneta Toyota Hilux blanca y negra, doble cabina, perteneciente a la Policía Bonaerense, el 30 de abril a las tres y media de la tarde. Había salido de su casa en Pedro Luro, sin permiso de circulación, para dirigirse “a dedo” a visitar a ex novia en Bahía Blanca. Por tal motivo efectivos de la Bonaerense le labraron un acta por incumplir con el protocolo de aislamiento mientras transitaba por la Ruta Nº 3. Es lo último que se sabe de Facundo. Pasados más de dos meses y medio, el joven aún permanece desaparecido. Leandro Aparicio y Luciano Peretto, abogados que llevan la causa de la familia del joven luego de que su madre, Cristina Castro, realizara una denuncia el pasado 5 de junio, han asegurado que ya tienen identificados a los agentes que, según testigos, subieron al móvil a Facundo. Ahora resta poder abrir el libro de guardia que les permitiría cerrar la cadena de responsabilidades y solicitar prisiones preventivas.

El caso pasó de la Justicia bonaerense a la Federal, luego de que la primera se declarara incompetente, y la causa ha quedado a cargo del fiscal Santiago Ulpiano Martínez. Mientras tanto, esta semana, la Prefectura Naval ha realizado dos rastrillajes, por tierra y agua, en búsqueda del joven, sin éxito alguno.

Como sucedió con Santiago Maldonado, quien permaneció desaparecido durante 78 días y apareció sin vida flotando en un río en 2017, también aquí comienzan a proliferar versiones, e incluso declaraciones que siembran dudas y generar confusión. El pasado martes 14 de julio, de hecho, la Policía Federal obtuvo de una nueva testigo un nuevo testimonio: la prsona afirmó haber trasladado a Facundo en su camioneta y dejarlo en la entrada de la ciudad de Bahía Blanca. También circularon llamados telefónicos con versiones de lo más disparatadas, que los abogados de la familia denuncian como pistas falsad que distraen los esfuerzos en la investigación.

Lo policial, lo jurídico, lo político

Si bien la causa por “desaparición forzada de persona” sigue su curso en el ámbito judicial y la Policía Bonaerense ha sido apartada del caso, es en la distancia entre el derecho y los hechos donde se juega gran parte de las definiciones políticas en torno a la ausencia de Facundo, pero también, respecto de las líneas de gestión en torno a la seguridad.

A nivel nacional, tanto a ministra de Seguridad, Sabina Frederic, como el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, han expresado públicamente su preocupación y manifestado que el Gobierno no va a “avalar ni encubrir a ningún policía”. También aseguraron que se están poniendo a disposición de la Justicia todas las herramientas del Estado para que Facundo “aparezca cuanto antes”. Incluso el propio presidente Alberto Fernández, en diálogo con los bloques opositores de Diputados Nacionales, expresó que “a él también le preocupa la violencia institucional”. ¿Es suficiente? Al parecer no, y no sólo para la izquierda y los organismos de derechos humanos que no simpatizan con la actual coalición gobernante, sino que el malestar viene en aumento en las propias filas del Frente de Todos, no sólo por este caso, sino por el nivel de protagonismo de las policías durante el Aislamiento Social y Obligatorio por el CODIV 19, ya que el accionar de las fuerzas de seguridad ha mostrado durante los meses de cuarentena estar muy lejos de cualquier ideal de seguridad democrática.

El malestar en las filas oficialistas crece, incluso, debido a laposición que prima en las altas esferas de la gestión de la provincia de Buenos Aires. Si bien el gobernador Axel Kicillof se comunicó en más de una oportunidad con la madre del joven desaparecido, y expresó que desde el gobierno no iban a encubrir a nadie, también sostuvo que no pensaban “prejuzgar a nadie”. Pero por sobre todas las cosas, la figura del ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, viene axasperando más a propios que ajenos. Desde sus declaraciones asumiendo posiciones de derecha, hasta ciertos aspectos que podrían ser caracterizados de “show mediático” hasta los más recientes dichos sobre este caso. Esta semana, por ejemplo, declaró que la decisión oficial fue apartar a la Policía Bonaerense de la investigación, por más de que “no hay ningún elemento objetivo para pensar en una actuación policial” (declaración en A24, martes 14 de julio). En el mismo programa televisivo habló más como “padre” que como funcionario, con el rango más alto en la competencia vinculada a la desaparición de Facundo. Y dos días más tarde, en declaraciones ante Radio Mitre, Berni reforzó: “hasta que la justicia ordinaria estuvo investigando no había ninguna prueba ni ningún dato objetivo que involucrara a ningún policía de la provincia”.

