Entrevista a Máximo Sozzo

“Hay que eludir el fantasma de la  

“colombianización” de la Argentina”*

El investigador Maximo Sozzo analiza la cuestión del narcotráfico en Santa Fe y su impacto a nivel nacional. “El mercado de drogas se toca con internas policiales.

Por Mariano Pacheco

(@PachecoenMarcha)

Doctor en ciencias sociales, profesor de Sociología y Criminología en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Maximo Sozzo recibió a Revista Zoom en dicha institución académica para conversar sobre algunos de los temas que investiga y que son, por otra parte, los que colocaron a la provincia de Santa Fe en la primera plana de no pocos medios nacionales en los últimos tiempos: el delito, el narcotráfico, las fuerzas policiales y las políticas de seguridad. Para Sozzo, las producciones académicas deben esforzarse por producir un impacto en el debate público y trasmitir los resultados de sus investigaciones de un modo que otro tipo de lectores lo entiendan. De estas cuestiones y de cómo pensar políticas de seguridad en un territorio surcado por tensiones de todo tipo, conversamos en esta entrevista.

Narcotráfico, policías, políticas de seguridad

¿Pensás que hubo cambios en las políticas de seguridad a partir del cambio de gobierno, no solo a nivel nacional sino también provincial? Digo: si bien gobierna la misma coalición en Santa Fe, me gustaría saber si consideras que hubo cambios al interior de ese espacio político en relación a estos temas.

Me parecen muy buenas preguntas, ambas. Y voy a comenzar por contestarte la segunda, porque me parece importante entender el cambio en las alianzas gobernantes que se produce en la provincia en 2007, cuando se quiebra la composición gobernante desde 1983 bajo el signo del peronismo, para dar paso a otra coalición gobernante en donde conviven sectores del socialismo, del radicalismo y otros partidos menores, pero que, a su vez, ha ido cambiando en su composición interna. En 2007, el Frente Progresista crea el Ministerio de Seguridad, copiando de algún modo otras experiencias de la Argentina, como el caso de Buenos Aires, que es el primer lugar en donde se crea un Ministerio de Seguridad, un poco como un gesto para fortalecer la autoridad de los sectores electos popularmente para la institución policial, dándole más peso a la conducción de los temas de seguridad. Sin embargo, la creación de ese ministerio no conlleva un programa de reformas estructurales de la institución policial y tampoco un programa de reformas modestas. La primera gestión, a cargo de Hermes Binner, por ejemplo, se caracteriza por una fuerte continuidad con el estado de cosas que había anteriormente, con la excepción de la creación de ese ministerio y de este elenco de funcionarios que se colocan supuestamente por encima de la institución policial. Ahora, el pasaje del gobierno de Binner a Bonfatti, mantiene la situación en términos estructurales, pero comienza a circular otro lenguaje entre estos actores, entre comillas, reformista. Hasta el propio gobernador y Raúl Lamberto, que fue su ministro de Seguridad durante la mayor parte de la gestión, construyeron todo un discurso público alrededor de este tema: que se estaban llevando adelante políticas de reforma. Esas iniciativas son, de todos modos, de alcances muy modestos. Por ejemplo: se crea la Policía de Investigaciones que, dentro de la estructura general de la policía, es desde el punto de vista administrativo un área que tiene una conducción que no es el jefe de policía sino un funcionario político al interior del ministerio de Seguridad, en la búsqueda por separar investigación de seguridad. Ahora, ¿qué pasa? Que ese cuerpo es muy pequeño en cantidad de funcionarios y no puede investigar todo. Entonces aparece esta cuestión de resolver cuáles son los delitos que investiga la nueva esfera o cuáles los viejos policías de investigaciones ligados a las comisarías, los departamentos judiciales. Así es como se produce esta tensión entre las intenciones de hacer algo distinto y la modestia de sus alcances. Lo mismo sucede con la Policía Comunitaria lanzada en 2014.

“No se va a reconfigurar drásticamente el mercado ilegal de drogas porque se encarcele a jóvenes varones pobres como se viene haciendo”

Y luego viene un nuevo cambio de gestión pero dentro del mismo espacio político…

Claro, algo que por otra parte estamos bastante acostumbrados en la Argentina en general. Y lo que sucede es que durante el primer año de gestión de Miguel Lifschitz se busca de nuevo re-centralizar la toma de decisiones, ya no solo en el Ministerio de Seguridad, sino de nuevo en el jefe de policía. Entonces, si las modestas reformas que se buscaron llevar adelante durante las anteriores gestiones trataban de descentralizar, ahora, a partir de la creación de estos cuerpos alternativos (por más naturaleza ambigua que tuvieran, porque dependían administrativamente de la policía), se vuelve a re-centralizar la estructura. Esto sin necesariamente desarmar estos cuerpos, pero sí reconcentrando nuevamente las decisiones en el jefe de policía. Entonces se genera una situación muy ambivalente y difícil de interpretar todavía. ¿Cual es el plan? ¿Volver a una policía unitaria, uniforme y gestionada policialmente o gestionada por el ministro de Seguridad pero que quiere tener centralizadas las decisiones en un jefe de policía que es un funcionario policial? Eso es, por lo menos, contradictorio con la retórica de la misma colisión gobernante en la gestión anterior.

