¿Qué
paso con los derechos de las detenidas?*
Por
Mariano Pacheco
Desde
la Universidad Nacional del Litoral denuncian “criminalización de
la superviviencia de las mujeres” y violación del derecho a
estudiar. El viejo tema del presupuesto y la reactualización de una
disputa entre las gestión del Estado nacional, y el provincial.
El
problema viene de larga data, pero con el cambio de situación
política nacional algunas áreas de la gestión estatal se pudieron
más “sensibles” que otras y el viejo tema del presupuesto
reactualizó en Santa Fé una vieja disputa entre las gestión del
Estado nacional, y el provincial, respecto de los fondos que la
primera debe girar a la segunda.
Todo
comenzó cuando en julio pasado cinco mujeres detenidas por causas
federales en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de la ciudad de Santa Fe
fueron trasladas hacia el Complejo Penitenciario Federal Nº 33 de
Ezeiza. Entonces, desde el Programa de Educación Universitaria en
Prisiones (PEUP) de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) acompañaron a los familiares de la
detenidas en su reclamo, intentaron visibilizar la problemática en
los medios de comunicación provinciales y presentaron hábeas corpus
colectivos y preventivos, que finalmente no prosperaron. Todo parecía
haber quedado ahí. Una de las cinco detenidas trasladas pertenecía
al programa educativo, que en dicho establecimiento contaba con
nueve, de las cuales solo cuatro eran presas provinciales.
Tres
meses más tarde se produce el traslado coactivo de otras cinco
mujeres más desde el mismo establecimiento santafecino hacia la
Unidad Federal N º 13 de la ciudad de La Pampa. Y otra vez, entre el
contingente de mujeres privadas de su libertad se encontraba una
integrante del Programa de Educación Universitaria en Prisiones.
Polémica
desatada
“Nosotros
denunciamos que lo que sucedió en julio fue parte de la primera
etapa de un plan masivo de movilización de las presas federales
alojadas en la ciudad de Santa Fe a cárceles federales”, comenta
Carolina D’Amelio, integrante Programa de Educación Universitaria
en Prisiones. En diálogo con la revista
Zoom,
que se hizo presente en ciudad para conversar sobre la problemática,
D’Amelio destaca el hecho de que no
se utilice ningún tipo de
criterio
en
el
traslado
de
las
mujeres:
“no
han
contemplado,
por ejemplo,
si las
detenidas tenían
hijos
menores, o
cuánto
tiempo les quedaba para salir en libertad, o
cual es el
lugar de residencia
de su familias, mucho
menos sus
trayectorias educativas o laborales”, remata
la joven académica.
Si
bien la vinculación entre las mujeres detenidas y la UNL se produce
formalmente a través de un “espacio virtual”, puesto que el
programa es “a distancia”, quienes coordinan dicha experiencia
–como D’Amelio-- establecen
un vínculo con las mujeres detenidas porque hacen un seguimiento del
proceso de aprendizaje y las asesoran en el uso de las computadoras y
la plataforma virtual. Como parte del compromiso con ese vínculo es
que han asumido la denuncia de la situación por la que atraviesan
hoy las presas y presos federales alojados en la provincia de Santa
Fe, que se estima en alrededor de 300.
La
provincia de Santa Fe no cuenta con cárceles federales en su
territorio. De allí que las personas detenidas con causas judiciales
permanezcan alojadas en establecimientos provinciales, situación por
la cual el gobierno nacional debería girar fondos para sostener
dicha situación. Pero según viene denunciando desde la gestión
provincial, esto no sucede. Al parecer la situación no es nueva: no
sólo el ingeniero Mauricio Macri no le envía fondos a Miguel
Lifschitz, sino que tampoco lo hizo antes Cristina Fernández a
Antonio Bonfatti y Hermes Binner, con lo cual la deuda rondaría en
los 90 millones de pesos. Ante esta situación, la Secretaría de
Asuntos Penintenciarios de la provincia le comunicó en abril al
Servicio Penitenciario Federal que reduciría el alojamiento de
detenidos federales, con lo cual la Nación debía resolver antes de
julio qué presos serían
relocalizados. Y ahí, precisamente ahí, se desató la polémica.
