sábado, 14 de noviembre de 2015

La Marcha de la Gorra en revista Sudestada

Córdoba: miles de jóvenes se movilizan con sus gorras
Una marcha anual: diversa, alegre y generosa…


Texto: Mariano Pacheco
Fotografías: Santiago Rochietti



Como cada año desde hace casi una década, el cruce de Colón y Cañada será el epicentro en donde miles de personas se darán cita este miércoles 18 de noviembre, a las 17 horas, para participar una vez más de “La Marcha de la Gorra”. En su novena edición, esta movilización llevará como consigna central una frase que aún no fue definida, ya que se decide colectivamente en los encuentros previos que realizan una gran cantidad de colectivos sociales de la provincia, quienes durante semanas se reúnen para preparar aquello que muchos califican como el evento político más importante de Córdoba. “Después de la marcha del 24 de marzo”, se apresuran en aclarar algunos. Como sea, lo cierto es que son movilizaciones tan grandes como aquellas que conmemoran el inicio de la última dictadura, con la diferencia de que plantean demandas que atraviesan una realidad cotidiana actual (vinculadas con la violencia institucional como política de Estado). Demandas que podrían pensarse como “huellas”, que aún persisten en democracia, del proceso de terrorismo de Estado, que por supuesto, comenzó mucho antes de 1976.

AHORA ES NUESTRA LA CIUDAD

La Marcha de la Gorra es convocada cada año por el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y confluye tras su bandera el más amplio espectro político. Dicho con rigor, no es una única columna la que marcha, sino una multiplicidad en movimiento.
La primera edición de esta marcha se realizó en 2007, bajo la consigna “¿Por qué tu gorra sí, la mía no?”. De allí en más, cada noviembre, un amplio espectro de la población cordobesa salió a las calles para exigir la derogación del Código de Faltas y el respeto de las garantías democráticas, en una provincia en donde no suelen cumplirse con frecuencia. Un ejemplo: durante los primeros siete meses de 2014 (tras el “acuartelamiento” policial de diciembre de 2013), se registraron en Córdoba siete casos de gatillo fácil. A fines de octubre de cada año la Policía solía difundir las cifras oficiales de aprehensiones en la vía pública. Pero desde 2011 ya no lo hace. Ese año hubo 73.100 detenciones en todo el territorio provincial, es decir, un promedio de 200 diarias. Dicho de otro modo: una cada 8 minutos. En la ciudad-capital las cosas son peores: entre 2009 y 2011, hubo un aumento del 54% en las detenciones. Y en 2014 se sumaron los “operativos humillación”, detenciones masivas en donde los aprehendidos fueron encerrados en “corralitos”, exhibidos ante la mirada atenta de los “vecinos alertas”.
La segunda marcha, en 2008, se convocó bajo la consigna: “Una oreja para los chicos”. La del año siguiente fue “Los jóvenes al centro”. La cuarta: “Contra el Código de Faltas. ¿Y los Derechos que nos faltan?”. En 2011, “Nos detienen por la cultura”. Con esta la quinta marcha se dio inicio a lo que se denominó “Alto Embrollo”, una forma de “dar visibilidad a las producciones culturales que surgen desde los barrios, como los talleres de poesía o comunicación, el hip hop, los grafittis”, cuenta Lucrecia Cuello, del Colectivo de Jóvenes.
Al año siguiente el lema fue: “Tu código trata de desaparecer nuestra alegría callejera”. Para la 7° Marcha de la Gorra, en 2013, el slogan fue “Tu seguridad nos limita, nuestra Resistencia es infinita” y el año pasado: “Más vale gorras embrollando, que la Policía matando”. En el marco de esta octava marcha se realizó por primera vez “La Gorra Literaria”, un ciclo de talleres, charlas y eventos que le sumó a Alto Embrollo el aporte de escritores, periodistas, poetas y comunicadores que buscan inscribir la “batalla cultural” en el marco de la pelea más amplia que vienen librando los movimientos sociales. Este año, el evento ya comenzó en octubre y se extenderá por un mes.
Lucrecia Cuello, referente del espacio cuenta en diálogo con este cronista que si bien al principio el Colectivo de Jóvenes se reunía fundamentalmente para organizar la Marcha de la Gorra, con el paso de los años fueron asumiendo un trabajo durante todo el año. “Primero fue darnos cuenta que en el verano el nivel de actividad de las organizaciones anti-represivas disminuía, pero aumentaban las detenciones arbitrarias. Entonces comenzamos a realizar guardias en enero y febrero. Después se fue consolidando un grupo y hoy valoramos fuertemente el respeto que se nos tiene desde los distintos espacios políticos, que seguramente podrán tener muchas diferencias de criterios, pero que apuestan, o más bien debería decir, apostamos entre todos a cuidar el espacio de organización de la movilización. Es, creo, una forma de ver cómo es posible organizarnos, y salir a las calles más allá de las diferencias”, repasa la joven militante. Y remata: “Hoy en día no es sólo el problema de los pibes de la gorra, sino también de las trabajadoras sexuales, de los carreros… es un problema de todos”.

