lunes, 30 de noviembre de 2015

Córdoba: Barrio Nueva Esperanza

Abogados presentaron una denuncia penal
y solicitaron un Habeas Corpus colectivo preventivo


Por Mariano Pacheco
(@PachecoenMarcha,
diario El Argentino)

Los vecinos del barrio Nueva Esperanza que fueron reprimidos el sábado a al madrugada, presentaron hoy una denuncia penal en los tribunales provinciales. También solicitaron que se haga lugar a un Habeas Corpus colectivo preventivo en beneficio de los socios de la cooperativa que integran.
  


Encabezados por el abogado referente en derechos humanos, Claudio Orosz, y algunos de sus colegas que integran la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, los vecinos del barrio Nueva Esperanza que fueron reprimidos el sábado por la madrugada, presentaron hoy por la mañana dos escritos judiciales en el edificio de Tribunales II. El caso recayó en la Fiscalía de Instrucción del distrito I Turno 3, a cargo del fiscal José Mana.
En diálogo con el Portal de Noticias Cba24n, Lucas Bruno -abogado de “la Campaña…”- aseguró que denunciaron penalmente a los participantes de los hechos del sábado por “represión y abuso policial”. También se presentó un Habeas Corpus colectivo preventivo en beneficio de los socios de la Cooperativa Nueva Esperanza. Este recurso persigue la finalidad de que se ordene el cese de las actuaciones arbitrarias de la Policía de Córdoba en sus procedimientos.
Claudio Orosz, por su parte, aseguró que “ninguna persona, esté en la situación en la que esté, sea en estos terrenos fiscales, e incluso si fueran terrenos privados, puede ser amenazada y desalojada por el acometimiento físico produciendo lesiones, disparos y quemas, sin una orden judicial”. Orosz también apuntó contra el “sistema de control social” que busca “estigmatizar, criminalizar y controlar a los sectores más pobres de la sociedad”.

Mano negra
Organizados desde 2013 en la cooperativa, los pobladores del asentamiento situado en la zona noreste de la ciudad están ubicados en un predio contiguo al Country San Isidro y colindante además con un complejo de torres de la empresa constructora GAMA. De allí que los vecinos vinculen la agresión del fin de semana con los intereses de los desarrollistas urbanos. Con estos antecedentes, los vecinos apuntan que el sorpresivo y violento desalojo del viernes por la noche responde a un negociado entre comisarios zonales y la empresa desarrollista GAMA. Según declaró a la prensa Ariel Murúa, uno de los referentes de los vecinos, hay algo oscuro en todo l que ha pasado. “Por boca de los policías, los comisarios están recibiendo un dinero, un arreglo con GAMA”, aseveró.
Los vecinos no cuentan con servicios básicos como agua y luz regular o recolección de basura, reivindicaciones que han solicitado a la Municipalidad de Córdoba en reiteradas oportunidades, hasta el momento sin respuestas. Desde hace cuatro años, unas 400 familias permanecen allí, y no es la primera vez que denuncian haber padecido agresiones y aprietes, tanto de los empresarios como de la policía. Otro aspecto que resultó llamativo para los pobladores, es que la represión se haya producido junto cuando se encontraban en medio de un diálogo con el gobierno provincial, en la búsqueda por llegar a un acuerdo para comprar las tierras. Incluso en dos semanas tenían programada una nueva reunión con las autoridades.
Hoy por la tarde los vecinos realizarán una asamblea en el lugar, para definir los pasos a seguir.


Contrapunto entre los jefes policiales
y los abogados de derechos humanos


“Estamos siguiendo orden de la fiscalía, es sobre un terreno al lado del asentamiento, donde tenemos orden judicial de no innovar, desde fines de diciembre de 2013”. Con estas palabras, el comisario mayor Jorge Gómez desató la polémica. Anoche, el funcionario policial aseguró ante Canal 10 que desde el 30 de octubre hay un servicio prevencional en el lugar, ordenado por la Justicia para no dejar ingresar ni salir a nadie, tal como lo habilita la orden de no innovar. También señaló que el pasado 7 de noviembre, el fiscal Aragón llegó hasta el lugar y ordenó desalojar a 50 personas que habrían querido ocupar parte de este terreno. “La Policía no hizo ningún tipo de disparos”, aseveró Gómez, contradiciendo el testimonio de las víctimas del episodio represivo, minimizando la represión policial denunciada por los vecinos, movimientos sociales, agrupaciones políticas y organismos de derechos humanos. “Lo único que se le pidió a la gente es que dejaran el lugar”, remató el comisario.
Tras dichas afirmaciones, Claudio Orosz reiteró que no les consta que haya existido una orden judicial. El abogado aseguró en declaraciones radiales que, de todos modos, aun existiendo una denuncia penal por usurpación, los desalojos sólo se pueden producir si el fiscal decide hacer cesar los efectos del delito, para lo cual debe pedirle a un juez de control que libre una orden judicial. “Se trata que las personas acepten la orden judicial; y el uso de la fuerza, como en toda democracia y en todo país racional, es lo último que se usa. Pero acá, ni siquiera existe una orden de un juez de control, ni pedido de un fiscal, ni orden de desalojo”, insistió el letrado. “Salvo en casos gravísimos”, remarcó Orosz, no pueden realizarse desalojos por la noche. “Estamos ante un procedimiento que la Policía decidió hacer por sí, sin orden de un juez y sin el pedido de una fiscalía. Esto se llama normalmente: un abuso policial”, concluyó Orosz. 



lunes, 23 de noviembre de 2015

CARTA ABIERTA AL DIARIO LA NACIÓN

Los 70, los 90, la larga década y lo que viene:
A propósito de la editorial del diario y el derecho generacional a tener una tesis 


Por Mariano Pacheco, periodista y ensayista
 (@PachecoenMarcha)





