Por Mariano Pacheco (desde Córdoba, para el Portal de Noticias Marcha)
Alrededor
de 200 heridos fueron recibidos solamente en el Hospital de Urgencias; más de
1.000 comercios afectados por los robos; un joven de 20 años perdió la vida tras
ser baleado en Ciudad Evita. Luego de un día y medio de conflicto, el
auto-acuartelamiento policial en Córdoba finalizó con un acuerdo firmado entre
las esposas de los miembros de la fuerza y autoridades gubernamentales de la
provincia.
Entre
los elementos más destacables de los 14 puntos acordados figuran el del monto
adicional de $2.000 que, de manera transitoria, cobrará todo el personal
policial y penitenciario activo en dos cuotas (diciembre de 2013 y enero de
2014); la pauta salarial que tendrá vigencia a partir de los sueldos del mes de
febrero de 2014, a partir del cual se fijará un salario básico de $8.000 para
las categorías iniciales y la realización de gestiones tendientes concretar
créditos blandos para viviendas.
Lo
que no se dijo aun, es cómo se financiará semejante acuerdo. Tal vez el
gobernador José Manuel De la Sota esté pensando en realizar un fututo reclamo
al gobierno nacional, tal como lo hizo anteriormente con la diferencia de
dinero que la provincia le reclama a la Nación a propósito de la caja de
jubilaciones. “El próximo martes voy a estar a las 9 en la Casa Rosada para que
el Gobierno nacional nos pague lo que nos debe”, sostuvo ayer el mandatario. No
fue el único reclamo. También había declarado ante la prensa, horas antes, que
las tropas de Gendarmería no fueron enviadas por el Gobierno Nacional por las
diferencias políticas que mantienen ambas administraciones. El Jefe de Gabinete
de Ministros Jorge Capitanich replicó por su parte que el problema de la
seguridad era de córdoba, y negó que hubieran recibido alguna llamada de parte
de los funcionarios provinciales. Eso sí, por su cuenta de twitter, DLS había
escrito entre gallos y medianoches: “Desde las 20 hs solicitamos envío
Gendarmería por acuartelamiento policial. Saqueos en ciudad de Córdoba amerita
urgente respuesta.”. El hecho es que recién ayer miércoles, casi a las nueve de
la mañana, el gobierno de Córdoba envió un fax solicitando el envío de
gendarmes.
Pases
y facturas
Cuando
se desató el conflicto, el gobernador se encontraba en Colombia. No es la
primera vez que las papas queman en la provincia y “El Galleo” De La Sota no
está presente en el territorio. De todos modos, desde hace tiempo parece que el
justicialista federal se siente más cómodo en los territorios virtuales que en
los reales.
Que
la Policía de la provincia de Córdoba se haya autoacuartelado, a solo tres
meses del “narco-escándalo” que entre otras cosas se llevó puesto al jefe de
policía Ramón Frías y al Ministro de Seguridad Alejo Paredes, no parece ser
casualidad. Tal vez por eso, más que aumento salarial, lo que parece estar
detrás del conflicto es una búsqueda por parte de la policía, de legitimar su
desprestigiado rol ante la sociedad cordobesa (hace apenas tres semanas 20.000
personas marcharon por las calles de la capital provincial repudiando su
accionar, en la séptima edición de la “Marcha de la gorra”).
Se
sabe, en el sistema político en el que vivimos es el Estado quien detenta el
poder de monopolizar el uso legal de la violencia. Si las fuerzas encargadas de
custodiar el orden se reservan el derecho de no actuar, el vacío de poder es
inconmensurable.
Sin
comercios, ni bancos, ni shopings, ni supermercados, ni escuelas, ni dependencias
públicas abiertas; sin transporte público en funcionamiento, Córdoba pareció durante
las últimas horas a una ciudad devastada.
Luego
de 14 años en el poder, la primera línea del delasotismo se mostró totalmente
ineficaz ante la ausencia de su principal conductor, que se encontraba en Colombia
cuando el conflicto se desató de manera abierta. Mientras que el Hospital de Urgencias
colapsaba por la cantidad de heridos que recibía, el Ministro de Gabinete
provincial Oscar Félix González se mostraba en vivo por los canales de
televisión, exclamando que “por suerte no había que lamentar daños en la
integración física de los cordobeses”. Era tan profundo el contraste entre sus
dichos y la realidad que hasta los periodistas le tuvieron que repreguntar por
los heridos. González se limitó a decir que no tenía “datos oficiales”, pero
que asimismo repetía que “era una suerte” no tener que lamentar víctimas. La
Ministra de seguridad Alejandra Monteoliva tampoco se mostró con todas sus
luces. Incapaz de sobrellevar la situación, tampoco tuvo reflejos para
solicitar a tiempo refuerzos de fuerzas nacionales que pudieran ayudar a
encuadrar el desborde.
Coyuntura y contexto
Coyuntura y contexto
No es que
todo tenga que ver con todo, como se dice popularmente, pero es un dato innegable
de la realidad provincial que el conflicto policial se desarrolló en un
contexto atravesado por un profundo malestar social, no solo por las
repercusiones del narco-escándalo,
sino también por los recientes hechos de violencia protagonizados por una
“patota sindical” de la Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA) contra asambleístas que mantienen un acampe contra la empresa
multinacional Monsanto, que ha
comenzado a edificar una nueva planta en la localidad de Malvinas Argentinas y por la denuncia
de fraude presentada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), luego
de las últimas elecciones legislativas nacionales del 27 de octubre. También
durante los últimos meses los conflictos salariales de los judiciales, del
sector público y la salud se hicieron presentes una y otra vez en las calles de
la ciudad, sin obtener ningún tipo de solución a sus demandas.
Eso sí, a diferencia de las crisis políticas,
económicas y sociales que el país atravesó en 1989 y 2001, esta vez no pareció
ser ese el elemento determinante a la hora de desatarse los desmanes en las
calles. Si bien Córdoba presenta uno de los índices más altos de desocupación a
nivel nacional (que asimismo se mantienen en un piso no menor al 7%) y la precarización
laboral –como en todo el país– es un mal que castiga a casi la mitad de la
población trabajadora, los robos a supermercados, almacenes, negocios
minoristas de todo tipo y a personas particulares (en la vía pública y hasta en
sus propias casas), dan cuenta más de un vacío dejado por la ausencia de
presencia policial que por una cuestión social.
De todos modos, tal como se preguntó ayer Susana
Fiorito (presidenta de la Biblioteca Popular Bella Vista), en un texto que
circuló por las redes sociales virtuales, lo que resta analizar y evaluar “es la denunciada
relación entre las organizaciones del narcotráfico y la institución policial y
en qué medida el ´desmadre´ de anoche es un aviso de lo que pasa cuando
el ´poder´ político pretende socavar las fuentes de ingresos de su propio
aparato represivo”.
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