Al revuelo en las filas del oficialismo se suman las ganancias que los pescadores (y las pescadoras) de la oposición pretenden sacar de este río revuelto, desde la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri Patricia Bullrich llamando a la madre de Facundo hasta el comunicado emitido por el Comité Nacional del radicalismo junto a los bloques de Diputados y Senadores de la Unión Cívica Radical, quienes alertaron sobre el aumento de la violencia ejercida por agentes de las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía.

Violencia institucional y cuarentena

Al 23 de junio se habían registrado en Argentina al menos 23 casos de gatillo fácil, más de media docena se produjeron en territorio bonaerense. Por otra parte, fueron 50 las situaciones de violencia policial y de otras fuerzas de seguridad registradas en los primeros tres meses de cuarentena, de acuerdo con un informe publicado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI). La primera de las victimas fue Nahuel Gómez, fusilado el 28 de marzo en Temperley. Le siguieron Lucas Nahuel Verón y Lucas David Barrios, ambos de 18 años, asesinados por efectivos de la Bonaerense (el primero de un disparo en el pecho, el 1^o de julio en La Matanza; el segundo recibió 18 balazos, el 30 de mayo en Avellaneda). Alan Maidana, por su parte, fue asesinado el 24 de mayo en Berazategui por un agente de la PFA. Cinco impactos de bala recibió Nicolás Arzamendia, de 23 años, el 18 de junio, también en Berazategui, quien cuatro días antes había perdido en Plátanos a su amigo Augusto Oscar Iturralde, de 25 años, quien murió tras recibir cinco balazos de un arma disparada por un agente de la Federal. Brandon romero, de 18 años, fue asesinado de cuatro tiros disparados por un efectivo de la Bonaerense el pasado 5 de julio en Mar del Plata.

A estos casos se le deben sumar los de las veinticinco personas fallecidas en lugares de detención, el resto de casos de gatillo fácil perpetrados en la Ciudad de Buenos Aires y otros sitios del país, y la larga lista de episodios de violencia institucional que no derivaron en muertes, aunque no hayan sido por eso menos graves, tal como destaca en uno de sus informes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), titulado “Violencia policial en todo el país: es urgente reformar las fuerzas de seguridad” (https://www.cels.org.ar/web/2020/06/https-www-youtube-com-watchvjfmvu-aurmo).

Lamentablemente, éstos no son datos coyunturales, ya que desde 1983 a la fecha las fuerzas de inseguridad del Estado se cobraron la vida de más de 7.000 personas, en su mayoría jóvenes, y casi 200 permanecen desaparecidas.

Esta realidad ha llevado a investigadoras universitarias como Sofía Tiscornia a sostener que, para que esta forma de violencia que pretende encubrir “falsos enfrentamientos” pueda existir, otras “violencias más usuales” las tuvieron que ir habilitando (“La violencia institucional como forma de trabajo e investigación. Una breve historia”). En ese sentido es que Pita, en su texto titulado “La violencia institucional. Vox populi y categoría política local”, haya rescatado que no sea sólo una categoría sociológica o analítica, sino que sea un concepto que haya contribuido a gestar una categoría con valor político, es decir, con capacidad de intervenir en el debate público.

Los gobiernos pasan, la violencia institucional no

El 8 de mayo de 1987 se produce el asesinato de tres jóvenes por parte de una “patota” de la Policía Bonaerense, episodio que desde entonces se conoció como la “Masacre de Budge”. Aunque existían antecedentes, supo escribir alguna vez el periodista Ricardo Ragendolfer en este medio, “el caso pasó a la historia como icono de la violencia estatal en democracia” y, desde allí, el concepto de “gatillo fácil” se comenzó a popularizar, ya que tristemente los casos se sucedieron, gobierno tras gobierno.

