El Precariado en Acción
Por
Mariano Pacheco
En
esta segunda entrega, el autor advierte sobre la necesidad de que la
nueva organización sindical del precariado pueda sostenerse sobre
las bases de una genealogía insurgente que rescate los aspectos más
combativos, antiburocráticos y dinámicos de la historia de lucha de
la clase obrera, tanto nacional como internacional.
IV-
Entendemos
que la UTEP deberá medirse con la tensión entre verse asimilada al
sindicalismo tradicional (en gran medida devenido empresarial) y
contribuir a su regeneración, sobre la base de un cruce virtuoso
entre los fenómenos contemporáneos mencionados en la primera parte
y la rica tradición combativa y antiburocrática del sindicalismo
nacional e internacional.
Por
la diversidad de corrientes políticas que la impulsaron y la
sostuvieron, la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT, o
“Primera Internacional”), se nos presenta como el primer gran
ejemplo que podríamos poner en relación con la UTEP, una
experiencia que, en la Argentina, hace confluir a gran parte de las
organizaciones del precariado que fueron promovidas por corrientes
políticas tan diversas que van desde el peronismo hasta el
anarquismo, pasando por distintas variantes de las izquierdas y
sectores del cristianismo.
Fundada
en Londres en 1864, la AIT combinó durante una década la promoción
de la lucha sindical en cada país con la difusión de ideas
contestatarias sostenidas sobre una base de acciones de solidaridad
con los procesos de lucha de otros pueblos y, bajo el lema “la
emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores
mismos”, una clara adhesión al pensamiento que sostenía que la
liberación de la clase obrera sería además un proceso
internacional, como internacional era la lógica del mercado mundial
capitalista. La AIT se convirtió así en una escuela de
organización, educación y elaboración política de las clases
trabajadoras. Llega a la Argentina en 1874, cuando el programa
liberal comienza a imponerse ya sobre los malones de la indiada y las
montoneras del gauchaje, en el momento inmediatamente previo al
proceso de consolidación definitiva del Estado nacional,
desarrollado sobre las bases del genocidio conocido como la “Campaña
del desierto”.
Desde
entonces, y hasta el peronismo, la clase trabajadora argentina
realizó un profundo proceso de sindicalización, lucha y
organización, que tuvo sus avances y retrocesos, sus figuras y
fechas emblemáticas, marcadas por grandes masacres. Desde la primera
huelga general de noviembre de 1902 hasta las grandes huelgas del
trienio rojo y negro (los Talleres Vasena, que termina en la masacre
de la Semana trágica en enero de 1919 en Buenos Aires; las huelgas
de la Forestal en el Chaco santafecino y del sur del país que
culminan con las matanzas del Quebracho y de la “Patagonia
rebelde”), pasando por la huelga de las escobas, protagonizada por
mujeres y niñes en la Buenos Aires de agosto de 1907. Bibliotecas,
asociaciones mutuas, compañías de teatro, acción directa y
justicia proletaria fueron parte de unas décadas en las que
anarquistas y socialistas (y luego comunistas) contribuyeron no sólo
a que la clase trabajadora se organizara y lucha por conquistas
elementales para mejorar su vida, sino que gestara toda una
contracultura obrera y una perspectiva de transformación profunda de
la sociedad. Con el peronismo, una serie de conquistas se plasman en
legislación, que ni siquiera la brutal contrarevolución
conservadora iniciada con el sangriento golpe de Estado de 1955
pudieron barrer, dando paso a un proceso de resistencia que luego del
“corte Cordobazo” se transformará en ofensiva popular en post
del cambio social. En ese período afloran figuras fundamentales como
la de Agustín Tosco, dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba, programas obreros como los de La Falta, en 1957; Huerta
Grande, en 1962 y la CGT de los Argentinos, en 1968, que
recuperaremos brevemente a continuación.