Más allá de haber tenido o no el gusto de conocerlo personalmente, somos muchos los que hemos visto, o escuchado relatar una imagen que ha sido inspiración en nuestra formación político-intelectual: David Viñas, sentado en el Bar La Paz de la calle Corrientes, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, leyendo y marcando con lapiceras de colores las páginas del diario La nación. “Hay que estar muy atentos a lo que escribe el enemigo”, decía el polémico narrador, dramaturgo y crítico literario argentino.
Antes, mucho antes de 2001, muchos jóvenes ingresamos a la política de la mano de la lectura de sus libros, de las notas del diario La Nación, pero también, de los escraches de la naciente agrupación H.I.J.O.S, de las puebladas y piquetes en Cutral Có, Plaza Hiuncul, Mosconi y otros tantos puntos de la geografía nacional. Reinaba entonces el justicialismo del revés (ni socialmente justo, ni económicamente libre, ni políticamente soberano) y los afanes de reconciliación no tenían nada que envidiarle a la radical “Teoría de los dos demonios”. Teníamos problemas en los colegios donde estudiábamos a la hora de organizar los Centros de Estudiantes; teníamos problemas muchas veces con nuestras familias a la hora de reivindicar el proyecto político de la militancia revolucionaria (incluidas sus organizaciones armadas) y teníamos también problemas con nosotros mismos, a la hora de sortear cierta carga que implicaba una especie de culpa por ser una generación “que estaba en otra”. Es que también esos mismos militantes que habían quedado con vida tras el terrorismo de Estado, muchas veces, no nos entendían, se les escapaba que nuestros deseos y resistencias también pasaban por el rock (en sentido amplio, es decir, por el rock and roll barrial, el heavy metal, el punk-rock…): los recitales, el pogo, los fancines, las ferias, las cervezas y el faso en una esquina, en una plaza, el juntarse en los videos de una ciudad del conurbano…
La lucha de los 70, la resistencia a la dictadura funcionaron como inspiración para las batallas de la resistencia antineoliberal en los 90, y a las viejas jergas, simbologías e identidades se le fueron sumando, y a veces superponiendo, otras nuevas. El 2001 nos encontró como generación en las calles, impugnando las políticas del Estado de malestar, pero también, ensayando a fuerza de preguntas una nueva manera de hacer política, más ligada a los movimientos sociales que a los partidos y los sindicatos, con los ojos más situados en las tramas colectivas que en los liderazgos unipersonales, más centrada en la multiplicidad de identidades plebeyas que emergían al calor de la lucha de calles que al peronismo que había llevado al país a la bancarrota, aunque las figuras de Evita, Cooke y la Tendencia Revolucionaria siempre estuvieron ahí, recordando que detrás de nosotros había una larga historia de luchas, que también incluía al peronismo, y otras expresiones de las izquierdas contestatarias. Allí marchaban de la mano la bandera argentina y la rojinegra, la estrella de cinco puntas y la federal…
La larga década avanzó con una serie de reivindicaciones ligadas a los históricos reclamos de los organizamos de derechos humanos, entre los que sin lugar a dudas se encuentran los juicios a los genocidas. Una catarata de libros, revistas y películas revisitaron los años setenta y los problematizaron, aunque tal vez la idea de “juventud militante” opacó un poco el necesario debate en torno a los proyectos políticos de esas militancias, sus límites y potencialidades, sus errores… Tal vez la gran polémica que se desató tras la publicación de la carta de Oscar del Barco, en la revista cordobesa La Intemperie, haya sido uno de los últimos momentos fructíferos al respecto. Y esto, claro está, fue al inicio y no al final de esta larga década, en la que se violó en reiteradas oportunidades los derechos humanos de la actualidad, en todas las provincias del país. Situación ante la cual, las “almas bellas progresistas” miraron, en muchas oportunidades, para un costado. Eso no quita lo cortés de saber distinguir, y afirmar que en ese amplio conglomerado denominado kirchnerismo, se encontraron muchos de nuestros enemigos, pero también, que estuvo poblado de muchísimos compañeros y compañeras de ruta.
El fin de gestiones kirchneristas (¡tres! Algo inédito en la historia argentina), el cierre de un ciclo político no parece fecharse, de todos modos, en el resultado electoral del ballotage del pasado domingo, sino que se viene gestando desde abajo, en una serie de políticas moleculares que tuvieron su llamado de atención en el 8-N (de 2012), en los “linchamientos” de los últimos tiempos, y también, en los límites con los que se toparon las lógicas de “inclusión para el consumo”. Esas que llevaron a la “vida mula” (para utilizar un concepto del Colectivo Juguetes Perdidos) y que tal vez no se expresaron tanto en el voto a Daniel Scioli sino a Mauricio Macri, pero esto ya nos llevaría a otros temas de discusión. Solo recordar que toda política es a la vez micropolítica y micropolítica. ¡Así que a no sorprenderse tanto de los resultados eleccionarios!
Lo cierto es que lo que se viene no puede sino pensarse desde el lugar opuesto al que intentó instalar el diario La nación, con la publicación de su editorial del día de hoy (http://www.lanacion.com.ar/1847930-no-mas-venganza). 
Las políticas de violaciones a los derechos humanos de la actualidad no se combaten con impunidad respecto del pasado y la posibilidad de abrir una nueva perspectiva de transformación (de “cambio”) en la Argentina no se hará con un “borrón y cuenta nueva”, por más de que sea cierto de que a veces, cierto “afán memorialístico” nos obture la posibilidad de gestar rupturas actuales con el orden social existente. Revisitar críticamente los 70, tomar de esos años imágenes que sirvan de inspiración, de legado y no que se conviertan en una pesada carga de la tradición (aun de la revolucionaria), es parte de los desafíos. En épocas de “consensualismo democrático” no está mal rescatar aquella idea de que siempre, y en todos lados, hay enemigos. Y quienes sostienen los postulados ideológicos del diario de los Mitre lo son, como también los son los “Ceferino Reato” y todos aquellos, todas aquellas que responden a-críticamente a las líneas editoriales de estas empresas periodísticas. Por supuesto: donde hay poder, hay resistencias. A veces, organizadas colectivamente, como en Córdoba sucede con quienes integramos el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CISPREN), o el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) u otros espacios que existen en el país. Otras veces, más singularmente, estas resistencias se expresan a nivel individual o de pequeños grupos. Por eso no podemos dejar de mencionar la actitud, lúcida y veloz, que tuvieron los colegas Hugo Alconada Mon, Mariana Verón, Pablo Lissoto y Laura Rocha, del diario La nación, quienes se “despegaron” de la posición expresada en ese editorial.
Lo que (parece) se viene en la Argentina, requerirá de nosotros (quienes trabajamos en medios de comunicación), una actitud que no se refugie en el miedo a perder el trabajo una excusa para decir o escribir postulados con los que no estamos de acuerdo, y denunciar maniobras del “periodismo canalla” –como ésta de La Nación- cuando sea necesario. Algo, por otra parte, que tampoco será nuevo, puesto que más allá de nuestras adscripciones políticas, tampoco venimos de la panacea de la libertad de expresión, ya que en medio de las batallas por ampliar y garantizar una pluralidad de voces, lo uno devino dos, y hemos pasado de cierto monólogo a cierta charla (en el mejor de los casos polémica), entre dos y no muchas voces. El sostenimiento y proliferación de medios de comunicación alternativos, populares y comunitarios sigue siendo uno de los faros que permiten aferrarnos a un modo de hacer periodismo que se torna cada día más indispensable, junto con la disputa al interior de las empresas periodísticas hegemónicas. Que “berretines” como el del diario La nación del día de hoy nos ayuden a problematizar la época, y no solo a enojarnos o putear, sino a seguir combatiendo por abrir otros modos de entender el mundo, y accionar por transformarlo.


