Por Diego Sztulwark, para Lobo suelto
En medio de la preocupación por la amenaza de cumplimiento del desalojo de la toma de Guernica, el filósofo Diego Sztulwark surgió la posibilidad de entrevistar a Mariano Pacheco y Neka Jara. El texto completo con ambas intervenciones fue publicado en el Blog Lobo Suelto! Comenta Sztulwark en la presnetación: “Ambos compañerxs de larguísima y reconocida trayectoria militante en las organizaciones sociales y populares autónomas fueron parte activa de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón y hoy forman parte de experiencias de autoinstitución popular que, en medio de la pandemia, combinan cuidados colectivos y lucha social. La propuesta fue que cada uno respondiera por su cuenta y con sus compañerxs más cercanos tres preguntas comunes: Neka, ofreciendo un punto de vista territorial feminista como militante de Las comarqueñas y Mariano como parte del Instituto Generosa Frattasi, perteneciente al movimiento gremial de los trabajadores precarios”. Reproducimos a continuación las respuestas de nuestro director y al final compartimos el link a la versión completa de la nota, donde se incluyen las respuestas de ambos publicadas originalmente*.
La primera pregunta que les quiero formular es la siguiente: cómo ven, cada uno desde su inserción actual, la evolución de la conflictividad social. En particular les pregunto en cómo se crea organización popular en la pandemia.
Creo que la pandemia del COVID 19 puso al mundo en una situación por demás compleja, y a los Estados nacionales –más allá de las limitaciones de maniobras que puedan tener en el marco del Nuevo Orden Mundial Neoliberal (fase actual del capitalismo)- ante el desafío de posicionar una política de salud determinada, de la mano del abordaje económico y social frente a la crisis. Esta situación debe ser analizada al calor del proceso corto de los últimos cuatro años; del mediano, que se abre diciembre de 2001, y del largo de la posdictadura. Es decir que hace falta dar cuenta del proceso más general, teniendo en cuenta las limitaciones que en Latinoamérica mostraron tanto las gestiones progresistas del Estado como las luchas sociales desde abajo que no se plantearon una estrategia de poder. A todo esto hay que sumar el frente que venció electoralmente al partido neoliberal, es excesivamente heterogéneo. El Frente de Todos está compuesto tanto por las organizaciones populares con mayor capacidad de movilización y presencia territorial nacional, como por las corrientes progresistas que gobernaron la Argentina durante tres mandatos consecutivos (y dejaron al país en las condiciones en la que lo dejaron en 2015), y también por sectores peronistas que tranquilamente en otra coyuntura podrían haber integrado el bloque de fuerzas neoliberales. Fuerzas que no han sido derrotadas sino que permanecen agazapadas o mas bien al acecho, con presencia parlamentaria, control de medios hegemónicos de comunicación y con cierta capacidad de movilización. El gobierno actual es más un gobierno de transición que un gobierno popular. Formo parte del conjunto de militancias que hemos decidido apoyarlo, a pesar de todo, pero no confundimos deseo con realidad.
En este marco, nos interesa sobre todo prestar atención a la estrategia general esbozada por el bloque de fuerzas sociales más dinámico de los últimos años: la Economía Popular, que incluye en su interior lógicas emprendedoristas (típicamente neoliberales), pero también, la conformación de un sujeto político (lo que llamo “El Precariado en Acción”) capaz de hacer ese pasaje de movimientos sociales (más económico-reivindicativos) a Movimientos Populares (organización social+estrategia y programa político), que permitieron esbozar un alto grado de recomposición de fuerzas, y asumir una dinámica de transversalidad a partir de la cual se incorporaron e hicieron carne otros planteos presentes en la agenda política nacional (sobre todo de los feminismos, a través de la conformación de un feminismo popular, pero también, de un cierto ecologismo popular y un sindicalismo territorial que interpela al sector de trabajadorxs asalariados). Ese bloque de fuerzas sociales, decía, tuvo una estrategia general muy clara: conformar el sindicato del precariado (la UTEP), priorizando en los hechos esa unidad tan declamada pero poco practicada por otros sectores, y acompañar –en el plano táctico– la fórmula Fernández-Fernández, sin perder autonomía en el planteo político, entendiendo que un triunfo de Juntos por el Cambio situaba a los Movimientos populares ante un escenario de franco retroceso político, y a los sectores populares ante un tremendo futuro de indigencia económica y social.
En el contexto de la pandemia se lanza el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), que pone ante los ojos de la “clase política” –por el elevado número de inscriptos– aquello que los Movimientos Populares ya venían anunciando desde hacía tiempo: que hoy la clase que vive del trabajo está partida en dos, y que casi la mitad de sus integrantes no permanecen bajo relación salarial sino que se “inventan” un trabajo en los marcos de la economía popular (sin derechos). El IFE permitió además acelerar el proceso de lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), contemplado en la Ley de Emergencia Social conquistada durante el macrismo (y subrayo “conquistada” porque aún existen cuestionamientos al modo de acción de los Movimientos populares, con argumentos francamente canallas por parte de ciertos progresismos que se dedicaron en muchos casos a bastardear esas luchas desde el sillón de sus casas, en las que permanecieron mirando la televisión, entremezclando momentos de depresión con momentos de euforia ultraizquierdista por redes sociales). El RENATEP será la base sobre la cual pensar, con datos reales en mano, una salida popular para la pospandemia, que no sea un simple retorno a la injusta normalidad.
