APORTES A LA DISCUIÓN
Por
Mariano Pacheco y Mariano Rodolfo Martín
(Agencia Paco Urondo)
La
pandemia y el trastocamiento de los equilibrios en la geopolítica
mundial; los descalabros en el Norte Opulento y los desafíos en
Nuestro Sur; el impuesto a la riqueza en Argentina, las
intervenciones militantes en el Estado y las propuestas políticas
para avanzar en una perspectiva popular de salida de la crisis.
La
aldea global
Un
mundo multipolar, atravesado por tensiones y disputas tanto de orden
comercial como de posicionamiento geopolítico de las grandes
potencias, es el que tenemos ante nuestros ojos.
Superada
la crisis global de la burbuja especulativa inmobiliaria de 2008,
EE.UU se propuso el autoabastecimiento petrolero, y en poco más de
10 años, logró conquistar dicho objetivo. Por unos pocos meses fue
el primer productor de crudo en el mundo, superando incluso a Arabia
Saudí, al mismo tiempo que alcanzaba el pleno empleo con
recuperación del salario real. Mientras tanto, Europa debatía su
devenir ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea; China
continuaba su crecimiento económico, ininterrumpido año tras año
desde 1978, en su camino a convertirse –en poco más de una
década-- en la gran potencia económica mundial, superando en PBI a
EE.UU; Rusia se ubicó en el papel de país que logra “contener”
militarmente a EE.UU (el caso sirio es elocuente en dicho sentido).
Mientras
todo este proceso se desarrollaba en dichos países, el Sur
experimentó retrocesos notables, tanto en el plano económico
(pérdida de conquista de ciertos derechos adquiridos o recuperados
en los años del “ciclo de gobiernos populares o progresistas”)
como en el geopolítico (UNASUR, CELAC, entre otras).
En
ese marco, un Acontecimiento logra en semanas, días incluso,
trastocar todo el orden establecido.
La
pandemia del Covid19 es un Acontecimiento, inédito y único: la
difusión de los contagios de país a país, de continente a
continente, se verifica en 12 o 24 horas por vía aérea. Queda más
que claro que, en el Nuevo Orden Mundial establecido pos caída del
muro de Berlín, el capitalismo está más globalizado que nunca, y
no hay país que pueda sustraerse de la lógica que ordena el mercado
mundial. A diferencia de otras pandemias, que por motivos de
circulación de personas eran más lentas o restringidas, el
coronavirus llega de un modo u otro a todas las poblaciones. Efecto
del mundo global y la interconecxión actual, es la catástrofe
humanitaria, sanitaria y económica más veloz de toda la historia de
la humanidad.
Si
bien inicialmente EE.UU, el Reino Unido y otros países europeos
(también Bolsonaro sumó a Brasil en nuestro continente)
privilegiaron la economía en desmedro de la salud pública, no fue
motivo suficiente para detener la parálisis de económica.
En
siete semanas, desde el primer contagio, EE.UU perdió –según
cifras oficiales-- 36 millones de puestos de trabajo (a un promedio
de 5.500.000 trabajadores desocupados por semana). La caída del
consumo y la parálisis económica empujó a las refinerías a
acumular reservas de crudo ante la caída del precio del barril (tras
la disputa entre Arabia Saudí y Rusia, a fines de marzo, que ubicó
al barril en 30 dolares por unidad). Por exceso de stock acumulado y
sin tener compradores (en el ya histórico 20 de abril de 2020) el
barril se desplomó un 305% y cotizó al final del día 37 veces por
debajo de cero. En las semanas siguientes recuperó cierto valor,
entre 15 y 25 dolares el barril.
***
Ante
la negligencia o ignorancia asociada a la soberbia de ciertos
gobernantes, los países que más padecieron y aún padecen los
contagios cuentan por decenas de miles a los fallecidos: no pudieron
evitar el colapso del sistema sanitario y las escenas de fosas
comunes o camiones frigoríficos en las puertas de los hospitales
para resguardar los cuerpos (ya que los servicios fúnebres también
colapsaron), resultan dantescas, mientras sus economías continúan
estrellándose cada día.
Valga
este breve repaso para dimensionar dos elementos fundamentales del
actual momento político: por un lado, la velocidad de propagación
del virus –del que aún se sabe poco--, a partir del cual podemos
dimensionar el impacto catastrófico que sobre el sistema sanitario
puede tener si no se toman medidas extremas de “aislamiento social
preventivo”; por otro lado, la profundidad de la contracción
económica a nivel global, con sus consecuentes impactos en las
economías “nacionales”.
¿Y
en nuestro Sur?
Resulta
casi imposible, hoy, realizar una aproximación a qué tipo de mundo
arribaremos en el periodo post-pandemia. Pero independientemente del
modo en que cada país encare las formas de sobrellevar las
consecuencias sanitarias, humanas y económicas del gran
Acontecimiento, Nuestro Sur parece estar en mejores condiciones
políticas para enfrentar la misma emergencia, aún sin contar con
las mejores condiciones objetivas con las que cuenta el Norte
Opulento.