Así, una política
antiimperialista y latinoamericanista, de activa solidaridad
internacionalista de la clase trabajadora con las luchas de
liberación nacional emprendidas por los pueblos oprimidos se combina
con una propuesta de desarrollo nacional con justicia social, que
implica asumir la necesidad de la liquidación de los monopolios
extranjeros y el control estatal del comercio exterior, expropiación
del latifundio con extensión del cooperativismo agrario, en
perspectiva de desarrollar la industria liviana y pesada en plena
integración económica con los pueblos hermanos de Latinoamérica.
Además, estas propuestas se concebían a partir del desarrollo de un
pleno protagonismo popular a la hora de tomar las grandes decisiones
que marcaran el destino nacional. “Control obrero de la producción”
(y de los precios); “distribución de la riqueza nacional mediante
la participación efectiva de los trabajadores” y “creación del
organismo estatal que con el control obrero posibilite la vigencia
real de las conquistas y legislaciones sociales” figuran entre las
bases programáticas de La Falda, a las que se agregarán luego, en
Huerta Grande, la línea de avanzar en un proceso de nacionalización
de todos los bancos (“establecer un sistema bancario estatal y
centralizado”) y sectores claves de la economía (siderurgia,
electricidad, petróleo y frigoríficas), propuesta que remata con
una aseveración fundamental a la hora de pensar en cortar con la
dependencia, como lo es “desconocer los compromisos financieros del
país, firmados a espaldas del pueblo”. Esto, en 1957 y 1962.
En 1968, acorde a los vientos
de rebelión que soplan por todo el continente y gran parte del
mundo, un año antes de que acontezca “El Cordobazo”, la
combativa y antiburocrática CGT de los Argentinos, en pluma del
director del periódico CGT, Rodolfo Walsh, lanza el Primero
de Mayo un “Llamamiento al pueblo argentino”, en el que la clase
trabajadora posiciona un punto de vista específico (anticapitalista)
a partir del cual reorganizar la sociedad sobre nuevas bases: “La
historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como
clase y la situación del país nos llevan a cuestionar el fundamento
mismo de esta sociedad: la compraventa del trabajo y la propiedad
privada de los medios de producción”.
Es en este clima de época,
con una primera revolución triunfante en América Latina (Cuba)
desde 1959, y con procesos de descolonización y de lucha abierta en
los cinco continentes durante toda la década del sesenta, que en los
años setenta la palabra socialismo circula como parte del
vocabulario cotidiano, no sólo de las izquierdas sino también del
peronismo, incluso en sus versiones más burocráticas y
conservadoras. Ejemplo de ésto puede ser el debate televisivo
sostenido entre Tosco y José Ignacio Rucci
(https://www.youtube.com/watch?v=koSQTuw_abU),
en el cual el primero explica que entiende por socialismo, y define
al movimiento obrero como una práctica “eminentemente
democrática”, y a la CGT, como “palanca para la liberación
nacional y social, y no como un factor de poder dentro del sistema”.
Tosco, en esa emisión del programa televisivo “Las dos campanas”
(conducido por Gerardo Sofovich en Canal 11) denuncia la reducción
del sindicalismo a los “estrechos márgenes del economicismo” y
destaca el rol político fundamental que, entiende, tiene que jugar
el movimiento obrero en la política argentina, que él sintetiza en
un programa sostenido sobre puntos centrales, como lo son la reforma
agraria, el control popular de un Estado nacional que, su vez, maneje
los resortes fundamentales de la economía nacional, y que sea capaz
de efectuar una planificación económica con participación y
control obrero, sin abandonar la perspectiva internacionalista de
solidaridad y lucha anti-imperialista. “Nosotros creemos que la CGT
debe cumplir una función de coordinación orientadora, de promoción
de la lucha del movimiento obrero”, dice Tosco. Es la Argentina de
1973, pero bien podría ser la de 2020, ya que incluso con la derrota
de Mauricio Macri en la contienda electoral de octubre de 2019, la
lucha por una sociedad más justa no termina, aún cuando pueda
suponerse que la gestión entrante tenga políticas a favor de los
sectores populares.
El principio de autonomía
política, sostenido por la CTA desde sus inicios, puede ser una
buena definición para pensar los desafíos del sindicalismo en la
Argentina contemporánea, incluso para aquellas franjas trabajadoras
que se asuman “oficialistas” del nuevo gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario