jueves, 3 de diciembre de 2015

A dos años del acuartelamiento policial

Opinión*


Por Mariano Pacheco


El Hombre dice por los medios de comunicación estar muy preocupado por la situación, estar trabajando con su gabinete para solucionar el conflicto. Pero una fotografía capturada desde un teléfono celular lo muestra vestido de sport, muy tranquilo, sentado en una silla del Aeropuerto de Panamá, con una bolsita verde y blanca entre sus manos, de esas que entregan en los free shop donde los turistas suelen ir de compras antes de subir o después de bajar de un avión.
José Manuel De la Sota se encontraba camino a Colombia cuando se desató la rebelión de los azules: tenía pensado asistir a un encuentro regional de gobernadores. Según declaró en un primer momento, la protesta policial desatada el 3 de diciembre lo tomó por sorpresa. Sin embargo, el día anterior, esposas y familiares de los agentes habían protagonizado una protesta frente al edificio de la Guardia de Infantería, protesta que no tuvo ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades políticas. El malestar por bajos salarios del personal subalterno era creciente; si bien primero De la Sota tuvo un discurso confrontativo (“La Policía no puede hacer paro, porque los ladrones no hacen paro”, dijo), y acusó a los miembros de la fuerza de haber abandonado a la gente a su suerte), después llegó al país y “pactó” con los jefes de la institución. El incremento salarial de más del 30 % para el personal de la fuerza (elevando el básico a 8 mil pesos a partir de febrero de 2014) y la promesa de que no habría sanciones ni represalias para los huelguistas destrabó el conflicto. El acuerdo fue firmado entre las esposas de los policías y las autoridades de la Provincia.

“Vecinocracia engorrada”
Mientras se desarrollaba el acuartelamiento de los agentes de la Policía de Córdoba fue asesinado Javier Rodríguez, de 20 años, quien falleció luego de recibir un disparo durante un saqueo en Villa Ciudad Evita. Otras 200 personas resultaron heridas y fueron unos 400 millones los que pequeños, medianos y grandes comerciantes perdieron tras los disturbios y los hurtos.
Se produjeron saqueos, claro, pero también intentos de linchamientos por parte de aquello que el abogado y ensayista Esteban Rodríguez Alzueta denominó como la “vecino-cracia”, esa que intenta ocultar “actos criminales” (o pulsiones criminales, podríamos agregar), con supuestos actos de “justicia ciudadana”. Los vecinos “engorrados”, según los caracterizan desde el Colectivo Juguetes Perdidos.
La dinámica social que pone en el centro de la vida el derecho y la defensa de la propiedad lleva a muchos sectores de la población a ocupar posiciones difíciles de entender en un contexto de ampliación de derechos y profundización de políticas de Estado, centrado en los juzgamientos a quienes en décadas anteriores violaron los derechos humanos
Se sabe, en el sistema político en el que vivimos es el Estado quien detenta el poder de monopolizar el uso legal de la violencia. Si las fuerzas encargadas de custodiar el orden se reservan el derecho de no actuar, el vacío de poder es inconmensurable. Sin comercios, bancos, shoppings, supermercados, escuelas, ni dependencias públicas abiertas; sin transporte público en funcionamiento, Córdoba se pareció durante horas a una ciudad devastada.

La sombra azul
El 3 y 4 de diciembre de 2013 fueron días sombríos para los cordobeses. Pero la sombra se extendió a otros lugares del país, y el “efecto contagio” se replicó con velocidad. Distintas policías provinciales siguieron la “pedagogía del cordobesismo” y reclamaron subas salariales y mejores condiciones laborales. Como no se recordaba en el país desde los alzamientos carapintadas, allá por finales de la década del ´80, la democracia mostró la cara más cruda de sus cuentas pendientes respecto de las políticas de seguridad. La casa no estaba en orden, y las huellas de un trago amargo se presentaron como un “especial” para la Navidad que se avecinaba.
Que en el epílogo de la década ganada se encuentren hechos como los de los saqueos da cuenta de algún modo que las lógicas de inclusión para el consumo pueden transformarse en un callejón sin salida, si no se produce un cambio cultural respecto de los modos de vida, de cómo entendemos el mundo y nuestro lugar en él. 


*Nota que será publicada en la edición Córdoba del diario El Argentino, viernes 4 de diciembre de 2015.

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