Ciudad de Córdoba, lunes 23 de noviembre de 2015

martes, 17 de noviembre de 2015

La Municipalidad de Córdoba dio marcha atrás con censurar la 9° Marcha de la Gorra

La movilización finalizará en la Plaza San Martín


Mariano Pacheco (@PachecoenMarcha),
diario El Argentino, edición Córdoba


El lunes, la Municipalidad de Córdoba informó que no emitiría el permiso para que la 9° Marcha de la Gorra, que se realizará esta tarde, finalice su recorrido en la Plaza San Martín, donde el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos tenía planificado terminar el recorrido de la movilización, leer un documento e iniciar un festival para los miles de pibes y de pibas que cada noviembre, desde hace casi una década, reclaman la derogación del Código de Faltas provincial. Anoticiados de la novedad, los organizadores de la protesta hicieron público su posicionamiento: que llaman a las autoridades de la gestión encabezada por el radical Ramón Mestre a que reviera su decisión, y aclararon que hacía dos meses había presentado la nota solicitando, además de la aprobación del la plaza como lugar de finalización del recorrido, que la Municipalidad aporte una ambulancia que esté presente en el lugar, y baños químicos. También denunciaron “discriminación” por parte del poder político local, y reafirmaron su decisión de no cambiar el recorrido de la marcha.
Ayer martes, el secretario de Gobierno del Palacio 6 de Julio, Javier Bee Sellares, aseguró que fue un “malentendido” burocrático lo que había sucedido con las organizaciones sociales y aclaró que la plaza está disposición para el cierre de la marcha, con emergencia médica y baños químicos incluido. “La Municipalidad no tiene inconvenientes de que se realice. Pondremos lo que sea necesario para que sea en paz. A veces hay problemas con el mobiliario urbano y llamamos a los chicos a la reflexión”, remató el funcionario en diálogo con el Portal de Noticias Cba24n.



Protesta de cooperativas de trabajo del Encuentro de Organizaciones

Vecinos de distintos barrios de la ciudad
Cortaron ayer la avenida Juan B. Justo


Mariano Pacheco (@PachecoenMarcha),
diario El Argentino, edición Córdoba


Enrolados en el Encuentro de Organizaciones, vecinos de distintos barrios de Córdoba se movilizaron esta mañana en la ciudad para reclamar a los funcionarios de la Agencia de Empleo provincial un compromiso para que sostengan la continuidad de los programas de fortalecimiento de cooperativas de trabajo y espacios de comercialización comunitarios, donde –según expresaron los protagonistas de la protesta- hoy desarrollan sus actividades laborales “cientos de trabajadores de Córdoba”.
Primero cortaron media calzaba de la avenida Juan B Justo. Luego, toda la calle. La tensión se respiró en el ambiente cuando la policía amenazó con sacarlos por la fuerza si no cedían en sus posiciones. En diálogo con este cronista, uno de los voceros de los vecinos aseguró que la primera respuesta que brindaron los funcionarios del área fue “vergonzosa”. El argumento: “que los presupuestos están cerrados y que no tienen nada para hacer hasta la próxima gestión”. En un comunicado de prensa, el Encuentro de Organizaciones se refirió a la situación en se vive en la provincia (que tiene los índices más altos de desempleo del país) y aseguraron que forman parte de ese “número en rojo”, esa cifra que anuncia “cuántos estamos por fuera de un sistema que sigue su marcha, muy a pesar de nosotras”. Las mujeres que sostuvieron la medida de fuerza –la mayoría de quienes se movilizaron-, son a su vez las que cada día sostienen proyectos colectivos en los barrios,  como copas de leche y comedores, talleres recreativos y culturales, espacios educativos y de salud comunitaria. “Nadie nos regala nada. Todo lo que logramos fue poniendo el hombro, a pulmón y con una espalda colectiva: construimos nuestras propias fuentes de ingresos, nos capacitamos, conseguimos con mucho esfuerzo los medios de producción, nos organizamos, ponemos en marcha cooperativas textiles, de producción de alimentos, como pollos, panificación, y dulces, de serigrafía, entre otras iniciativas”, afirmaron.
Finalmente, los manifestantes se retiraron del lugar con la promesa de conversar nuevamente en un encuentro  que tendrá lugar el jueves de la próxima semana. “En esa reunión estaría garantizado el dialogo con la próxima gestión”, agregó el vocero, quien aclaró que a esa reunión asistirá un grupo de delegadas de las cooperativas de trabajo”.




lunes, 16 de noviembre de 2015

LA MARCHA DE LA GORRA: DENUNCIAN “CENSURA” DE RAMÓN MESTRE//Y ÚLTIMO TRAMO DE "LA GORRA LITERARIA"

EL EJECUTIVO MUNICIPAL NO AUTORIZÓ QUE LA PROTESTA FINALICE EN PLAZA SAN MARTÍN

La Municipalidad de Córdoba negó la autorización para que la 9° Marcha de la Gorra termine en la Plaza san Martín. También los baños públicos y el servicio de ambulancia solicitado hace dos meses por el Colectivo de Jóvenes, quienes anunciaron que terminarán allí la protesta.

Por Mariano Pacheco (@PachecoenMarcha)
  


Con la consiga “En tu Estado Policial te marchamos de frente mar”, se realizará este miércoles la 9° Marcha de la Gorra. La movilización partirá a las 17 desde Colón y Cañada, y concluirá en la Plaza San Martín, con la lectura de un documento y un festival de bandas de música, tal como estaba previsto, informaron desde el espacio organizador de la protesta. La aclaración viene a cuento a propósito de la negativa del gobierno de la ciudad a emitir la autorización para que la movilización finalice allí, y también, de la negativa de la gestión de Ramón Mestre para facilitar los baños públicos ni el servicio de ambulancia que desde el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos solicitaron hace ya dos meses, según hicieron saber ayer a través de un comunicado de prensa.
Que la Plaza San Martín es el lugar que históricamente hemos ocupado y simboliza el centro de la Ciudad, de la que se ven impedidos de ingresar, durante todo el año, jóvenes de todos los barrios populares, desde el Colectivo de Jóvenes denunciaron “censura” por parte del ejecutivo municipal, y resolvieron sostener dicho lugar como punto de finalización de la marcha y llamaron a la gestión que encabeza Ramón Mestre a que recapacite y termine por ceder al reclamo.
Finalmente, por la reprogramación de la movilización (que estaba prevista para el viernes 20 de noviembre), algunas de las actividades culturales previas se realizarán los días jueves y viernes, es decir, luego de la protesta.

Ganar las calles
Desde el Colectivo de Jóvenes sostuvieron que quieren que este miércoles “todas y todos estén en la calle”, y que los convocan “los linchamientos, las razzias, la muerte de los pibes, las desapariciones, el accionar corrupto de la policía y la Justicia”. También que son “pibes, trabajadoras sexuales, carreros, artesanos, estudiantes, laburantes, músicos, madres, padres”, en fin, que son muchos de los que sienten e imaginan un futuro lejos del “Estado Policial que rige la provincia”. Por último, remarcaron el “cansancio” que sienten de que se les prohíba “llegar al centro”, de que “los discriminen” y que el gobernador de José Manuel de la Sota criminalice su reclamo de derogar el Código de Faltas.
   