PUTAS, LUMPENES Y CIRUJAS
Si bien ningún ciudadano queda libre de sospechas ante el Código de Faltas, son sobre todo los jóvenes de los barrios populares, y trabajadoras (como las “sexuales) y trabajadores (como los “cartoneros”) quienes más se ven afectados por esta política de policialización de la ciudad.
Sergio Job, abogado de la cooperativa de Carreros La Esperanza y militante del Encuentro de Organizaciones, destaca la importancia de que la marcha se haya sostenido, y plantea que esto muestra el “carácter altamente represivo del Estado policial cordobés, y de cómo viene estructurando su poder”, ante lo cual, de todos modos, “crece un proceso de resistencia cada vez más amplio y radical en sus posiciones, porque no se va por la modificación de un código represivo y persecutorio armado en función de los intereses de los de arriba, sino por su anulación”. También hace hincapié en que la marcha expresa “las batallas contra la violación de los derechos humanos actuales”, como lo son la discriminación, la segregación territorial y el racismo institucional. “El reclamo se ha vuelto generalizado para la población con vocación democrática, y suma nuevos sectores, como los carreros y las trabajadoras sexuales”, dice finalmente.
Desde hace una década y media, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), enrolada actualmente en la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) “Autónoma”, lucha por frenar la criminalización del sector.  Si bien en la propuesta oficialista de modificación del Código de Faltas se derogaría el artículo 45 (que sanciona la figura de “prostitución escandalosa”), desde AMMAR denuncian que sigue ausente en el debate ciudadano una “verdadera discusión a la hora de reglamentar los usos del espacio público y las limitaciones de las libertades individuales”. También que el Código cuenta con otros artículos que sancionan el “nudismo” y los “tocamientos indecorosos”, que no solo siguen marcando “una línea conservadora de potestad sobre el cuerpo y sus usos”, por parte del Estado, sino que además son las herramientas a través de las cuales los agentes policiales se valen para perseguir a las trabajadoras del sector, empujadas a vivir en la clandestinidad, en medio de abusos y la violencia “propia de las prácticas policiales” avaladas por la legislación vigente.
Respecto de cómo manejarse ante alguna de estas figuras que impulsan a la policía a realizar detenciones arbitrarias, el Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF) viene realizando una serie de talleres en todos los lugares en donde se los invita. También tiene una intensa actividad de denuncia sobre “las políticas represivas del Estado”. Así lo cuentan, en conversación con este cronista, Raúl y Julieta, quienes también anuncian que en un breve lapso de tiempo tendrán “subidos” a su página de Facebbok unos “cortos” que han elaborado para difundir las “razzias” policiales y los casos de gatillo fácil que se vienen sucediendo en la provincia. Junto con estos videos, comentan los jóvenes militantes, también difundirán lo que denominan una “cartografía”, un mapa interactivo donde podrán verse con claridad sobre qué espacios geográficos (en qué poblaciones) estuvieron concentradas dichas razzias. Además de apoyar a la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, el FOCCOF, junto con la Coordinadora Antirepresiva, el Portal de Noticias Mucho Palo y el Colectivo de Jóvenes, estuvieron realizando durante el año la proyección de la película-documental “Nunca digas nunca”, donde pueden verse los casos de los “asesinados por la democracia”.
Uno de esos casos es de Nicolás Nadal. Sergio, su padre, integra la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, que se viene manifestando frente a Tribunales II una vez por mes, con el objetivo de “meter presión” para que las causas “no duerman”. Nadal caracterizó como “muy cruel” la actitud que está teniendo la Justicia respecto de estos casos. “A los pibes no los dejan vivir. La policía los maltrata. Como van a tener oportunidades en la vida si, cuando estudian, cuando trabajan, tienen problemas porque los paran por la calle, o viajando, los detienen. Hay chicos que hasta han perdido el trabajo”, agrega. “Los patrones no entienden, o no quieren entender. La policía, en vez de cuidarlos como ciudadanos, los molesta. A ellos, porque son laburantes, son pobres. A los de los country no los molestan”, remata.