El
continente no se encuentra en el mejor de los momentos políticos,
sobre todo si tenemos en cuenta que por la pandemia se detuvo el
proceso ascendente de luchas populares en Chile y que, muy por el
contrario, no se detuvo el también proceso ascendente pero de
hostigamiento contra la Venezuela Bolivariana, apenas meses después
de que Evo Morales fuera desalojado del gobierno en el hermano Estado
Plurinacional de Bolivia por un Golpe de Estado orquestado desde el
Norte.
Así
y todo, existen en Latinoamérica, entendemos, resquicios de un poder
popular capaz de articular políticas ante los tan deslegitimados
modos de abordar la crisis en los países centrales, y una memoria
del corto plazo en donde se ejercieron poderosas resistencias al
neoliberalismo, y se ensayaron durante más de una década formas de
gestión estatal que buscaron correrse, al menos un poco, de los
dictados imperiales para su patio trasero.
Cabe
recordar que Brasil y Argentina encabezaron los países del
continente con mayores índices de rechazo a las políticas
imperiales cuando, en noviembre de 2003, se realizaron las votaciones
impulsadas por la “Campaña Continental Contra el ALCA, la Deuda
Externa y la Militarización”, los tres ejes centrales sobre los
que se asentó la dominación neoliberal. Dos meses antes, ambos
países ya habían oficiado como voceros Latinoamericanos en Cancún,
cuando Estados Unidos y Europa reclamaban un comercio unidireccional.
De allí en más, es innegable el cambio en materia de política
internacional por parte de los países de la región en lo que hemos
denominado el “ciclo de gobiernos populares y progresistas”. La
reconfiguración del Mercosur y la negociación en bloque tanto en el
ALCA como en la OMC dieron cuenta de una voluntad de expresar otro
modo de enfrentar el vínculo desde estas latitudes con el poder
imperial. La Cumbre de Mar del Plata, en diciembre de 2005, entierran
definitivamente las aspiraciones norteamericanas de implementar el
ALCA y dan paso a un proceso en el cual Venezuela Bolivariana
comienza a ganar terreno y lanzar una serie de iniciativas en las
búsqueda por hacer efectivo un suelo mínimo de unidad regional.
Hoy
el panomarama es mucho más desalentador en términos de capacidad de
actuar en bloque, y tras el Golpe en Bolivia y con Brasil gobernada
por la derecha, Venezuela se encuentra mucho más aislada y Argentina
mucho más limitada. Así y todo, y si bien la situación también es
muy diferente a la de 2005, el gobierno de Alberto Fernández viene
dando señales respecto de cómo nuestro país pretende enfrentar el
tratamiento de la deuda externa.
Independencia
económica/soberanía política
El
16 de abril pasado el gobierno argentino presentó su oferta de
reestructuración de deuda con los bonistas privados: quita de USD
41.500 millones y tres años de gracia.
La
propuesta para la reestructuración de deuda implica una “mayor
reducción de intereses que de capital” y, en ese sentido –precisó
el gobierno-- se trata de una “reducción de capital de US$ 3.600
millones de dólares, y una reducción del pago de intereses de US$
37.900 millones, que equivale a una quita de intereses del 62%”.
Según
el decreto 250/20, que dio luz verde al canje, la deuda privada bajo
legislación extranjera a reestructurar sería de poco mas de 62 mil
millones de dólares. “Del otro lado, piden más ajuste fiscal, más
rápido y en más cantidad. Eso destruiría las oportunidades de
millones de personas en la Argentina y es algo que no vamos a
permitir”, definió el ministro de Economía Martín Guzmán.
Inicialmente, los bonistas privados rechazaron la oferta y se inició
el clásico tira y afloje. Al día de hoy (22 de mayo) es casi seguro
de que el plazo de negociación de la deuda sea extendido.
La
resolución de la deuda externa en términos favorables para la
Argentina resulta crucial respecto de las posibilidades de sortear de
la mejor manera posible no sólo esta coyuntura crítica, sino
también los próximos tres años y medio. El periodo de gracia que
contempla ese período no solo refiere al no pago a los acreedores
privados, sino también al FMI, tal como fuera señalado por Alberto
Fernández, tanto durante la campaña electoral como una vez asumida
la presidencia de la nación. Es el tiempo que el país necesita para
recomponer el aparato productivo, severamente dañado tras los cuatro
años de gestión macrista, y la emergencia de la pandemia que
paralizó aún más la economía durante las últimas semanas. Entre
las consecuencias virtuosas esperables pueden enumerarse:
1)
La recuperación de trabajo.
2)
Una mayor recaudación impositiva y acumulación de Reservas en
dólares.
3)
Recomposición de la pequeña y mediana empresa.
4)
Aumento del consumo interno y mejora de la situación de los sectores
más castigados por la crisis, así como de los sectores asalariados,
jubilados y pensionados.
Por
todo esto la
cuestión de la deuda resulta fundamental en esta coyuntura, en tanto
que la historia Argentina ha ratificado en más de una oportunidad
aquél lema que sostiene que no hay soberanía política sin
independencia económica.