EL COLECTIVO JUGUETES PERDIDOS VISITA LA CIUDAD: SE PRESENTA EN CÓRDOBA EL LIBRO
“¿QUIÉN LLEVA LA GORRA?”


En el marco del evento cultural “La Gorra Literaria”, se presenta este jueves el libro “¿Quién lleva la gorra? Violencia. Nuevos barrios. Pibes silvestres”, publicado por Tinta limón en 2014, y recientemente reeditado por la misma editorial. La actividad, organizada por la Secretaría del Cultura del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) de Córdoba, se realizará desde las 18.30 horas en Obispo Trejo 365. Junto a los autores de la publicación (Leandro Barttolota, Ignacio Gago y Gonzalo Sarrais Alier), participarán de la charla-debate el abogado y ensayista Esteban Rodríguez Alzueta y el periodista Mariano Pacheco.

Pibes silvestres
En “¿Quién lleva la gorra? Violencia. Nuevos barrios. Pibes silvestres”, los integrantes del Colectivo Juguetes Perdidos se propusieron salirse de las imágenes ya instituidas de los barrios para tratar de hacer legible aquello que pasa con los “pibes silvestres” (las pibas y los pibes que son la “vegetación salvaje” de la “década ganada”, aquellos que crecieron solos, en los márgenes del discurso de la “juventud militante” y el “retorno de la política”, los que conviven con los narcos, con los policías bravos, con los vecinos “engorrados” y la moral del los agentes del Estado, las Universidades y el periodismo que construyen muchas veces discursos estereotipados ante su realidad. El Colectivo Juguetes Perdidos parten de lo que denominan una “desorientación voluntaria”, que tome a los pibes como aliados para pensar junto a ellos las nuevas dinámicas urbanas que, muchas veces, los construye como “personal disponible”, sea para los negocios ilegales donde están involucradas las “fuerzas de seguridad”, los negocios “mafiosos” de los narcos y los negocios que tienen sus imágenes como mercancía (sea la de la “piba-linda-que-puede-ser-modelo” como la del “pibe-malo-que-inspira-miedo”). Una innovadora perspectiva de reflexión, escritura e intervención en los convulsionados tiempos violentos que la época propone.

“Juguetes Perdidos”
El colectivo se define como “un grupo de pibes”, del Conurbano y Capital, que se “chocaron en los pasillos de la carrera de sociología” de la Universidad de Buenos Aires y tras ese encuentro se produjo entre ellos “amistad y rejunte”, que implicó compartir charlas políticas y textos, pero también cervezas, plazas, pizzas y asados, fútbol, angustias, risas y catarsis, mucho rocanrol y quilombos de todo tipo. De allí, dicen, emergió “la creatividad” que desde hace siete años intentan sostener con sus actividades.
En su presentación publicada en 2008, cerca de una narrativa “sucia”, típica de Roberto Arlt o del mejor Jorge Asís, los integrantes de “Juguetes Perdidos”
se sitúan lejos de las posiciones “vanguardistas”, de “adelantados”, y otras “giladas” por el estilo. Prefieren identificarse más con los recitales de rock de las bandas que levantan el plan barrial, las plazas y canchas de fútbol, los trabajos precarizados/explotados, los mencionados pasillos de alguna facultad o las barriadas de la ciudad y el conurbano.


TRAMO FINAL DE “LA GORRA LITERARIA”
EL JOVEN CÉSAR GONZÁLEZ VISITA CÓRDOBA PARA HABLAR DE SU EXPERIENCIA


Este viernes, 20 de noviembre, llega a esta ciudad, desde la localidad bonaerense de Morón, Cesar González (alias “Camilo Blajakis”), para participar del cierre de “La Gorra Literaria”, un ciclo de talleres, charlas y eventos protagonizado por escritores, periodistas, poetas y comunicadores, que se vienen realizando desde octubre, en el marco del “Alto Embrollo” que desde 2007 acompaña con actividades previas a la Marcha de la Gorra.
El viernes, desde las 18.30 horas, González presentará el trabajo artístico que viene desarrollando desde hace varios años, sea en el formato revista cultural, poesías, programas televisivos o, más recientemente, dirigiendo film. La cita es en la Casa de la Historia del Movimiento Obrero, el viejo edificio de la Central General de los Trabajadores (CGT), situado en lez Sarsfield 137. Este viernes la Casa estará cubierta por una muestra fotográfica colectiva organizada por el Colectivo Manifiesto, NINJA, MAFIA y el equipo de Cobertura Colaborativa de la Marcha de la Gorra. Cesar González decidió convertirse en poeta luego de pasar varios años encerrado en un penal. Eligió su seudónimo en honor a Camilo Cienfuegos, uno de los artífices de la revolución cubana, y a Domingo Blajaquis, el militante de la resistencia peronista muerto en el tiroteo en Avellaneda que leyó en la investigación de Rodolfo Walsh, “¿Quién mató a Rosendo?”. Militantes como Luis Mattini fueron centrales en su mutación existencial.





sábado, 14 de noviembre de 2015

La Marcha de la Gorra en revista Sudestada

Córdoba: miles de jóvenes se movilizan con sus gorras
Una marcha anual: diversa, alegre y generosa…


Texto: Mariano Pacheco
Fotografías: Santiago Rochietti



Como cada año desde hace casi una década, el cruce de Colón y Cañada será el epicentro en donde miles de personas se darán cita este miércoles 18 de noviembre, a las 17 horas, para participar una vez más de “La Marcha de la Gorra”. En su novena edición, esta movilización llevará como consigna central una frase que aún no fue definida, ya que se decide colectivamente en los encuentros previos que realizan una gran cantidad de colectivos sociales de la provincia, quienes durante semanas se reúnen para preparar aquello que muchos califican como el evento político más importante de Córdoba. “Después de la marcha del 24 de marzo”, se apresuran en aclarar algunos. Como sea, lo cierto es que son movilizaciones tan grandes como aquellas que conmemoran el inicio de la última dictadura, con la diferencia de que plantean demandas que atraviesan una realidad cotidiana actual (vinculadas con la violencia institucional como política de Estado). Demandas que podrían pensarse como “huellas”, que aún persisten en democracia, del proceso de terrorismo de Estado, que por supuesto, comenzó mucho antes de 1976.