EL CÓDIGO EN CUESTIÓN


Visto desde el enfoque de “derechos”, tan boga hoy en día, uno de los problemas del Código de Faltas es que limita el ejercicio de derechos que están presentes en la Constitución Nacional, como por ejemplo, el derecho a transitar libremente por la vía pública. Así que se podría entrar en un largo debate respecto de la inconstitucionalidad del mismo. Y aun partiendo del supuesto de su legalidad, ya ha quedado más que claro que funciona como una suerte de “pase libre” para la policía. Al cierre de la edición de esta nota comenzaba el juicio contra Pablo Márquez, un comisario pasado a retiro acusado de presunto “abuso de autoridad y coacción reiterada” por ordenar detenciones arbitrarias con el fin de “inflar los números” de las estadísticas de los operativos policiales. Entre 2005 y 2012 Márquez fue profesor en la escuela de Suboficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba. Allí impartía clases sobre… “Prevención Policial y Código de Faltas”. En marzo de este año fue retirado de la fuerza, luego de que dos policías pusieron en evidencia sus maniobras y lo denunciaran. El abogado que los representa es Carlos Nayi, quien ha destacado el hecho de que dichas prácticas estuvieran legitimadas por la plana mayor de la policía (en ese entonces encabezada por el comisario general retirado Alejo Paredes). De allí que Márquez haya insistido en que la gestión policial “le soltó la mano”. Se refiere al ahora Jefe de Policía Julio César Suárez, quien fuera uno de los pioneros de esta dinámica de “inflar los números”, cuando era jefe de unos de los distritos más “calientes” de la capital provincial. Entre 2004 y 2005, Suárez promovía la competencia: medir qué Distrito detenía a más ciudadanos por día. La pareja policial que efectuaba más detenciones, era “premiada” con una foto que, por el lapso de un mes, quedaba colgada en las paredes del CAP con sus rostros sonrientes, marcando la tendencia de aquello que el periodista Waldo Cebrero denominó la “mac-donalización” de la fuerza.

MICROFASCISMOS Y POLÍTICAS DE ESTADO
Es el Estado, claro. Son los medios hegemónicos de comunicación. Las “lógicas de temor y control” de las que habla Esteban Rodríguez Alzueta. La ciudad enrejada, el mundo “domos” que aparece en las canciones de la banda de rock Besadores enjaulados. Son las macro-políticas de “los de arriba”, claro. Pero también son los microfascismos que circulan horizontalmente. Esa suerte de “fascismo molecular”, rudimentario, que organiza los valores hegemónicos de nuestra sociedad, y que pudo verse expresado en esa “voluntad de linchamiento” que recorrió ciertos rincones de nuestra patria en los últimos tiempos, y que no puede ser pensado sino en el marco de cierto imaginario colectivo, de la encarnación de un nuevo mal, de un demonio post-dictatorial, que es la expresión sincera y descarnada de una violencia poblada de prejuicios y amasada en infinidad de conductas, de comentarios y silencios cotidianos, sobre el que se monta una ideología claramente de derecha, pero también, donde anida cierta indiferencia que se expresa luego en sentido común, el más común de todos los sentidos, como dijo un marxista italiano alguna vez. Sentido común que es puesto en cuestión cada vez que una porción de la población se organiza, y lucha por cambiar la situación en la que se encuentra.

