Tierra
para la vida digna
Agronegocio
y boom inmobiliario son la contracara de una complicación
estructural que padecen miles de personas en el país y en Córdoba,
provincia que
tuvo su último gran plan habitacional en 2001.
Por
Mariano Pacheco*
Las
luchas por la Tierra y la Vivienda Digna vienen siendo una de las
dinámicas de participación popular que con mayor ímpetu vienen
cuestionando las lógicas del agro-negocio y el desarrollismo
inmobiliario: las resistencias a la ciudad neoliberal en el centro
del debate sobre otros modos de entender y habitar el mundo.
Los
números se muestran ásperos y exceden a los colores políticos que
han gestionado las distintas esferas de gobiernos en lugares
diversos, pero sin lugar a dudas la tendencia “amarilla” del
actual proceso de profundización neoliberal muestran signos de
agravamiento de la situación.
Hace
apenas unos días, la Asociación Civil TECHO presentó los
resultados de su “Relevamiento de Asentamientos Informales 2016”.
El informe,
que se planteó “identificar, caracterizar y geo-referenciar los
asentamientos informales” en 10 zonas clave del país:
provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma; provincia de Córdoba;
Gran Corrientes y Gran Resistencia; departamentos Capital, Oberá,
Eldorado y San Vicente de la provincia de Misiones; Plaza Huincul,
Cutral-Có, Arroyito y Alto Valle de Neuquén; Alto Valle de Río
Negro; Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal en Salta;
San Miguel de Tucumán y Área Metropolitana de Rosario.
Según
el Relevamiento existen actualmente al menos 2.432
asentamientos
en los 11 territorios relevados, donde viven aproximadamente 650.685
familias.
Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, según
el informe, se estima que al menos 2.993.151.
personas viven en asentamientos informales,
en el territorio donde habita el 67% de la población del país.
Cuadricular
el espacio
Configurar,
modelar y transformar el espacio son tres modos básicos a través de
los cuales el capital organiza
el vínculo social en la
actualidad, en un contexto en el que los flujos de capitales
internacionales presentes en la ciudad como “viento de cola” del
sistema económico mundial dominan la producción del espacio con el
objetivo de crear oportunidades de inversión y frentes de negocio.
Palabras más, palabra menos, así explica al menos este complejo
entramado la investigadora de la Universidad Católica de Córdoba
(UCC) Mercedes Ferrero.
Se
sabe: las últimas décadas estuvieron signadas (y no solo en nuestro
país) por procesos de ocupación del espacio por parte de una
pequeña minoría que solo profundizaron modelos de exclusión de
masas enteras de la población, tanto en el ámbito urbano como
rural.
El
mencionado informe de la Asociación TECHO
identificó que en la provincia de Córdoba existen un total de 170
asentamientos informales, en los que viven 18.755 familias. En el 65%
de esos asentamientos los hogares no cuentan con conexión formal a
la red pública de energía eléctrica. Por otra parte, el 95% de
ellos se ven impedidos del acceso a la red pública de agua
corriente. Además, casi la totalidad (99%) están privados
de la conexión a la red cloacal pública.
Cerca
del 70% está amenazado por un factor de riesgo
(basural, ribera de un curso de agua, camino de alto tráfico,
pendiente) dentro del mismo barrio o a menos de 10 metros del mismo y
el 55% se inunda cuando llueve. Los números suenan y resuenen con
contundencia. Así y todo, el
informe no abarca a la totalidad de las personas que no poseen un
acceso adecuado al hábitat, sino sólo las que se encuentran en el
mayor estado de gravedad, como ser no contar con título de
propiedad, ni acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios
básicos (red de agua corriente, energía eléctrica con medidor
domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la
red cloacal formal). Así que el lector podrá sacar sus propias
conclusiones.
Tierra
para la Vida Digna
“A
quienes ocupan tierra para vivir y para producir; a quienes se
organizan por la auto-urbanización y la auto-gestión territorial; a
quienes resisten los intereses inmobiliarios por el agua, los bosques
y la vida; a quienes enfrentan los intereses del agro-negocio
luchando contra las fumigaciones, el avance de la agricultura
intensiva y promoviendo la producción de alimentos sanos”. Con
estas palabras el Encuentro Provincial de Luchas por la Tierra
convocó a su Tercer Encuentro Anual, que se realizó el pasado
sábado 19 de noviembre en la ocupación de tierras de “Parque Las
Rosas”, en la Ciudad de Córdoba.
“Contra
el despojo, la contaminación, la expulsión y la muerte que nos
ofrecen los de arriba”, según expresaron sus organizadores,
cientos de personas que habitan en espacios urbanos, rurales y
periurbanos de la provincia se congregaron durante un día para
proyectar sus intervenciones.
El
Encuentro Provincial de Tierras surgió en julio de 2014, luego de
las violentas y conflictivas jornadas que se vivieron en el año 2013
en Córdoba en torno a la temática. Se realizó en la localidad de
Piedra Blanca, una comunidad periurbana situada al sur de la capital
(cerca del Penal de Bouwer), en el predio en donde funciona una
cooperativa auto-gestionada de pollos (Gallo Rojo). Un mes después,
el fin de semana del 16 y 17 de agosto, sesionó en los terrenos de
la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba el 1°
Encuentro Nacional por la Tierra y la Vivienda, del que no se han
realizado otros encuentros, al menos hasta el momento. En noviembre
de 2015 se llevó adelante en la localidad de Cuesta Blanca el
Segundo Encuentro Provincial de Tierras, que coaguló un año intenso
de trabajo e intercambio político entre las distintas experiencias.
