Un nuevo aniversario del Día de los DD-HH y un año de Gestión Pro*
Por Mariano Pacheco
Cada
10 de diciembre se conmemora en el mundo el Día de los Derechos
Humanos. Este sábado, en Argentina, el aniversario coincide con el del
primero de la gestión Pro.
Este
nuevo aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos
coincide en nuestro país con el primer año de gobierno del Ingeniero
Mauricio Macri. En estos casi 70 años que han transcurrido desde que la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en 1948, su celebración o conmemoración, ha
cobrado diferentes significados de acuerdo al contexto. Porque como todo
hecho político, también las celebraciones/conmemoraciones no se
realizan en el vacío, sino en un contexto histórico determinado.
Terror
A
juicio de este cronista, el fuerte de la lucha en defensa de los
derechos humanos en Argentina cobró un relieve particular tras del golpe
de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando los
secuestros-torturas-asesinatos pasaron a ser el eje de la política
oficial. No es, como tantos investigadores en el tema lo han señalado
ya, que antes de esa fecha no existieran violaciones a los derechos
humanos, incluso secuestros-torturas-asesinatos perpetrados por el
Estado (o grupos para-estatales), pero desde entonces la desaparición se
tornó modalidad oficial del Estado (terrorista). Antes, durante las
décadas del 60 y del 70, la tarea de denuncia estaba sobre todo centrada
en los abogados, que muchas veces formaban parte de las estructuras
sindicales, y se dedicaban a defender presos gremiales y políticos,
exigir su liberación y prevenir o denunciar casos de torturas, que en
nuestro país existen en las comisarías desde la década del 30, cuando el
jefe de policía durante la dictadura de José Félix Uriburu, Polo
Lugones, la introdujo como método de vejación de los detenidos
(paradójicamente su hija, la militante Susana “Pirií” Lugones, fue
salvajemente torturada con picana eléctrica por los Grupos de Tareas del
Proceso de Reorganización Nacional). Pero hasta entonces, los casos de
desaparición de personas por razones políticas fueron eventuales (muy
específicos y puntuales), como el del joven militante peronista Felipe
Vallese, activista de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM),
secuestrado en 1962 y cuyo cuerpo aún permanece desaparecido.
Antes
de 1976, entonces, existieron organismos de Derechos Humanos, pero esa
lucha, tal como la entendemos hoy, se configuró en la Argentina durante
aquellos años de terror, cuando surgieron las Madres de Plaza de Mayo y
se convirtieron en emblema de aquello que se sabía pero no se decía, no
se asumía. De allí lo subversivo de la consigna “Aparición con vida y
castigo a los culpables”.
Huellas del Terror
La
post-dictadura tendrá a los organismos como eje central de su política,
primero (entre 1983 y 1996) subsumida bajo el horizonte de la Teoría de
los Dos Demonios y luego (sobre todo tras las jornadas de diciembre de
2001), como retaguardia estratégica de las más elementales garantías
democráticas del movimiento popular.
Se
sabe, el de 1996-2001 fue un período clave para esta luchas, porque en
ese proceso surgió la agrupación HIJOS, las movilizaciones del 24 de
marzo se hicieron nuevamente masivas y emergió toda una producción
historiográfica, cinematográfica, periodística y artística que recuperó
las identidades y proyectos de los desaparecidos, sus militancias,
incluso en organizaciones revolucionarias armadas. Y las jornadas de
diciembre de 2001 --otra vez con las Madres de Plazo de Mayo como
elemento central- fueron quienes pusieron pusieron fin al terror
dictatorial que reinaba en el inconsciente colectivo de este suelo que,
cariñosamente, algunos denominamos patria.
La
última década y media, asesinatos del “Argentinazo” y de Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán mediante, marcaron la barrera última que la
sociedad argentina --al menos en sus franjas mayoritarias-- estaba
dispuesta a tolerar en términos de represión abierta como modalidad de
Estado. Es cierto, entre 2003 y 2015 hubo muchísimas violaciones a los
derechos humanos, sobre todo en cuestiones “sociales” (las cárceles son
el rostro despiadado de esto que venimos diciendo), pero respecto de las
protestas y manifestaciones políticas, al menos desde la cima del
Estado nacional, fueron asumidas desde otra perspectiva. El eco de esos
discursos en los territorios provinciales por fuera de Buenos Aires no
siempre fueron del todo fructífero y militantes sociales y políticos
continuaron siendo asesinados, sea por manos de fuerzas del Estado, como
el docente Carlos Fuertealba en Neuquén, o por mafias de otros poderes
emergidos en la reconfiguración neoliberal del país, como la las patotas
de la burocracia sindical que se cobraron la vida del estudiante
Mariano Ferreyra en Buenos Aires. De eso no hay dudas, pero --insiste
este cronista, al menos desde su óptica-- no puede negarse que hubo
determinados gestos de Estado que pusieron una barrera a las pulsiones
fascistas que, de un modo o de otro, nunca dejaron de estar, también,
presentes en núcleos de nuestra sociedad.