No
hay Justicia social posible sin afectar otros intereses
En
medio de la crisis que el país atraviesa, en el contexto de la
pandemia que azota al mundo, una propuesta de “Impuesto a la
riqueza personal” –ni siquiera a las empresas-- ha comenzado a
circular en las filas del oficialismo, y los sectores de poder han
puesto el grito en el cielo. Con la iniciativa se pretende recaudar
3.000 millones de dólares, aportados por alrededor de 12 mil
contribuyentes.
Hace
más de ocho semanas que empezó la cuarentena, cinco que se comenzó
a discutir el Impuesto a la riqueza y tres que la Corte avaló las
sesiones virtuales del Congreso, ya que el Ejecutivo no puede crear
impuestos. Pasado ya más de un mes desde que Alberto Fernández se
reuniera con los diputados del Frente de Todos Carlos Heller y Máximo
Kirchner (puntales de la propuesta), esta semana los tres volvieron a
juntarse, y el presidente ratificó con mayor firmeza el impulso
inicial, tras casi un mes de impasse.
Si
bien la medida no modificaría en nada la situación estructural del
país, viene siendo fuertemente resistida por los sectores de poder,
históricamente reacios a cualquier tipo de reformas en favor de
mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Esta medida
–que podríamos caracterizar como “de mínima”-- podría
contribuir a destrabar cierto atolladero en el que el país se
encuentra actualmente.
Y
así como podemos tener cierta cautela frente a los planteos que
desbordan optimismo respecto de la posible crisis del capitalismo en
medio de esta pandemia mundial, también cabe llamar la atención
sobre la hendija que toda crisis abre.
El
desafío está abierto: sobre todo respecto de la creatividad
política de la que seremos (o no) capaces de ejercitar en este
contexto. Contamos, además, con unas “reservas de dignidad”
presentes en la historia corta, mediana y de largo plazo de nuestro
pueblo que dan cuenta de un recorrido rico en experiencias. También
existen en la actualidad organizaciones populares que han logrado
introducir agendas y militancias en la nueva configuración estatal.
Así
como en numerosos países del mundo hoy se discute cuánto aumentar
el ya existente “impuesto a la riqueza”, en la Argentina está
pendiente el debate sobre la posibilidad de implementarlo, y contar
con los fondos necesarios para abordar esta crisis con mayor justicia
social, en un contexto en donde la extensión de la cuarentena se
puede tornar asfixiante para por lo menos la mitad de la población
trabajadora del país, que hoy se encuentra ejerciendo su trabajo por
fuera de las relaciones formales de empleo asalariado.
La
amplitud política y la diversidad social del Frente de Todos que
derrotó a Cambiemos en las últimas elecciones expresa claramente
una relación de fuerzas que no es de las más favorables para
avanzar en los cambios necesarios que los sectores populares
necesitan, pero expresa asimismo una determinada capacidad de
reacción frente a un neoliberalismo abiertamente antipopular en sus
postulados e iniciativas de gestión pasada que hoy se encuentra
replegado pero también agazapado, es decir, que no ha sido
totalmente derrotado.
Esta
relación de fuerzas expresa asimismo –de manera paradojal-- una
capacidad de intervención militante de proyectos populares en el
Estado como quizás no había sucedido desde 1983 a la fecha, con una
docena de Diputados Nacionales, por lo menos, que provienen del
sindicalismo y los movimiento sociales, así como la ocupación de
espacios tanto en carteras del Estado nacional, como Seguridad y
Desarrollo social (donde incluso se creó una Secretaria de Economía
Social, y una subárea de las Empresas Recuperadas por sus
Trabajadores) como el flamante nuevo Ministerio de la Mujer (gestado
tras años de luchas feministas), además de los espacios
conquistados en las esferas provinciales y municipales, tanto
legislativas como ejecutivas.
Espacios,
todos estos, importantes dentro de la restrictiva institucionalidad
actual –es cierto-- pero que así y todo pueden implicar un momento
de avance en función de cambiar las relaciones de fuerza para
avanzar en cambios más profundos, siempre y cuando sean espacios que
cuenten con los presupuestos necesarios para que sus postulados no
queden en buenas intensiones.
De
allí la importancia de avanzar con el Impuesto a la riqueza, para
que propuestas como las de la Unión de Trabajadores de la Economía
Popular (la UTEP, el nuevo sindicato del precariado que agrupa a una
enorme diversidad de organizaciones del sector), puedan ser viables.
Entre otras cuestiones, la UTEP ha planteado la necesidad de avanzar
en la creación de mil fábricas, un millón de viviendas, y un
millón de chacras, como respuesta urgente y complementaria al
establecimiento de un “Salario Mínimo Complementario Universal”,
para todo trabajador y trabajadora de la economía popular que quede
registrado en una nueva base de datos del Estado a partir de la cual
se puedan tomar medidas políticas que permitan salir de la crisis
actual con una perspectiva popular.
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