Terrorismo mediático+terrorismo estatal+terrorismo vecinocrático,
la santísima trinidad
Por Mariano Pacheco
(La luna con gatillo)
La operación
es doblemente clara: por un lado, reducir la experiencia activa de comunidades
mapuches a una organización caracterizada como violenta, terrorista, en medio
de un contexto signado por la aprobación de la Ley antiterrorista durante la
anterior gestión de gobierno. Por otro lado, propiciar la teoría del buen
salvaje: el resto de los mapuches (es decir, aquellos que no participan
activamente de una lucha) son mansos, propensos al diálogo y el acuerdo con las
fuerzas estatales argentinas. “La estrategia de Garavano consiste en entablar
rápidamente una negociación con los mapuches pacíficos para mejorar su calidad
de vida. Ya está en Bariloche una delegación del INAI (Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas), organismo que pertenece a la estructura del Ministerio de
Justicia. Esa mesa de diálogo es promovida también por el obispo de Bariloche,
monseñor Juan José Chaparro, quien confirmó que la mayoría de la comunidad
mapuche es pacífica. La estrategia de Garavano parece consistir en aislar a los
violentos. Pero para eso necesita avanzar en la negociación con los
mayoritarios mapuches pacíficos”, escribe Joaquín Morales Solá desde las
páginas del diario La Nación.
La
operación, entonces, consiste también en afirmar una certeza: hay que “comprar”
sin matices, (desde los medios hegemónicos de comunicación) la versión oficial
del gobierno sobre el asunto (o enlazar de un modo en que cada uno compra la
versión del otro, en realidad). Y esa versiones sumarle las voces de las
“fuerzas vivas” de la sociedad (en la Patagonia encabezadas por las Cámaras de
Comercio y la Sociedad Rural).
Así, toda
lucha queda inscripta bajo la lógica terrrorista impuesta por el terrorismo
mediático, quien agita la tribuna periodística para que la Justicia no duerma,
no relentice el proceso de avance gubernamental acompañado por una buena parte
de la sociedad. La reactualización de la teoría de los dos demonios ya se puso
en marcha hace un tiempo, pero con la cuestión mapuche se acelera, porque
además les resulta más fácil que con otros sectores afirmar que son una
“estructura armada”: están en zonas despobladas, alejadas de los centros
urbanos, se mueven a caballo, todo da para colocarlos en el lugar de
guerrilleros o bandidos rurales, lo mismo da (“Villa Mascardi: un cerro boscoso
donde anida la resistencia mapuche”, es otro título de un artículo publicado en
el diario de los Mitre). Además, se suma el componente racista y chouvinista
(son unos negros de mierda que quieren robar suelo argentino) y el hecho de
que, la Patagonia, es “el culo del mundo” (visto desde Buenos Aires).
Pero esto no
es todo: así como se reduce lo mapuche a la RAM, ahora comienza el proceso de
reducción (y “cocoliche”) de toda expresión disidente al universo simbólico
sintetizado en la frase “son los organismos de derechos humanos, la izquierda y
el kirchnerismo”.
Como telón
de fondo están los 250 casos conflictivos contabilizados por Amnistía
Internacional, dentro de los cuales hay que destacar el hecho de que, en la
última década y media, el pueblo mapuche recuperó 250 mil hectáreas que estaban
en manos de grandes terratenientes, tal como remarcó recientemente Darío Aranda
(“Qué hay detrás de la campaña antimapuche”), texto en el que afirma: “La
recuperación territorial implica mucho más que hectáreas: instala una
concepción diferente de la tierra, que interpela el concepto de propiedad
individual en busca de rentabilidad y lo suplanta por un espacio de ocupación
colectivo, ´territorio ancestral´, imprescindible para el desarrollo como
pueblo originario”.
De allí que
las 129 sentencias de desalojos suspendidas hasta el momento por la Ley 26.160
(que desde 2006 impide el desalojo de los pueblos originarios de las tierras
que habitan) preocupen en demasía a la gestión Cambiemos y la clase que expresa
en el gobierno. De allí también que consideren a la cuestión mapuche como la
punta de iceberg de un conflicto mucho más agudo, al que consideran una “bomba
de tiempo”, y que involucra a las 23 comunidades protegidas por esta ley en
Salta, más las 21 de Santiago del Estero, las 19 de Neuquén, las 17 de Jujuy,
las 13 de Tucumán, las 11 de Mendoza, las 16 repartidas entre Chubut y Río
Negro y las 7 de Formosa, donde habitan mapuches pero también Diaguitas,
Calchaquíes, Qoms, Tobas, Quechuas, Tonocotés, Guaycurús, Collas, Wichis,
Yogys, Guaraníes, Huarpes y Comechingones.
Contra ellas
se erigen con su grito espantado las fuerzas oscuras que golpean a las puertas.
Terrorismo
mediático+terrorismo estatal+terrorismo vecinocrático: la santísima trinidad.
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