AHORA ES NUESTRA LA CIUDAD

La Marcha de la Gorra es convocada cada año por el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y confluye tras su bandera el más amplio espectro político. Dicho con rigor, no es una única columna la que marcha, sino una multiplicidad en movimiento.
La primera edición de esta marcha se realizó en 2007, bajo la consigna “¿Por qué tu gorra sí, la mía no?”. De allí en más, cada noviembre, un amplio espectro de la población cordobesa salió a las calles para exigir la derogación del Código de Faltas y el respeto de las garantías democráticas, en una provincia en donde no suelen cumplirse con frecuencia. Un ejemplo: durante los primeros siete meses de 2014 (tras el “acuartelamiento” policial de diciembre de 2013), se registraron en Córdoba siete casos de gatillo fácil. A fines de octubre de cada año la Policía solía difundir las cifras oficiales de aprehensiones en la vía pública. Pero desde 2011 ya no lo hace. Ese año hubo 73.100 detenciones en todo el territorio provincial, es decir, un promedio de 200 diarias. Dicho de otro modo: una cada 8 minutos. En la ciudad-capital las cosas son peores: entre 2009 y 2011, hubo un aumento del 54% en las detenciones. Y en 2014 se sumaron los “operativos humillación”, detenciones masivas en donde los aprehendidos fueron encerrados en “corralitos”, exhibidos ante la mirada atenta de los “vecinos alertas”.
La segunda marcha, en 2008, se convocó bajo la consigna: “Una oreja para los chicos”. La del año siguiente fue “Los jóvenes al centro”. La cuarta: “Contra el Código de Faltas. ¿Y los Derechos que nos faltan?”. En 2011, “Nos detienen por la cultura”. Con esta la quinta marcha se dio inicio a lo que se denominó “Alto Embrollo”, una forma de “dar visibilidad a las producciones culturales que surgen desde los barrios, como los talleres de poesía o comunicación, el hip hop, los grafittis”, cuenta Lucrecia Cuello, del Colectivo de Jóvenes.
Al año siguiente el lema fue: “Tu código trata de desaparecer nuestra alegría callejera”. Para la 7° Marcha de la Gorra, en 2013, el slogan fue “Tu seguridad nos limita, nuestra Resistencia es infinita” y el año pasado: “Más vale gorras embrollando, que la Policía matando”. En el marco de esta octava marcha se realizó por primera vez “La Gorra Literaria”, un ciclo de talleres, charlas y eventos que le sumó a Alto Embrollo el aporte de escritores, periodistas, poetas y comunicadores que buscan inscribir la “batalla cultural” en el marco de la pelea más amplia que vienen librando los movimientos sociales. Este año, el evento ya comenzó en octubre y se extenderá por un mes.
Lucrecia Cuello, referente del espacio cuenta en diálogo con este cronista que si bien al principio el Colectivo de Jóvenes se reunía fundamentalmente para organizar la Marcha de la Gorra, con el paso de los años fueron asumiendo un trabajo durante todo el año. “Primero fue darnos cuenta que en el verano el nivel de actividad de las organizaciones anti-represivas disminuía, pero aumentaban las detenciones arbitrarias. Entonces comenzamos a realizar guardias en enero y febrero. Después se fue consolidando un grupo y hoy valoramos fuertemente el respeto que se nos tiene desde los distintos espacios políticos, que seguramente podrán tener muchas diferencias de criterios, pero que apuestan, o más bien debería decir, apostamos entre todos a cuidar el espacio de organización de la movilización. Es, creo, una forma de ver cómo es posible organizarnos, y salir a las calles más allá de las diferencias”, repasa la joven militante. Y remata: “Hoy en día no es sólo el problema de los pibes de la gorra, sino también de las trabajadoras sexuales, de los carreros… es un problema de todos”.

PUTAS, LUMPENES Y CIRUJAS
Si bien ningún ciudadano queda libre de sospechas ante el Código de Faltas, son sobre todo los jóvenes de los barrios populares, y trabajadoras (como las “sexuales) y trabajadores (como los “cartoneros”) quienes más se ven afectados por esta política de policialización de la ciudad.
Sergio Job, abogado de la cooperativa de Carreros La Esperanza y militante del Encuentro de Organizaciones, destaca la importancia de que la marcha se haya sostenido, y plantea que esto muestra el “carácter altamente represivo del Estado policial cordobés, y de cómo viene estructurando su poder”, ante lo cual, de todos modos, “crece un proceso de resistencia cada vez más amplio y radical en sus posiciones, porque no se va por la modificación de un código represivo y persecutorio armado en función de los intereses de los de arriba, sino por su anulación”. También hace hincapié en que la marcha expresa “las batallas contra la violación de los derechos humanos actuales”, como lo son la discriminación, la segregación territorial y el racismo institucional. “El reclamo se ha vuelto generalizado para la población con vocación democrática, y suma nuevos sectores, como los carreros y las trabajadoras sexuales”, dice finalmente.
Desde hace una década y media, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), enrolada actualmente en la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) “Autónoma”, lucha por frenar la criminalización del sector.  Si bien en la propuesta oficialista de modificación del Código de Faltas se derogaría el artículo 45 (que sanciona la figura de “prostitución escandalosa”), desde AMMAR denuncian que sigue ausente en el debate ciudadano una “verdadera discusión a la hora de reglamentar los usos del espacio público y las limitaciones de las libertades individuales”. También que el Código cuenta con otros artículos que sancionan el “nudismo” y los “tocamientos indecorosos”, que no solo siguen marcando “una línea conservadora de potestad sobre el cuerpo y sus usos”, por parte del Estado, sino que además son las herramientas a través de las cuales los agentes policiales se valen para perseguir a las trabajadoras del sector, empujadas a vivir en la clandestinidad, en medio de abusos y la violencia “propia de las prácticas policiales” avaladas por la legislación vigente.
Respecto de cómo manejarse ante alguna de estas figuras que impulsan a la policía a realizar detenciones arbitrarias, el Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF) viene realizando una serie de talleres en todos los lugares en donde se los invita. También tiene una intensa actividad de denuncia sobre “las políticas represivas del Estado”. Así lo cuentan, en conversación con este cronista, Raúl y Julieta, quienes también anuncian que en un breve lapso de tiempo tendrán “subidos” a su página de Facebbok unos “cortos” que han elaborado para difundir las “razzias” policiales y los casos de gatillo fácil que se vienen sucediendo en la provincia. Junto con estos videos, comentan los jóvenes militantes, también difundirán lo que denominan una “cartografía”, un mapa interactivo donde podrán verse con claridad sobre qué espacios geográficos (en qué poblaciones) estuvieron concentradas dichas razzias. Además de apoyar a la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, el FOCCOF, junto con la Coordinadora Antirepresiva, el Portal de Noticias Mucho Palo y el Colectivo de Jóvenes, estuvieron realizando durante el año la proyección de la película-documental “Nunca digas nunca”, donde pueden verse los casos de los “asesinados por la democracia”.
Uno de esos casos es de Nicolás Nadal. Sergio, su padre, integra la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, que se viene manifestando frente a Tribunales II una vez por mes, con el objetivo de “meter presión” para que las causas “no duerman”. Nadal caracterizó como “muy cruel” la actitud que está teniendo la Justicia respecto de estos casos. “A los pibes no los dejan vivir. La policía los maltrata. Como van a tener oportunidades en la vida si, cuando estudian, cuando trabajan, tienen problemas porque los paran por la calle, o viajando, los detienen. Hay chicos que hasta han perdido el trabajo”, agrega. “Los patrones no entienden, o no quieren entender. La policía, en vez de cuidarlos como ciudadanos, los molesta. A ellos, porque son laburantes, son pobres. A los de los country no los molestan”, remata.