Como supieron señalar Oscar Blanco y Emiliano Scaricaciottoli en “Las letras del rock en Argentina”, en la década del ochenta la democracia implicaba una “demo-razzia periódica de jóvenes”, en una suerte de movimiento de desplazamiento de la represión militar contra la “subversión” a la represión policial contra la juventud de los sectores populares, que en muchos casos canalizaba su rebeldía a través de un “revulsivo” rock poco tolerado por los agentes del orden. De allí que los edictos policiales, por ejemplo, hacieran estragos entre su público rockero, y gestaran las primeras manifestaciones contra la violencia policial. Rock, juventud y sectores populares se cruzarán en la vida de Agustín Ramírez, joven militante de las Comunidades Eclesiales de Base, editor de una revista/fanzine barrial y promotor de los “Fogones” donde muchachos y chicas de la zona sur del Conurbano se juntaban a tocar la guittara, quien fura asesinado el 5 de junio de 1988 por la Bonaerense, en un caso que aún permanece impune.

Fueron, estos, los casos del radicalismo alfonsinista. Pero no los únicos, ya que durante la década del noventa, el secuestro del estudiante de periodismo de La Plata Miguel Bru a manos de la Bonaerense, el 17 de agosto de 1993, fue el caso más resonante de los años menemistas, sin dejar de tener en cuenta que también numerosas personas fueron asesinadas en otros casos de gatillo fácil y –como en los dos gobiernos siguientes, del radical Fernando De La Rúa y el Justicialista Eduardo Duhalde-- en protestas sociales, cuyos picos más altos fueron diciembre de 2001 y junio de 2002.

Las huellas del terror militar siguieron operando en el conjunto del cuerpo social, e incluso, fueron doctrina en las fuerzas de seguridad durante todas estas décadas. Si bien el poder militar perdió peso en la sociedad argentina, sobre todo desde que fue anulado el Servicio Militar Obligatorio (tras el escándalo desatado por el asesinato del conscripto Omar Carrasco), y las fuerzas armadas fueron nuevamente juzgadas por los crímenes perpetrados durante el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, incluso en los primeros años del kirchnerismo el “Circuito Camps” mostró las esquirlas de su poder de fuego, secuestrando y desapareciendo al testigo Jorge Julio López, militante de los años ya secuestrado con anterioridad durante la última dictadura cívico-militar. La desaparición de Luciano Arruga en La Matanza (2009) y las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría y San Miguel del Monte (2019), durante la gestión neoliberal de Cambiemos, son otra muestra de esta constante con variaciones de una policía violenta (la Bonaerense, pero algo similar se podría pensar de otras bravas policías provinciales, como las de Córdoba o Tucumán, herederas del “Navarrazo” de 1974 y el “Operativo Independencia” de 1975).

“La violencia policial es estructural, la violencia continúa siendo el ADN de la agencia”, sostiene Esteban Rodríguez Alzueta, quien agrega que el “carácter selectivo de la violencia (física y moral) nos está alertando sobre los criterios discriminatorios (clasistas, racistas y sexistas) que utilizan a la hora de ejercer la violencia para reproducir desigualdades sociales”. El autor de “Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno”, insiste en que no se trata de “sacar la manzana podrida” sino de “cambiar el cajón” que la contiene. Para el investigador, el carácter estructural de la violencia policial es un dato que no se les puede escapar a muchos gobernadores, y por eso advierte que la tentación de usar a la policía para controlar el territorio es algo que quedó en evidencia durante la cuarentena, donde muchos funcionarios apelaron a su despliegue masivo para hacer cumplir una medida sanitaria. De allí que en “El hombre fuerte”, una nota dedicada a analizar el accionar del ministro Berni publicada en su Blog “Crudos”, Rodríguez Alzueta remate: “Esos funcionarios juegan en el límite haciendo equilibrios muy difíciles, creyendo que pueden controlar sus efectos con el lápiz de la política”.

*Nota publicada en Revista Zoom