Desde
el PEUP consideran que tanto la gestión Pro como la socialista son
responsables de esta situación que atraviesan las detenidas
federales, ya que ante
un problema presupuestario brindan
una salida que solo ofrece mayor
vulneración de los derechos de las personas
privadas de su libertad. Por
otro lado, plantean
que una
solución posible a la
problemática podría
ser considerar
medidas alternativas, como lo
son la prisión
domiciliaria, que nunca
fue tenida en cuenta como variable.
Encierro
y micro-espacios de resistencia
Junto
a los Programas “Delito y Sociedad” y “Género, Universidad y
Sociedad”, el ya mencionado Programa
Educación Universitaria en Prisiones ha denunciado que los traslados
de mujeres detenidas constituyen un castigo “extra-legal” que
puede ser definido como “tortura” y ser calificado como
“violencia institucional contra las mujeres”. Sostienen que los
traslados pueden
ser definido como método de tortura en tanto que el Sistema
Penitenciario Federal, así
como los sistemas provinciales suelen utilizarlos selectivamente para
resolver diversas cuestiones, que van desde la sobre-población hasta
los castigos irregulares, e incluso para dirimir problemas
presupuestarios entre los servicios penitenciarios, como
en este caso.
Además,
los traslados suelen realizarse sin previo aviso, de un día para el
otro, incluso a veces en plena
madrugada. Alejadas muchas veces de sus familias por cuestiones
económicas (sobre todo aquellas que tienen a sus afectos viviendo en
el interior provincial), al ser trasladadas a otras provincias las
detenidas pasan directamente a cortar sus vínculos familiares. Esta
situación suma a la privación de la libertad las privaciones
afectivas y económicas, y en el caso de quienes están estudiando,
terminar con ese proceso.
Por
otra parte, según han denunciando desde
los espacios académicos que estudian estos
temas, la situación de
las mujeres empeora aún
más que la de los varones detenidos, porque
suelen ser ellas quienes están más expuestas al poder punitivo del
Estado, sobre todo a partir de la denominada “guerra” librada
“contra las drogas”. “La persecución selectiva de delitos
vinculados al narcotráfico ha redundado en un crecimiento
exponencial de procesos y condenas hacia personas que ocupan los
eslabones más bajos de una cadena comercial millonaria, puestos
ocupados crecientemente por mujeres”, sostienen desde el PEUP.
El
Programa Educación Universitaria en Prisiones surgió en 2005, luego
de que la Universidad Nacional del Litoral y el Gobierno de la
Provincia de Santa Fe firmaran un convenio para la puesta en marcha
del proyecto. En su documento fundacional se establecía fuertemente
la idea de que el mismo nacía para garantizar el derecho a la
educación superior de las personas privadas de su libertad. “Esto
implicaba alejarse de cualquier residuo de ideología ´tratamental´
o ´correccional´, que suele identificar a la educación en
contextos de encierro con mecanismos para lograr la ´rehabilitación´
o ´resocialización´ del preso”, explican desde el programa.
Sea
para “ocupar la mente”, “recrearse”, “despejarse”,
“aprender a respetar al otro”, “salir del encierro del
pabellón”, “participar de otro tipo de ámbito”, “pensarse
afuera por un rato”, “encontrarse con detenidos de otros
pabellones” o zafar de
esa situación de “estar todo el día en el pabellón sin hacer
nada”, o bien para “aprovechar
el tiempo en algo productivo”, o
realizar un “progreso personal”,
“hacer algo viable para trabajar” o lo que sea, las personas
privadas de su libertad suelen encontrar en estos programas
educativos un espacio para sobrellevar la
vida en prisión, o
más bien, para gestar micro-espacios de
resistencia
al encierro.
*Nota publicada en revista Zoom.
No hay comentarios:
Publicar un comentario