EL CÓDIGO EN CUESTIÓN


Visto desde el enfoque de “derechos”, tan boga hoy en día, uno de los problemas del Código de Faltas es que limita el ejercicio de derechos que están presentes en la Constitución Nacional, como por ejemplo, el derecho a transitar libremente por la vía pública. Así que se podría entrar en un largo debate respecto de la inconstitucionalidad del mismo. Y aun partiendo del supuesto de su legalidad, ya ha quedado más que claro que funciona como una suerte de “pase libre” para la policía. Al cierre de la edición de esta nota comenzaba el juicio contra Pablo Márquez, un comisario pasado a retiro acusado de presunto “abuso de autoridad y coacción reiterada” por ordenar detenciones arbitrarias con el fin de “inflar los números” de las estadísticas de los operativos policiales. Entre 2005 y 2012 Márquez fue profesor en la escuela de Suboficiales de la Policía de la Provincia de Córdoba. Allí impartía clases sobre… “Prevención Policial y Código de Faltas”. En marzo de este año fue retirado de la fuerza, luego de que dos policías pusieron en evidencia sus maniobras y lo denunciaran. El abogado que los representa es Carlos Nayi, quien ha destacado el hecho de que dichas prácticas estuvieran legitimadas por la plana mayor de la policía (en ese entonces encabezada por el comisario general retirado Alejo Paredes). De allí que Márquez haya insistido en que la gestión policial “le soltó la mano”. Se refiere al ahora Jefe de Policía Julio César Suárez, quien fuera uno de los pioneros de esta dinámica de “inflar los números”, cuando era jefe de unos de los distritos más “calientes” de la capital provincial. Entre 2004 y 2005, Suárez promovía la competencia: medir qué Distrito detenía a más ciudadanos por día. La pareja policial que efectuaba más detenciones, era “premiada” con una foto que, por el lapso de un mes, quedaba colgada en las paredes del CAP con sus rostros sonrientes, marcando la tendencia de aquello que el periodista Waldo Cebrero denominó la “mac-donalización” de la fuerza.

MICROFASCISMOS Y POLÍTICAS DE ESTADO
Es el Estado, claro. Son los medios hegemónicos de comunicación. Las “lógicas de temor y control” de las que habla Esteban Rodríguez Alzueta. La ciudad enrejada, el mundo “domos” que aparece en las canciones de la banda de rock Besadores enjaulados. Son las macro-políticas de “los de arriba”, claro. Pero también son los microfascismos que circulan horizontalmente. Esa suerte de “fascismo molecular”, rudimentario, que organiza los valores hegemónicos de nuestra sociedad, y que pudo verse expresado en esa “voluntad de linchamiento” que recorrió ciertos rincones de nuestra patria en los últimos tiempos, y que no puede ser pensado sino en el marco de cierto imaginario colectivo, de la encarnación de un nuevo mal, de un demonio post-dictatorial, que es la expresión sincera y descarnada de una violencia poblada de prejuicios y amasada en infinidad de conductas, de comentarios y silencios cotidianos, sobre el que se monta una ideología claramente de derecha, pero también, donde anida cierta indiferencia que se expresa luego en sentido común, el más común de todos los sentidos, como dijo un marxista italiano alguna vez. Sentido común que es puesto en cuestión cada vez que una porción de la población se organiza, y lucha por cambiar la situación en la que se encuentra.

UNA MARCHA GENEROSA
La Marcha de la Gorra es una movilización generosa, donde tienen cabida, en su interior, muchas marchas. Suele haber mucho ritmo, muchos colores y alegría.  Participan de ella miles de jóvenes que integran organizaciones sociales, espacios comunitarios y culturales, bibliotecas populares, agrupaciones estudiantiles, partidos políticos, grupos de amigos o que simplemente se sienten interpelados como ciudadanos y ese día se movilizan. O más bien, que ese día pueden sentir que son ciudadanos de esa República Burguesa que, el resto del año, les niega sus más elementales derechos, ya no el de protestar, sino tan solo el de transitar libremente por la ciudad. Porque en una tarde “normal”, no podrían hacer los mismo, con excepción de verse expuestos a ser detenidos por la policía, molestados, seguramente encarcelados. Así que ese día se “desquitan”: cantan, saltan, bailan. Cada uno puede sumarle sus colores y sus cánticos, sus consignas y estilos a la movilización.
Es una marcha tan rara que contiene una amplia diversidad. Además de las banderas de las distintas fracciones políticas hay grupos de teatro que realizaban “intervenciones”, otros que hacen grafitis en las paredes que se cruzan a su paso. Suele haber murgas, batucadas y comparsas. Y cajones peruanos. Y muchas fotografías: de los fotógrafos (profesionales de los medios y amateurs), y de los cientos de muchachos y de chicas que se fotografiaban con sus celulares, como quien está en un cumpleaños, o en una fiesta. Por supuesto, no están ausentes las banderas y pancartas, con consignas y nombres, que dan cuenta del flagelo que está en el origen de la protesta: la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias e incluso, los asesinados en casos de “gatillo fácil”.
De allí que la multitud que se expresa con arte, con alegría, no por eso olvida el reclamo político que la incita. Una exigencia que se dirige a la institución policial, a la corporación judicial, al gobierno de turno (un turno que lleva ya década y media), y también, a los “buenos vecinos”, esos que con sus comentarios y prejuicios aportan cada día a estigmatizar a una importante cantidad de jóvenes y adolescentes que, con sus viseras, su vestimenta, sus bandas de música y sus modismos, intenta hacerse un lugar generacional en la sociedad. En clara sintonía con la banda de rock Los Gardelitos, ese día asumen que la ciudad les pertenece. Por eso marchar, en ese contexto, implica no solo protestar, sino rescatar un momento de amistad, de compañerismo y de camaradería, donde todos son pares.
Marchar. Cantar. Bailar. Y por qué no, darle al bombo con su más generoso rencor.