En el medio de todo esto, además, se produce en 2009 la detención del jefe de policía, que estaba en connivencia con cierto segmento del narcotráfico. Y esto es central para entender este proceso. Tanto para entender el lenguaje utilizado por ciertas fracciones políticas de la alianza gubernamental, que hablan de la necesidad de reformar la policía, así como lo que sucede actualmente. Porque tenemos una situación que era difícil de imaginar, y es que la institución policial está aun más desprestigiada, y a su vez se mantienen las tasas de homicidio en números muy altos y hasta se han incrementado. Esto genera mucha presión respecto de la opinión pública. Sobre todo cuando se producen homicidios luego de robos y el que muere no es un pibe de un barrio pobre, sino una persona de clase media, y esto es leído -según los patrones de producción de información de los medios hegemónicos- como que se mata a la persona equivocada. Y todo eso genera escándalo público, con su correlato en reclamos -movilizaciones incluidas- de más seguridad por parte de ciudadanos de sectores medios. Un reclamo entre comillas desde abajo, porque reúne personas que se movilizan, logran visibilidad pública en la prensa y tensionan la agenda política. Eso complica aún más las cosas, por un lado, y por el otro ayuda a entender este primer año de gestión del gobierno, que como te decía tiende a una política de re-centralización en las manos de la policía. Entonces revierten lo poco de la descentralización trunca, ambivalente y moderada que habían generado, con un jefe de policía que ahora centraliza en su figura la conducción de toda una serie de segmentos que antes se habían buscado separar.

Tengamos en cuenta que, desde la década del 90, la voz de descentralización siempre fue de los sectores progresistas, quienes sostuvieron que tal vez un modo de entrarle a esas estructuras centralizadas y corruptas era a través de la descentralización, partir las instituciones para reconstruirlas desde abajo de otra manera. Eso en Santa Fe no sucedió. Bueno, en realidad todas las desentralizaciones fueron medio berretas y no prosperaron en ningún lado. En el caso provincial concreto, entiendo que esta tentativa de re-centralización tiene que ver, sobre todo, con cómo aparece en el debate público la cuestión del delito, porque muchos funcionarios entienden que su futuro político está ligado a los modos de dar respuestas a estos temas. Y el problema de esto es que se puede volver a enfatizar el carácter policial de la institución policial, que en su lado oscuro -para decirlo con palabras de La guerra de las galaxias– está atravesada fuertemente por una serie de tensiones que, entre otras cuestiones, explica también la detención del jefe de policía en 2009. Una institución policial, por otra parte, que desde el retorno de la democracia está autogobernada.

¿”Colombianización” del narcotráfico en la Argentina?

Sozzo aclara que no se dedica a realizar investigación social sobre el tema “narcotráfico”, y comenta que en general hay poca gente en el país que, desde la academia, se dedique a eso. Así y todo, como profesor universitario, afirma que es una “asignatura pendiente de las ciencias sociales” generar exploraciones más profundas, argumentos más sólidos que los que flotan en el espacio público, político y mediático. “Yo no estudié el denominado narcotráfico pero sí a la policía y, como sabemos, en Argentina están fuertemente conectados”, remata, a modo de introducción, antes de comenzar con su argumento.

En Córdoba, por ejemplo, medios como La voz del interior, del grupo Clarín, insisten con la idea de “colombianización” del país. ¿Vos qué podes decir al respecto?