UNA MARCHA GENEROSA
La Marcha de la Gorra es una movilización generosa, donde tienen cabida, en su interior, muchas marchas. Suele haber mucho ritmo, muchos colores y alegría.  Participan de ella miles de jóvenes que integran organizaciones sociales, espacios comunitarios y culturales, bibliotecas populares, agrupaciones estudiantiles, partidos políticos, grupos de amigos o que simplemente se sienten interpelados como ciudadanos y ese día se movilizan. O más bien, que ese día pueden sentir que son ciudadanos de esa República Burguesa que, el resto del año, les niega sus más elementales derechos, ya no el de protestar, sino tan solo el de transitar libremente por la ciudad. Porque en una tarde “normal”, no podrían hacer los mismo, con excepción de verse expuestos a ser detenidos por la policía, molestados, seguramente encarcelados. Así que ese día se “desquitan”: cantan, saltan, bailan. Cada uno puede sumarle sus colores y sus cánticos, sus consignas y estilos a la movilización.
Es una marcha tan rara que contiene una amplia diversidad. Además de las banderas de las distintas fracciones políticas hay grupos de teatro que realizaban “intervenciones”, otros que hacen grafitis en las paredes que se cruzan a su paso. Suele haber murgas, batucadas y comparsas. Y cajones peruanos. Y muchas fotografías: de los fotógrafos (profesionales de los medios y amateurs), y de los cientos de muchachos y de chicas que se fotografiaban con sus celulares, como quien está en un cumpleaños, o en una fiesta. Por supuesto, no están ausentes las banderas y pancartas, con consignas y nombres, que dan cuenta del flagelo que está en el origen de la protesta: la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias e incluso, los asesinados en casos de “gatillo fácil”.
De allí que la multitud que se expresa con arte, con alegría, no por eso olvida el reclamo político que la incita. Una exigencia que se dirige a la institución policial, a la corporación judicial, al gobierno de turno (un turno que lleva ya década y media), y también, a los “buenos vecinos”, esos que con sus comentarios y prejuicios aportan cada día a estigmatizar a una importante cantidad de jóvenes y adolescentes que, con sus viseras, su vestimenta, sus bandas de música y sus modismos, intenta hacerse un lugar generacional en la sociedad. En clara sintonía con la banda de rock Los Gardelitos, ese día asumen que la ciudad les pertenece. Por eso marchar, en ese contexto, implica no solo protestar, sino rescatar un momento de amistad, de compañerismo y de camaradería, donde todos son pares.
Marchar. Cantar. Bailar. Y por qué no, darle al bombo con su más generoso rencor.




miércoles, 11 de noviembre de 2015

Trabajadoras sexuales presentaron un nuevo Hábeas Corpus Preventivo Colectivo

Estrategia jurídico-política de los movimientos sociales
Hoy en Córdoba

@PachecoenMarcha


Encabezadas por los abogados  Martín Rodríguez y  Sergio Fernando Job, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar)-Córdoba presentaron esta mañana un nuevo Hábeas Corpus Preventivo Colectivo en Tribunales II. La acción se realizó en el marco de las actividades previas a la 9° Marcha de la Gorra, que este año se llevará adelante el miércoles 18 de noviembre. Continuando con la estrategia judicial elaborada de manera conjunta por AMMAR,  la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza, el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y el grupo de Jóvenes del barrio Los Cortaderos, las mujeres trabajadoras sexuales plantearon ayer su problemática: que se ve coartada a diario su libertad ambulatoria y que son perseguidas mientras desempeñan su trabajo. También denunciaron el Código de Faltas y el  “uso incorrecto”  que las fuerzas policiales hacen de la Ley de lucha contra la trata de personas (Ley Provincial 10.060). “Negadas como ciudadanas, como trabajadoras, como mujeres plenas que deciden salir de las sombras para decir su voz; es que la ley es y artículos en cuestión, están siendo sistemáticamente utilizados, para perseguir cualquier intento de organización independiente de las trabajadoras sexuales. Intentos por formar cooperativas de trabajo que escapen, controlen y persigan la trata y el trabajo infantil. Cooperativas conformadas por mujeres libres mayores de edad, que voluntariamente deciden (por la razón que fuere) ejercer el trabajo sexual como medio de vida para ellas y así sustentar a sus hijos e hijas”, expresaron desde AMMAR.


miércoles, 4 de noviembre de 2015

Córdoba: estrategia jurídico-política de los movimientos sociales

Se presentó hoy un segundo habeas corpus preventivo
En el marco de la 9° Marcha de la Gorra

