Panorama
del conflicto de transporte en Córdoba
Por
Mariano Pacheco*
(@PachecoenMarcha)
Apenas
dos semanas después de conmemorarse un nuevo aniversario del
Cordobazo, la ciudad de Córdoba amaneció ayer con una postal que
remitía mucho a imágenes de décadas anteriores, cuando un pujante
movimiento obrero permanecía de pie, con figuras como la del gringo
Agustín Tosco y el Negro Atilio López, pero también con fuerzas
represivas tomando el toro por las astas. Es que ayer lunes 12 de
junio, poco antes de las 7 de la mañana, comenzaron a circular en la
Docta las primeras unidades de colectivos que la Municipalidad de
Córdoba dispuso en medio de un Plan de Emergencia del Servicio de
Transporte, que implicó poner a circular 9 de 72 líneas troncales
de colectivos, con unas cien unidades que realizaron los recorridos
sin cobrar boletos y fueron manejadas por choferes convocados la
noche anterior, vía twitter, por la empresa ERSA, una de las cuatro
que funcionan en la ciudad. Un escenario similar a cuando el gobierno
de Mauricio Macri convocó a “voluntarios” para quebrar la huelga
docente, con la diferencia obvia de lo que implica conducir un
colectivo (de hecho hubo más de un choque provocado por estos
“colectiveros voluntarios”), amén de que en este caso no fue
sólo una expresión de deseo sino una realidad efectivizada con un
predio de la Fuerza Aérea funcionando como “cabecera de línea”
de los colectivos que circularon todo el día con un gendarme en el
primer asiento o efectivos policiales siguiendo cada unidad.
El
séptimo día consecutivo de huelga de transporte culminó con
versiones encontradas, luego de que a las 23.55 horas el Intendente
radical Ramón Mestre (hijo) realizara las siguientes y polémicas
declaraciones ante Cadena 3 Noticias:
“Nosotros
la información que tenemos es a través de los medios de
comunicación. No tenemos ninguna notificación por parte del
ministerio de Trabajo. Nosotros queremos que el servicio se vuelva a
restablecer, pero vuelvo a repetir: seguimos instando a los
trabajadores para que dejen de estar en la ilegalidad y vayan a
trabajar, porque actúan en forma individual y en este conflicto
quien tiene la representación, la tiene de manera colectiva, porque
es la UTA a nivel nacional, por estar intervenido el sindicato UTA
Córdoba, quien tiene la representación. Nosotros no ponemos en
peligro nada. Si el ministro llega a tomar la determinación de
introducir a aquellos que están con derechos individuales a
someterse a una conciliación obligatoria, yo ya estoy fijando una
posición, y es que nosotros no vamos a permitir que aquello que
tiene que ver con las horas no trabajadas, esas no van a ser abonadas
y los trabajadores despedidos han perdido sus trabajos”.
Las
declaraciones del intendente radical-amarillo se produjeron apenas un
rato después de que los trabajadores en huelga hubiesen arribado a
un acuerdo con las empresas en el ministerio de Trabajo de la
provincia, en el que se comprometían a retornar a sus puestos de
trabajo, sin que les descontaran los días de paro y se reintegraran
a los empleados despedidos, para seguir discutiendo el trasfondo del
conflicto sin la medida de fuerza de por medio. Ya entrados los
primeros minutos de hoy, martes 13 de junio, los trabajadores
volvieron a autoconvocarse sobre la calle Vélez Sarfield (casi
esquina San Luis), frente a la Sede Córdoba de la Unión Tranviaria
Automotor (UTA).
Algo
más que el salario en juego
La
huelga que provocó ya dos denuncias penales, 88 despidos y dos
detenidos comenzó el lunes pasado, luego de un primer conflicto
desatado el viernes, cuando los choferes de colectivos y las
conductoras de trolebuses comenzaron a poner en discusión la
paritaria nacional aprobada por el gremio días atrás. La medida se
desató por una diferencia, no menor, del 11,5% en los aumentos
salariales. Los delegados de base denuncian que para este año solo
les corresponde un aumento del 8%, sin retroactivo, y por eso
reclaman que el pago del 21% escalonado en tres cuotas para el
segundo semestre que se acordó con el gobierno sea en un pago,
retroactivo al mes de enero y que sea aplicado a la escala nominal de
Córdoba, con lo que el aumento salarial rondaría así en un 32%.