El
último año, con la toma del poder del gobierno por parte de los Ceos la
situación de los derechos humanos ha empeorado notablemente.
ProCeos y AntiPiquetes
El
primer año macrista ha sido un año poblado por globos amarillos. La
inflación no se redujo, las inversiones no llegaron y la economía no se
reactivó. A promesas incumplidas, diez, más que ocho (aunque Macri
seguro pensó en “el culo te abrocho”). La destrucción el empleo, que
desde principios de año impulsó el Ministerio de Modernización en el
ámbito público, rápidamente se extendió al privado y hoy llega a cifras
récords: 6.145.821 despidos sólo en el sector privado. Cuesta creer que
esta embestida en los derechos laborales y sociales de las y los
argentinos no sea calificada como una clara violación a los derechos
humanos. Pero así y todo, no nos concentramos en estas líneas en dar
cuenta de los elementos que hacen a una falta de justicia social, pero
no podían dejar de ser mencionados como parte integral de la estrategia
del gobierno de los Ceos.
Que
Mauricio Macri se pronuncie como ingeniero en vez de como presidente de
la República, afirmando que Milagro Sala debe continuar en prisión
porque “él”, y “la mayor parte de los argentinos” así lo creen, da
cuenta de la situación actual de los derechos humanos en el país. La
dirigente de la organización social y política Tupac Amaru (que desde la
revista Zoom
hemos visitado en el Penal de Alto Comedero), lleva un año detenida,
pese a la irregularidad del caso y el reclamo por su liberación, que no
solo sostienen desde hace meses distintas expresiones nacionales del
movimiento social y los derechos humanos, organizaciones estudiantiles y
culturales, referentes artísticos, académicos y partidos políticos,
sino que además logró el respaldo de organizaciones internacionales como
Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
el secretario general de la OEA y el primer ministro de Canadá.
Detención que no solo es inadecuada, sino sostenida en dichos
inoportunos, como los vertidos por Mauricio en la rueda de prensa que
realizó luego del “retiro espiritual” (que tuvo con sus ministros), con
el que acompaña a otros similares expresados por el contador Gerardo
Morales, a cargo de la gobernación de Jujuy. Situación que llevó incluso
al abogado especialista en D.D-H.H, Marcelo Parrilli, a comparar esta
situación con la que se vivió en el país en 1979, cuando Argentina quedó
bajo la lupa de organismos internacionales por ser un país en el que se
violaban los derechos humanos.
Por
otra parte, la gestión Pro comenzó sus días ya con una clara posición
respecto de los “desbordes” de la lucha obrera, cuando la Gendarmería
reprimió a los trabajadores de Cresta roja, quienes reclamaban la
continuidad de sus fuentes laborales en aquella coyuntura navideña.
Respecto
de la situación de los casos de gatillo fácil también la gestión Pro se
lleva la medalla de oro del Cambio, ya que si la situación no era buena
con los gobiernos anteriores, donde se registraron un asesinato cada 28
horas, en lo que va de 2016 la estadística indica que la situación es
aún mucho peor: cada 25 horas una persona es asesinada en nuestro país
por algún agente de las fuerzas policiales (Gendarmería, Prefectura,
Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina o policías
provinciales). Desde la asunción de Cambiemos al gobierno ya son 241
las personas asesinadas, según indicó la
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en
su informe anual, que el viernes pasado se presentó en Plaza de Mayo.
A
esto se le debe sumar la posición de Cambiemos respeto de la
construcción de la memoria histórica, en la que la Teoría de los Dos
Demonios intentó ser reactualizada durante el año a partir de
afirmaciones (bravuconadas) como las del ministro de Cultura porteño,
Darío Lopérfido, quien abrió el año sosteniendo que “en Argentina no
hubo 30.000 desaparecidos”, sin dejar de mencionar el protocolo
antipiquetes, que aunque fallido, mostró los modos en que la actual
gestión de la Casa Rosada pretende abordar los conflictos sociales de la
Argentina contemporánea.
*Nota publicada en Revista Zoom
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