Por @PachecoenMarcha
(diario El Argentino)




A partir de una estrategia jurídico-política diseñada de manera conjunta entre organizaciones sociales y abogados de derechos humanos, se presentó esta mañana, en tribunales II, un Habeas Corpus Preventivo Colectivo en favor del Grupo de Jóvenes del barrio Los Cortaderos. Allí murió, el 26 de julio del año pasado, Fernando “Güere” Pellico, en circunstancias en donde todo parece indicar que se trató de un caso de “gatillo fácil”, a manos de dos agentes (Lucas Chávez y Rubén Leiva, quienes se encuentran imputados por el presunto delito de homicidio agravado y calificado), que fueron señalados por distintos vecinos como proclives a ejercer un permanente abuso de autoridad e incluso, hay quien los acusan de haber asesinado antes a otro muchacho. Por eso ayer, un grupo de delegados de distintas agrupaciones se dirigieron a los tribunales para solicitar al Juzgado de Control de turno que “haga cesar inmediatamente la amenaza a la libertad y se pronuncie sobre la constitucionalidad del Código de Faltas”, según señalaron los manifestantes. Según se fundamenta en la iniciativa legal, el problema es que los jóvenes “son sistemáticamente perseguidos sin razón alguna por la Policía, violentados, maltratados y torturados tanto en la vía pública como en los lugares de detención”. Representados por los abogados Sergio Fernando Job y Martín Rodríguez, el Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF), el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR-Córdoba), el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (Cecopal), y las Asociaciones Civiles Servicio en Promoción Humana (Serviproh), La Minga y el Servicio Habitacional de Acción Social (Sehas), acompañaron a los letrados y los Jóvenes de Los Cortaderos a efectivizar esta acción, que se enmarca en una serie de actividades previas a la 9ª Marcha de la Gorra, que se realizará en la capital provincial el próximo 20 de noviembre.

La de hoy fue la segunda de una serie de cuatro presentaciones que están plateados como parte de una estrategia judicial colectiva elaborada entre las organizaciones mencionadas. Mañana se realizaría la tercera, encabezada por el Colectivo de Jóvenes, organizadores desde hace nueve años de la Marcha de la Gorra, una de las movilizaciones más multitudinarias de la provincia, en donde confluyen las más diversas expresiones políticas y sociales en post de una consigna central que los aglutina a todos, más allá de los diferentes enfoques: “Derogación del Código de Faltas”.

Córdoba: ocupación de tierras en Parque las Rosas

Vecinos denunciaron nuevo atropello policial

Por @PachecoenMarcha
(diario El Argentino)


Hoy, llegando a horas del mediodía, un agente policial ingresó dentro del predio donde unas docenas de familias sostienen desde hace casi dos meses la ocupación de unas tierras en donde pretenden edificar un nuevo barrio. El uniformado entró a los terrenos sin ningún tipo de orden judicial, según denunciaron los vecinos a través de un comunicado, en el que se describe que el integrante de la Policía de Córdoba derribó a patadas una de las precarias construcciones que habían levantado para intentar combatir las fuertes lluvias que asolaron la ciudad en estos días. “Quieren que resistamos las condiciones climáticas de manera aún más precarias que la que ya venimos teniendo”, argumentó Matías Ruffener, uno de los jóvenes que oficia como vocero del colectivo de vecinos, quien por otra parte comentó que, sin este tipo de construcciones (precarias), no pueden ni siquiera garantizar que no se les mojen sus colchones y vestimenta. “Cuando un vecino intentó pedir explicaciones, fue agredido verbalmente por el policía, siendo amenazado, no pudo hacer nada ante el actuar agresivo del mismo”, expresó Ruffener, quien agregó que la lucha por el derecho a una vivienda digna, que vienen emprendiendo, “es atacada a diario por la policía, que  trata de amedrentarnos como lo hace también con otros sectores que no se resignan a vivir condenados a la vida que les tocó”.