Creo que lo primero y principal es eludir el fantasma de la “colombianización” o “mexicanización” de la Argentina, porque es un discurso que promueve Estados Unidos, reformulando el viejo lema de la “guerra contra las drogas ilegales” para fortalecer las dimensiones represivas del aparato del Estado y la militarización de la seguridad pública. Por eso creo que hay que eludir esas recetas, pero también, el modo en que se plantea el problema en la esfera pública. Utilizar esos términos ya desde el vamos apunta claramente a obtener ese tipo de respuestas. Concretamente en Santa Fe el mercado de drogas ilegales está muy desarrollado, como en otras ciudades de la provincia. Y ahí se toca con las internas policiales que mencionaba anteriormente. A modo de hipótesis, podría decir que fue la desestructuración de las jerarquías de ese lado oscuro de la policía, en relación a cómo gestionar los negocios ilegales, en donde se distribuyen recursos obtenidos ilegalmente de forma pautada, reglas que se cumplen y que, por lo tanto, tienen la capacidad de ordenar en el territorio a quienes llevan adelante estos negocios (ilegalmente, pero llevando orden al fin), la que ha generado, en parte, esta situación que hoy estamos atravesando. Para decirlo de un modo claro y básico: si en la provincia de Santa Fe ya estaba ese problema, cuando ese lado oscuro que organizaba de forma muy pautada y regulada ese tipo de mercado ilegal de manera uniforme se quiebra, distintos grupos luchan por apropiarse de las ganancias de esos mercados ilegales, y es eso lo que incrementa los conflictos por el control del territorio. No creo, claro está, que esa sea la razón por la cual hoy existen más homicidios que en 1980, pero sí creo que es un elemento que ayuda a entender, por ejemplo, la mayor circulación de armas de fuego en los territorios de la marginalidad urbana. Y que a partir de eso se las use, no solo para esas actividades, sino para otros fines. Ahí yo veo un nexo. Ahora, lo que llama la atención es que se piense que el modo de intervenir en la problemática sea la receta de detener a los vendedores al menudeo de drogas ilegales para reducir el alcance del negocios. Además de que habría que discutir si de verdad prohibir la producción/circulación de esos productos es la opción más racional para gobernar la relación que los ciudadanos del mundo contemporáneo tenemos con las drogas. Yo creo que no lo es. Pero al margen, digo, si uno decidiera que esa es la opción, así y todo, perseguir al eslabón más débil de la cadena no parece ser lo más eficaz. No se va a reconfigurar drásticamente el mercado ilegal de drogas porque se encarcele a jóvenes varones pobres como se viene haciendo.

“En Argentina, narcotráfico y policía están fuertemente conectados”

Por último, y retomando lo que conversábamos al principio de esta entrevista, quería preguntarte sobre el vínculo entre la gestión nacional y provincial del Estado. ¿Cómo viene esa relación, al menos, en lo que pueda pensarse de este primer año de gobierno de Macri y Lifschitz?

Vos fijate que todas estas intervenciones de Gendarmería y Prefectura sobre el territorio nacen ya durante el kirchnerismo, más allá de las relaciones tirantes entre la gestión nacional y la provincial, pero que en determinados momentos alcanzaban niveles de acuerdos como para que esas intervenciones se produzcan. Y siempre fueron intervenciones de ocupación territorial. Ahora, con el nuevo gobierno neoliberal de Macri, las intervenciones que se generan son del mismo tipo. Se dice que va a haber además brigadas de investigaciones federales para investigar justamente este tipo de delitos de las drogas ilegales, el llamado “narcotráfico”, pero por ahora no se ha visto ningún síntoma en ese sentido. Lo que se ve son gendarmes y prefectos haciendo ocupación del territorio: patrullaje, parada fija y cacheos, detenciones. ¿De quienes? De los sospechosos de siempre: hombres jóvenes, morochos y pobres. Entonces, las intervenciones actuales lo que hacen es reforzar el tipo de intervenciones que se hicieron anteriormente. Y son intervenciones totalmente ineficaces si uno efectivamente lo que quiere hacer es combatir el narcotráfico. Y esto pone en cuestión, incluso, el mismo objetivo planteado. Resulta por lo menos llamativo que, después de tantos años, haya agentes estatales que crean que esa es la manera de desarmar las redes ilegales, con fuerzas trabajando a la bartola, con todos los efectos perversos que esas prácticas traen aparejadas, en términos de violación de los derechos humanos de un montón de ciudadanos que experimentan prácticas de hostigamiento en ese contexto. Y todo esto siempre poniendo un especial énfasis en la cuestión numérica, como si el envío de 1.000 o 1.300 o 2.000 efectivos fuera a alterar el efecto que este tipo de prácticas tendrían. Y si uno reflexiona solamente un poco puede caer en la cuenta de que es un planteo ridículo pero que se vende bien en el espacio público, y por eso, más allá de sus eventuales disidencias políticas, hay actores de diverso tipo que acuerdan en este punto, lo promueven, lo desarrollan y se sacan fotos. Esto resulta, como mínimo, paradojal, pero fácil de explicar: es un mensaje para los ciudadanos preocupados por el crecimiento del delito. En una provincia de más de tres millones de habitantes, 700 gendarmes o prefectos patrullando las calles por turno para resolver el problema del narcotráfico resulta ridículo.

*Nota publicada en revista Zoom.