Desde
que Ramón Mestre asumió la intendencia de la capital provincial, en
2011,
a hoy, el boleto de colectivos aumentó de $2,50 a $12,55. El año
pasado, la paritaria nacional cerró en 27%, mientras que la
inflación anual fue del 35%. “El índice inflacionario dice que en
el primer cuatrimestre tenemos el 11% de inflación, entonces por
todo el año tenemos un 33% de inflación y consideramos que un
aumento de 8% es una burla y sentimos que es una provocación”,
declaró al respecto Érica Oliva, delegada de la empresa Tamse
trolebuses. A esto debemos sumarle que en septiembre pasado la
Seccional Córdoba de la UTA fue intervenida por la conducción
nacional del gremio, bajo argumento de que no se estaban acatando
todas las cláusulas estatutarias. El saliente secretario general
local, Ricrado Salerno, denunció entonces un “golpe institucional”
y desde las esferas nacionales del gremio, sostuvieron que en un mes,
o a lo sumo dos, se normalizaría la situación, cosa que no ha
sucedido hasta el día de hoy. En el medio, delegados de base
comenzaron a tomar cada vez más protagonismo y a denunciar la falta
de democracia sindical. En un proceso muy similar al que
desarrollaron en su momento los denominados “metrodelegados” del
subterráneo de Buenos Aires, estos choferes cordobeses también
pusieron en entredicho en estos días la rigidez del “imperio
Fernández”, según denominan muchos trabajadores a los modos en
que Roberto maneja el gremio, quien luego de declarar que “desde
Córdoba no nos van a manejar el sindicato”, firmó un duro
comunicado en el cual se expresa –entre otras cuestiones-- que “de
persistir los trabajadores en el incumplimiento al acatamiento de las
directivas de nuestra entidad, quedarán fuera de la cobertura
gremial de UTA, debiendo asumir las consecuencias de su incorrecto
proceder”. Tras solicitar a sus afiliados que “depongan su
actitud”, la conducción nacional de UTA recordó que “solo
nuestro sindicato está legitimado para lograr la reincorporación de
los despedidos, el cese de las intimaciones y la recuperación de los
días perdidos” y exigió a los otros gremios y partidos políticos
que se habían solidarizado con la protesta, que desistan su actitud,
ya que consideraron que su accionar estaba “socavando las bases del
estado de derecho y del sistema democrático”.
Este
es el contexto de fondo en el cual se inscribe la huelga de choferes
en Córdoba.
Unidad,
solidaridad, organización
Con
la ausencia de los secretarios generales pero con la participación
activa de los cuerpos orgánicos, los principales gremios de Córdoba
participaron ayer del acto que se realizó frente a la sede de UTA
tras una movilización por las calles de la capital provincial, de la
que también participaron organizaciones y partidos políticos,
agrupaciones estudiantiles y movimientos sociales, entre los que se
destacaron la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y la
Federación de Estudiantes Secundarios (FES); la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); el sindicato de Luz y
Fuerza; el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales
(SUOEM); la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios
de Córdoba (ADIUC); las dos CTA y el Sindicato único de Recolección
de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC), cuyo secretario general,
Mauricio Saillén, reclamó desde el escenario que se realizara un
referéndum revocatorio del mandato del intendente, en contraposición
con los dichos de Ramón Mestre, quien había solicitado realizar una
consulta popular para que la población votara sobre la posibilidad
de hacer del transporte un servicio esencial (postura que el diputado
radical, su hermano Diego, también llevó al Congreso de la Nación).
Según
el artículo 146 de la Carta Orgánica Municipal, la Revocatoria
“puede ser promovida por no menos del diez por ciento (10%)
del
electorado para revocar los mandatos a las autoridades municipales electivas”, en una elección de carácter obligatorio.
electorado para revocar los mandatos a las autoridades municipales electivas”, en una elección de carácter obligatorio.
El
orden cordobesista contra los trabajadores
Todas
las fuerzas del orden se posicionaron durante la semana contra la
huelga protagonizada por los trabajadores de UTA: la conducción
nacional del gremio; la intendencia de Cambiemos; la gobernación
justicialista; las empresas de transporte; la Cámara de comercio y
los medios hegemónicos de comunicación, que promovieron cada día
una violencia inusitada contra la medida de fuerza, reclamando
despidos y fomentando la violencia social. Todas las fuerzas del
orden cordobesista alzaron su voz y mostraron unanimidad contra este
sector de la clase trabajadora cordobesa, que hoy se debate en torno
a un conflicto que comenzó siendo salarial, y que hoy se ha
transformado en el principal elemento de una crisis política que
atraviesa todos los estamentos de gobierno local y provincial.
*Nota publicada en revista Zoom.
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