Córdoba: condena por femicidio

Luis Díaz fue condenado a prisión perpetua
por el femicidio de Debora Sily


Por @PachecoenMarcha
(diario El Argentino)



Luis Eduardo Díaz, de 44 años, fue condenado hoy a prisión perpetua por el femicidio perpetrado contra su concubina, Débora Alejandra Sily, de 35, que era madre de una niña de 4 años. La trabajadora sexual fue asesinada a puñaladas en octubre de 2013, en una pensión situada en la calle Entre Ríos al 100, en esta ciudad, lugar en el que ambos vivían. La Cámara Cuarta del Crimen y un jurado popular lo hallaron culpable y fue condenado por cometer un “homicidio calificado por el vínculo y violencia de género”. Según informaron fuentes judiciales, el fiscal de juicio Raúl Gualda había solicitado en los alegatos que Díaz fuese condenado a prisión perpetua bajo la carátula de “homicidio calificado por el vínculo”, mientras que la defensa solicitó la absolución por “legítima defensa”, ya que el acusado argumentó en el juicio que se había defendido cuando su mujer lo atacó con un cuchillo durante una discusión. Versión que fue cuestionada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR-Córdoba) por considerarla “machista y estigmatizante”. Desde AMMAR celebraron que se haya hecho “justicia” por el “brutal asesinato” de una de sus compañeras, a la vez que protestaron porque la voz de las testigos fue “deslegitimada” por tratarse de trabajadoras sexuales.


El costo del miedo: informe sobre seguridad elaborado por la Universidad Católica de Córdoba

Colectivo de investigación El Llano en Llamas

 Por Mariano Pacheco
(@PachecoenMarcha)
  
El Equipo de Investigación universitario “El llano en llamas” publicó esta semana un extenso informe, titulado “El costo del miedo: cifras claves respecto de los gastos en seguridad para el caso de la Provincia de Córdoba”, que El Argentino reseña, a modo introductorio, para recomendar su lectura.
  


El colectivo, integrado por docentes/investigadores y estudiantes universitarios de la provincia, surgió en el año 2004, a partir de un programa de investigación desarrollado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se dedica al estudio de conflictos sociales. En 2013, en medio de una conflictiva crisis habitacional, en la que se realizaron ocupaciones de tierras para construir viviendas en distintos puntos de la provincia, El Llano en Llamas elaboró un “Informe Preliminar, 2que llevó el título de “Criminalización de Tomas de tierras en Córdoba”. El año pasado, el equipo dirigido por María Alejandra Ciuffolini, confeccionó un nuevo informe: “La pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales en la Provincia de Córdoba”. Este año se explayaron en profundidad sobre las políticas de seguridad de la gestión delasotista, en un informe que puede leerse entero, de manera gratuita, ingresando al sitio web: http://www.llanocordoba.com.ar. A continuación, un repaso por alguno de sus puntos centrales.

LA SEGURIDAD EN DEBATE
Según analiza el colectivo de investigación, la política de seguridad desplegada en la provincia cuenta con múltiples denuncias e impugnaciones, que señalan el carácter “arbitrario y estigmatizante” de sus prácticas, así como también “el abuso policial y la corrupción que trae aparejados”. Así, el Estado provincial otorga prioridad a los recursos pertenecientes al área de Seguridad, sin que tal esfuerzo monetario se traduzca en políticas y programas efectivos para la contención de la delincuencia y la inseguridad. Para 2015, en el gasto en seguridad estipulado por el gobierno en el presupuesto anual previsto, se otorga una mayor importancia relativa a las erogaciones vinculadas al área de Seguridad que a otras como Educación y Salud.
Mientras que en “Servicios de Seguridad y Justicia” la variación presupuestaria anual del 2014 al 2015 fue del 54,5%, en “Salud” fue del 44,1% y en “Educación inicial y primaria” fue del 9,6%. A esto –insisten desde el equipo universitario- hay que sumar el “gasto privado”, donde se advierte que las familias cordobesas destinan gran parte de sus ingresos a la adquisición de bienes o servicios que actúan de manera preventiva para su protección y seguridad. “Esto evidencia la sensación o percepción de riesgo e inseguridad que se vive nuestra sociedad”, argumentan.