Desde entonces, de manera rotativa en cada lugar, funciona una vez
por mes un espacio de encuentro entre los territorios más dinámicos
del Encuentro. Allí elaboran estrategias jurídicas para enfrentar
los intentos de desalojo, se plantean ejes de articulación en torno
a la edificación, los desarrollos productivos, el acceso a servicios
y la preservación medioambiental, entre otros temas. También
funcionan como un espacio de referencia para otros conflictos, nuevos
o viejos, e incluso para agrupar a experiencias que se han conformado
alrededor de la problemática de la vivienda aunque no tanto de la
tierra, como el caso (muy conocido en Córdoba), de las 22 familias
que han sido estafadas (en el populoso barrio de Villa El Libertador)
por Héctor Raúl Messio, un desarrollista urbano que pretendió –sin
éxito– desalojarlas de sus viviendas luego de un proceso de estafa
con títulos de propiedad adulterados.
Hasta
el momento los encuentros se han realizado en espacios que venían de
protagonizar conflictos y, además de ser parte del proceso
organizativo, requerían de un amplio apoyo solidario por la
situación en la que se encontraban.
En
2014 fue en Piedra Blanca, comunidad que había protagonizado una
ocupación de tierras y estaba fuertemente intimidada por la policía.
En 2015 en el barrio Comechingones en Cuesta Blanca, comunidad que
también en 2013 había transitado un momento de fuertes conflictos,
que tuvo como salgo detenciones, represión y 15 personas imputadas
por la Justicia, incluso uno de los abogados de los ocupantes. Este
conflicto adquirió una fuerte repercusión mediática, ya que la
ocupación se realizó en una zona cercana a Villa Carlos Paz, que
algunos consideran “paradisíaca”, y en la cual han puesto sus
ojos los desarrollistas urbanos.
Este
año se eligió como sede del Encuentro las tierras en donde el
Encuentro de Organizaciones realizó una ocupación en septiembre del
año pasado. Parque Las Rosas es uno de los tantos “barrio-ciudad”
creados por la gestión de José Manuel De la Sota.
Un
gueto para la Docta
El
último gran plan habitacional provincial presentado por el
gobernador José Manuel De la Sota en Córdoba fue en 2001. Su nombre
fue “Mi Casa, Mi Vida”. El programa consistió en edificar
“barrios-ciudades” para reubicar allí a unas 28.000 personas
(según datos oficiales del gobierno provincial) consideradas
vulnerables por riesgos ambientales. Tanto Candela de la Vega, autora
de “Política habitacional y ciudadanía: el programa Mi Casa mi
Vida” (2010), como María Alejandra Ciuffolini, autora de “El
derecho a la y en la ciudad: Un estudio sociopolítico sobre el
Programa Mi casa, mi Vida” (2011) aseguran en sus trabajos que la
iniciativa gubernamental creó más exclusión social y que el
hacinamiento y la violencia se multiplicaron en estos lugares. Ambas
docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) y la Universidad
Católica
de Córdoba (UCC),
e integrantes del Colectivo
de Investigación El Llano en Llamas,
sostienen que si bien las mejoras habitacionales, de servicios y
equipamiento son indudables en estos lugares respecto de los
anteriores sitios de vivienda de sus habitantes, es igualmente cierto
que el proyecto se constituyó en la intersección de las políticas
de seguridad y de reordenamiento territorial urbano, dando lugar a un
nuevo fenómeno que es la periferización de la pobreza. Proceso que,
de alguna manera, dio paso una década después a una creciente
criminalización de la pobreza.
El
mismo colectivo de investigación realizó entre abril de 2013 y
junio de 2014 un relevamiento sobre la “criminalización de la
lucha por la tierra en Córdoba”, en el que establecen que el
porcentaje de detenidos y/o judicializados en ocasión de conflictos
por la tierra en la provincia ascendió al 80% a del total de los
casos analizados en ese período.
Criminalización
de la acción directa y desigualdad habitacional parecen ser las dos
caras de una misma moneda cordobesista. Según especialistas en la
materia, si se considera de manera conjunta el hacinamiento crítico
y las condiciones deficitarias de vivienda, el porcentaje de hogares
afectados en Córdoba es del 13%, mientras que los problemas de
propiedad afectan a un 35%. De ello resulta que casi la mitad de los
hogares de la provincia registra algún problema habitacional. Más
exactamente: el 48% de los hogares cordobeses tienen al menos uno de
los tres problemas habitacionales relevados.
Los
números por sí mismos no suelen explicar situaciones, pero a veces
ayudan a entender la gravedad de un determinado tema. En dos décadas
de gestión consecutiva, Unión por Córdoba no parece haber hecho
justicia al viejo lema peronista que sostiene que donde hay una
necesidad, existe un derecho.
*Nota publicada en la revista Zoom.
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