miércoles, 11 de noviembre de 2015

Trabajadoras sexuales presentaron un nuevo Hábeas Corpus Preventivo Colectivo

Estrategia jurídico-política de los movimientos sociales
Hoy en Córdoba

@PachecoenMarcha


Encabezadas por los abogados  Martín Rodríguez y  Sergio Fernando Job, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar)-Córdoba presentaron esta mañana un nuevo Hábeas Corpus Preventivo Colectivo en Tribunales II. La acción se realizó en el marco de las actividades previas a la 9° Marcha de la Gorra, que este año se llevará adelante el miércoles 18 de noviembre. Continuando con la estrategia judicial elaborada de manera conjunta por AMMAR,  la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza, el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos y el grupo de Jóvenes del barrio Los Cortaderos, las mujeres trabajadoras sexuales plantearon ayer su problemática: que se ve coartada a diario su libertad ambulatoria y que son perseguidas mientras desempeñan su trabajo. También denunciaron el Código de Faltas y el  “uso incorrecto”  que las fuerzas policiales hacen de la Ley de lucha contra la trata de personas (Ley Provincial 10.060). “Negadas como ciudadanas, como trabajadoras, como mujeres plenas que deciden salir de las sombras para decir su voz; es que la ley es y artículos en cuestión, están siendo sistemáticamente utilizados, para perseguir cualquier intento de organización independiente de las trabajadoras sexuales. Intentos por formar cooperativas de trabajo que escapen, controlen y persigan la trata y el trabajo infantil. Cooperativas conformadas por mujeres libres mayores de edad, que voluntariamente deciden (por la razón que fuere) ejercer el trabajo sexual como medio de vida para ellas y así sustentar a sus hijos e hijas”, expresaron desde AMMAR.


miércoles, 4 de noviembre de 2015

Córdoba: estrategia jurídico-política de los movimientos sociales

Se presentó hoy un segundo habeas corpus preventivo
En el marco de la 9° Marcha de la Gorra

Por @PachecoenMarcha
(diario El Argentino)




A partir de una estrategia jurídico-política diseñada de manera conjunta entre organizaciones sociales y abogados de derechos humanos, se presentó esta mañana, en tribunales II, un Habeas Corpus Preventivo Colectivo en favor del Grupo de Jóvenes del barrio Los Cortaderos. Allí murió, el 26 de julio del año pasado, Fernando “Güere” Pellico, en circunstancias en donde todo parece indicar que se trató de un caso de “gatillo fácil”, a manos de dos agentes (Lucas Chávez y Rubén Leiva, quienes se encuentran imputados por el presunto delito de homicidio agravado y calificado), que fueron señalados por distintos vecinos como proclives a ejercer un permanente abuso de autoridad e incluso, hay quien los acusan de haber asesinado antes a otro muchacho. Por eso ayer, un grupo de delegados de distintas agrupaciones se dirigieron a los tribunales para solicitar al Juzgado de Control de turno que “haga cesar inmediatamente la amenaza a la libertad y se pronuncie sobre la constitucionalidad del Código de Faltas”, según señalaron los manifestantes. Según se fundamenta en la iniciativa legal, el problema es que los jóvenes “son sistemáticamente perseguidos sin razón alguna por la Policía, violentados, maltratados y torturados tanto en la vía pública como en los lugares de detención”. Representados por los abogados Sergio Fernando Job y Martín Rodríguez, el Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF), el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, la Cooperativa de Carreros y Recicladores La Esperanza, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR-Córdoba), el Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (Cecopal), y las Asociaciones Civiles Servicio en Promoción Humana (Serviproh), La Minga y el Servicio Habitacional de Acción Social (Sehas), acompañaron a los letrados y los Jóvenes de Los Cortaderos a efectivizar esta acción, que se enmarca en una serie de actividades previas a la 9ª Marcha de la Gorra, que se realizará en la capital provincial el próximo 20 de noviembre.

La de hoy fue la segunda de una serie de cuatro presentaciones que están plateados como parte de una estrategia judicial colectiva elaborada entre las organizaciones mencionadas. Mañana se realizaría la tercera, encabezada por el Colectivo de Jóvenes, organizadores desde hace nueve años de la Marcha de la Gorra, una de las movilizaciones más multitudinarias de la provincia, en donde confluyen las más diversas expresiones políticas y sociales en post de una consigna central que los aglutina a todos, más allá de los diferentes enfoques: “Derogación del Código de Faltas”.

Córdoba: ocupación de tierras en Parque las Rosas

Vecinos denunciaron nuevo atropello policial

Por @PachecoenMarcha
(diario El Argentino)


Hoy, llegando a horas del mediodía, un agente policial ingresó dentro del predio donde unas docenas de familias sostienen desde hace casi dos meses la ocupación de unas tierras en donde pretenden edificar un nuevo barrio. El uniformado entró a los terrenos sin ningún tipo de orden judicial, según denunciaron los vecinos a través de un comunicado, en el que se describe que el integrante de la Policía de Córdoba derribó a patadas una de las precarias construcciones que habían levantado para intentar combatir las fuertes lluvias que asolaron la ciudad en estos días. “Quieren que resistamos las condiciones climáticas de manera aún más precarias que la que ya venimos teniendo”, argumentó Matías Ruffener, uno de los jóvenes que oficia como vocero del colectivo de vecinos, quien por otra parte comentó que, sin este tipo de construcciones (precarias), no pueden ni siquiera garantizar que no se les mojen sus colchones y vestimenta. “Cuando un vecino intentó pedir explicaciones, fue agredido verbalmente por el policía, siendo amenazado, no pudo hacer nada ante el actuar agresivo del mismo”, expresó Ruffener, quien agregó que la lucha por el derecho a una vivienda digna, que vienen emprendiendo, “es atacada a diario por la policía, que  trata de amedrentarnos como lo hace también con otros sectores que no se resignan a vivir condenados a la vida que les tocó”.



Córdoba: condena por femicidio

Luis Díaz fue condenado a prisión perpetua
por el femicidio de Debora Sily


Por @PachecoenMarcha
(diario El Argentino)



Luis Eduardo Díaz, de 44 años, fue condenado hoy a prisión perpetua por el femicidio perpetrado contra su concubina, Débora Alejandra Sily, de 35, que era madre de una niña de 4 años. La trabajadora sexual fue asesinada a puñaladas en octubre de 2013, en una pensión situada en la calle Entre Ríos al 100, en esta ciudad, lugar en el que ambos vivían. La Cámara Cuarta del Crimen y un jurado popular lo hallaron culpable y fue condenado por cometer un “homicidio calificado por el vínculo y violencia de género”. Según informaron fuentes judiciales, el fiscal de juicio Raúl Gualda había solicitado en los alegatos que Díaz fuese condenado a prisión perpetua bajo la carátula de “homicidio calificado por el vínculo”, mientras que la defensa solicitó la absolución por “legítima defensa”, ya que el acusado argumentó en el juicio que se había defendido cuando su mujer lo atacó con un cuchillo durante una discusión. Versión que fue cuestionada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR-Córdoba) por considerarla “machista y estigmatizante”. Desde AMMAR celebraron que se haya hecho “justicia” por el “brutal asesinato” de una de sus compañeras, a la vez que protestaron porque la voz de las testigos fue “deslegitimada” por tratarse de trabajadoras sexuales.


El costo del miedo: informe sobre seguridad elaborado por la Universidad Católica de Córdoba

Colectivo de investigación El Llano en Llamas

 Por Mariano Pacheco
(@PachecoenMarcha)
  
El Equipo de Investigación universitario “El llano en llamas” publicó esta semana un extenso informe, titulado “El costo del miedo: cifras claves respecto de los gastos en seguridad para el caso de la Provincia de Córdoba”, que El Argentino reseña, a modo introductorio, para recomendar su lectura.
  