Luego de cuatro años de gobierno de Macri, la derecha más reaccionaria se propone debilitar al gobierno actual: ¿cómo juega la consideración de esta coyuntura política en las luchas del presente?
En primer lugar, diría que no estamos ante un proceso ascendente de la lucha de masas, sino estamos atravesando una cuarentena, que mayormente se respeta, sobre todo en los sectores populares. La circulación es más bien restringida al barrio, se utiliza el transporte público por trabajo más que por recreación y se circula en la vía pública por el mismo motivo. Las expresiones anticuarentena son minoritarias, aunque profundamente amplificadas por los medios hegemónicos de comunicación. Sí hubo en estos meses movilizaciones puntuales, la más ejemplar, las ocupaciones de tierras para construir viviendas, pero cabe destacar que hoy la principal lucha de los Movimientos populares pasa por registros más imperceptibles, ligados a las tareas de organización territorial, a las prácticas comunitarias. Esas tareas la llevan adelante organizaciones que, mayormente, han asumido la estrategia de acompañar a este gobierno. Es que, además del escenario político están esos microfascismos que circulan socialmente, que ganan terreno incluso entre los sectores populares, y que contribuyen a que sectores supuestamente progresistas tengan corrimientos cada vez más hacia la derecha (corrimiento que explica la línea de seguridad de la gestión Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con un ministro como Sergio Berni).
Creo que, ante ese escenario, están muy bien las posiciones que vienen sosteniendo algunos agrupamientos, como el Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, las organizaciones que componen el Frente Patria Grande (Vamos, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, entre otros), o sectores del sindicalismo como el “Degenarismo” en la CTA, que con matices entre sí, integran este gobierno a través de militancias en algunas funciones estatales, lo apoyan políticamente asumiendo que es el único que puede en estos momentos sostener la situación sin perjudicar aún más a los sectores populares, pero a diferencia de lo que sucedió durante los años de “orden y progresismo” kirchnerista (como dice el periodista Martín Rodríguez), no tienen “obediencia debida”. Me gusta esa consigna que sostiene que, ante una lucha de los de abajo, incluso frente a un Estado que se integra en algunas de sus funciones de gobierno, la posición debe ser estar “junto a las y los últimos de la fila”.
Se escuchan voces que dentro, pero sobre todo fuera del gobierno hablan de enfrentar al conflicto social “aplicando la ley” como sinónimo de defender, de la manera que fuera, la propiedad. ¿Cómo se ve esto desde la lucha por la tierra?
Aunque no me encuentro participando ahora de ninguna experiencia de lucha por la tierra y la vivienda, conozco muy bien esas experiencias, y desde me interesa destacar ante todo la importancia de estas luchas que ponen en el centro la resolución del lugar donde se va a vivir. Son es en sí mismas una escuela política, de organización popular. Se trata de luchas que como decía Evita ponen de manifiesto necesidades, es decir, derechos. Y no menos importante, hay que saber que estos procesos implican una fuerte intemperie: suponen desamparo y miedo ante una posible represión. Mas allá del romanticismo que surge de las redes sociales, se trata de procesos muy duros. Si bien ocupar una tierra está fuera de la ley, ¿es posible censurar las tomas de predios cuando la necesidad no tiene otra forma de ser resuelta? ¡No! El problema es de las propias leyes, que expresan el triunfo de una clase (de hecho, en momentos de avance popular, como en la Argentina de 1949, o en los más recientes procesos de Bolivia y Venezuela, cuando las luchas populares avanzaron, las Constituciones fueron modificadas). Es importante tener en cuenta ese dato, y las operaciones que la derecha (que está afuera y adentro del gobierno) realiza contra la gestión actual del Frente de Todos. Porque el riesgo es caer en un ultraizquierdismo discursivo que descuida procesos y relaciones de fuerzas. No tiene sentido pedirle a un funcionario del Estado que salga y declare estar a favor de las ocupaciones de tierras, porque al otro día se desatan una serie de tomas que ponen en jaque su propia gestión. Pero sí tiene sentido pedirle que no judicialice los reclamos, que priorice de las leyes sus costados garantistas y que asuma políticas de inclusión social y no de represión. Ve una diferencia entre una perspectiva progresista, que cree en un Estado que le garantice soluciones, y un punto de vista popular, que entiende que lo principal del proceso es la construcción de un sujeto de cambio es la organización popular. Por eso: no alcanza con no reprimir y asegurar un presupuesto para viviendas. Hace falta involucrar a los sujetos populares en la elaboración de políticas públicas que además de darle una vivienda a cada familia, permita que la organización popular crezca, se fortalezca. De allí que el “Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción”, presentado en mayo de este año (aun antes de la ocupación de Guernica), entre otros, por la UTEP, la CTA Autónoma y sectores de la CGT, contenga entre sus puntos el de “Acceso a la vivienda digna y la planificación territorial”, que contempla una Ley de alquileres donde se ajusten los precios de acuerdo a un índice estatal, se urbanicen los barrios populares existentes (unos 4.500 en todo el país) y se generen por lo menos 200.000 nuevos lotes con servicios para las jóvenes familias trabajadoras.
* Texto publicado originalmente en Lobo suelto junto con las respuestas de Neka Jara: http://lobosuelto.com/pandemia-y-conflicto-social-feminismo-precariado-nekajara-pachecosztulwark/
No hay comentarios:
Publicar un comentario