EL DEBATE EN CIFRAS
El presupuesto 2015 para el área de Seguridad y Justicia registró un incremento del 54,5% en relación con 2014. Se destinaron $8.044 millones, es decir, un 12,5% del gasto total de la Administración General.
Según el colectivo de la Universidad Católica, si analizamos comparativamente el gasto per cápita durante el año 2015, podemos registrar en el rubro “Educación inicial y primaria” un total de $1.311 por habitante, mientras que en “Salud” el gasto presupuestado anual por persona fue de $1.734, y en el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia”, el valor es de $2.255 per cápita. Dicho de otro modo: mientras que las erogaciones presupuestadas en el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia” implicaron un gasto de 2.255 pesos por persona para el año 2015, en “Salud”, en cambio, se observa un gasto per cápita menor, de 1.734 pesos para el corriente año, mientras que en “Educación inicial y primaria” el valor obtenido fue aún inferior, de 1.311 pesos. “Los incrementos interanuales en cada caso son aún más preocupantes que los de los montos nominales de cada rubro: mientras que las erogaciones en ´Servicios de Seguridad y Justicia´ por persona se incrementaron un 52,8% en relación al presupuesto 2014, el gasto en ´Salud´ per cápita aumentó un 42,6% y el gasto en ´Educación inicial y primaria´ un escaso 8,4%”, especifica el documento.
Las cifras que presentamos en los cuadros, a continuación, adquieren una relevancia fundamental, si se tiene en cuenta –tal como destaca El Llano en Llamas- que son “los marginados del poder político/económico quienes sufren en mayor medida el accionar del dispositivo de control y seguridad implementado a nivel provincial”. De este modo, en la Córdoba actual y tras una década y media de gestión del “delasotismo”, asistimos a un territorio “fragmentado, que excluye y ejerce violencia con mayor intensidad sobre estos sectores”.


DIVISIÓN DEL GASTO 2015 PREVISTO POR ÁREAS

--SEGURIDAD INTERIOR: 81,1% ($6.526 millones)
--“SISTEMA PENAL”: 15,6% ($1.251 millones)
--“ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD”: 2,5% (197 millones)
-- JUSTICIA”: 0,9% ($70 millones).

VARIACIÓN INTERANUAL DEL GASTO
EN SERVICIOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
(en porcentaje: 2014-2015)

-- Servicios De Seguridad y Justicia: 54,5%
-- Seguridad Interior: 55%
-- Sistema Penal: 56,5%
-- Administración De La Seguridad: 34,3%

-- Justicia: 34,5%

Vecinos denunciaron intimidaciones e intentos de desalojo de viviendas

Villa del Río (localidad de Anisacate, provincia de Córdoba)

Por @PachecoenMarcha


Vecinos del barrio villa del río, de la localidad de Anisacate, denunciaron que ayer por la mañana, un camión con dos palas mecánicas, pertenecientes a una empresa de desmalezamiento, se presentó en el lugar, queriendo irrumpir en los terrenos. Según denunciaron los pobladores, las máquinas habrían sido contratadas por la empresa IMPETRA SA, que los viene hostigando desde hace varias semanas. “Hemos recibido visitas de la policía solicitando datos de los poseedores, además de haber padecido un violento intento de desalojo de la vivienda de una vecina, a la que le destruyeron casi toda la casa (una casilla) a mazazos, y todo sin ninguna orden judicial”, comentó a este medio Laura, una de las vecinas que vive desde 2008 en el lugar. Se trató de la vivienda de Zaida Palminio, a quien un policía le dijo luego que en esa tierra no se podía construir porque esos lotes estaban en proceso judicial y la fiscalía debía expedirse. Asesorados por abogados de derechos humanos, los vecinos se amparan en sus “derechos como poseedores amparados por la constitución nacional y el nuevo Código Civil” para permanecer en el lugar, y solicitan la presencia de funcionarios en el lugar: del Intendente Ramón Salazar, pero también del secretario de gobierno Hernán Sonzini, entre otras cuestiones, para que hagan cumplir la ordenanza municipal “que prohíbe desmontar monte nativo”. Laura agregó que todos los funcionarios locales mantienen “sus teléfonos celulares apagados”. Organizados en una agrupación vecinal a la que han denominado “El Piquillin”, los vecinos de este rincón del Departamento Santa María exigen que se les regularice su situación, para que puedan acceder al derecho de pagar los impuestos municipales, y contar con acceso a los servicios de agua y luz eléctrica. Declarados en “estado de alerta”, los pobladores se mantienen realizando asambleas y evaluando la posibilidad de iniciar acciones directas si no obtienen respuestas en las próximas horas.