El colectivo, integrado por docentes/investigadores y estudiantes universitarios de la provincia, surgió en el año 2004, a partir de un programa de investigación desarrollado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se dedica al estudio de conflictos sociales. En 2013, en medio de una conflictiva crisis habitacional, en la que se realizaron ocupaciones de tierras para construir viviendas en distintos puntos de la provincia, El Llano en Llamas elaboró un “Informe Preliminar, 2que llevó el título de “Criminalización de Tomas de tierras en Córdoba”. El año pasado, el equipo dirigido por María Alejandra Ciuffolini, confeccionó un nuevo informe: “La pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales en la Provincia de Córdoba”. Este año se explayaron en profundidad sobre las políticas de seguridad de la gestión delasotista, en un informe que puede leerse entero, de manera gratuita, ingresando al sitio web: http://www.llanocordoba.com.ar. A continuación, un repaso por alguno de sus puntos centrales.

LA SEGURIDAD EN DEBATE
Según analiza el colectivo de investigación, la política de seguridad desplegada en la provincia cuenta con múltiples denuncias e impugnaciones, que señalan el carácter “arbitrario y estigmatizante” de sus prácticas, así como también “el abuso policial y la corrupción que trae aparejados”. Así, el Estado provincial otorga prioridad a los recursos pertenecientes al área de Seguridad, sin que tal esfuerzo monetario se traduzca en políticas y programas efectivos para la contención de la delincuencia y la inseguridad. Para 2015, en el gasto en seguridad estipulado por el gobierno en el presupuesto anual previsto, se otorga una mayor importancia relativa a las erogaciones vinculadas al área de Seguridad que a otras como Educación y Salud.
Mientras que en “Servicios de Seguridad y Justicia” la variación presupuestaria anual del 2014 al 2015 fue del 54,5%, en “Salud” fue del 44,1% y en “Educación inicial y primaria” fue del 9,6%. A esto –insisten desde el equipo universitario- hay que sumar el “gasto privado”, donde se advierte que las familias cordobesas destinan gran parte de sus ingresos a la adquisición de bienes o servicios que actúan de manera preventiva para su protección y seguridad. “Esto evidencia la sensación o percepción de riesgo e inseguridad que se vive nuestra sociedad”, argumentan.

EL DEBATE EN CIFRAS
El presupuesto 2015 para el área de Seguridad y Justicia registró un incremento del 54,5% en relación con 2014. Se destinaron $8.044 millones, es decir, un 12,5% del gasto total de la Administración General.
Según el colectivo de la Universidad Católica, si analizamos comparativamente el gasto per cápita durante el año 2015, podemos registrar en el rubro “Educación inicial y primaria” un total de $1.311 por habitante, mientras que en “Salud” el gasto presupuestado anual por persona fue de $1.734, y en el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia”, el valor es de $2.255 per cápita. Dicho de otro modo: mientras que las erogaciones presupuestadas en el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia” implicaron un gasto de 2.255 pesos por persona para el año 2015, en “Salud”, en cambio, se observa un gasto per cápita menor, de 1.734 pesos para el corriente año, mientras que en “Educación inicial y primaria” el valor obtenido fue aún inferior, de 1.311 pesos. “Los incrementos interanuales en cada caso son aún más preocupantes que los de los montos nominales de cada rubro: mientras que las erogaciones en ´Servicios de Seguridad y Justicia´ por persona se incrementaron un 52,8% en relación al presupuesto 2014, el gasto en ´Salud´ per cápita aumentó un 42,6% y el gasto en ´Educación inicial y primaria´ un escaso 8,4%”, especifica el documento.
Las cifras que presentamos en los cuadros, a continuación, adquieren una relevancia fundamental, si se tiene en cuenta –tal como destaca El Llano en Llamas- que son “los marginados del poder político/económico quienes sufren en mayor medida el accionar del dispositivo de control y seguridad implementado a nivel provincial”. De este modo, en la Córdoba actual y tras una década y media de gestión del “delasotismo”, asistimos a un territorio “fragmentado, que excluye y ejerce violencia con mayor intensidad sobre estos sectores”.


DIVISIÓN DEL GASTO 2015 PREVISTO POR ÁREAS

--SEGURIDAD INTERIOR: 81,1% ($6.526 millones)
--“SISTEMA PENAL”: 15,6% ($1.251 millones)
--“ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD”: 2,5% (197 millones)
-- JUSTICIA”: 0,9% ($70 millones).

VARIACIÓN INTERANUAL DEL GASTO
EN SERVICIOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
(en porcentaje: 2014-2015)

-- Servicios De Seguridad y Justicia: 54,5%
-- Seguridad Interior: 55%
-- Sistema Penal: 56,5%
-- Administración De La Seguridad: 34,3%

-- Justicia: 34,5%

Vecinos denunciaron intimidaciones e intentos de desalojo de viviendas

Villa del Río (localidad de Anisacate, provincia de Córdoba)

Por @PachecoenMarcha


Vecinos del barrio villa del río, de la localidad de Anisacate, denunciaron que ayer por la mañana, un camión con dos palas mecánicas, pertenecientes a una empresa de desmalezamiento, se presentó en el lugar, queriendo irrumpir en los terrenos. Según denunciaron los pobladores, las máquinas habrían sido contratadas por la empresa IMPETRA SA, que los viene hostigando desde hace varias semanas. “Hemos recibido visitas de la policía solicitando datos de los poseedores, además de haber padecido un violento intento de desalojo de la vivienda de una vecina, a la que le destruyeron casi toda la casa (una casilla) a mazazos, y todo sin ninguna orden judicial”, comentó a este medio Laura, una de las vecinas que vive desde 2008 en el lugar. Se trató de la vivienda de Zaida Palminio, a quien un policía le dijo luego que en esa tierra no se podía construir porque esos lotes estaban en proceso judicial y la fiscalía debía expedirse. Asesorados por abogados de derechos humanos, los vecinos se amparan en sus “derechos como poseedores amparados por la constitución nacional y el nuevo Código Civil” para permanecer en el lugar, y solicitan la presencia de funcionarios en el lugar: del Intendente Ramón Salazar, pero también del secretario de gobierno Hernán Sonzini, entre otras cuestiones, para que hagan cumplir la ordenanza municipal “que prohíbe desmontar monte nativo”. Laura agregó que todos los funcionarios locales mantienen “sus teléfonos celulares apagados”. Organizados en una agrupación vecinal a la que han denominado “El Piquillin”, los vecinos de este rincón del Departamento Santa María exigen que se les regularice su situación, para que puedan acceder al derecho de pagar los impuestos municipales, y contar con acceso a los servicios de agua y luz eléctrica. Declarados en “estado de alerta”, los pobladores se mantienen realizando asambleas y evaluando la posibilidad de iniciar acciones directas si no obtienen respuestas en las próximas horas.